Una fuerte polémica se armó ayer en el Concejo de Bogotá después que un grupo de ciudadanos puso en la curul del concejal José Juan Rodríguez, detenido en la Cárcel La Picota por su presunta responsabilidad en el delito de interés ilícito en la celebración de contratos dentro del escándalo del llamado 'Carrusel de la contratación', una cinta de obra para que los ciudadanos no pasen que decía: “peligro”.

Mientras la legislación colombiana deja entrever que si abría silla vacía en el Concejo de Bogotá, pocos minutos después que se instaló la sesión de ayer no se hicieron esperar las reacciones, principalmente de la presidenta de la corporación, María Name quien rechazó las acciones de la concejal progresista Angélica Lozano quien promovió la protesta simbólica. “Rechazo rotundamente estas manifestaciones, esto primero que todo es contra el Partido Verde ya que la curul que cada uno de los concejales donde estamos sentado no es de los concejales”, dijo Name.

Resulta que la ley indica que los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”.

Reacciones

Además que los concejales estaban divididos frente a la silla vacía en la corporación, las reacciones no se hicieron esperar.

Por ejemplo el secretario Distrital de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que a pesar de las nuevas imputaciones de cargos a concejales por carrusel de contratación, el diálogo con el cabildo no se verá truncado.

"Mi deber es seguir buscando acercamientos con los concejales, y si la fiscalía determinará quienes son culpables y quienes no. Por el momento nosotros nos guiaremos por la presunción de inocencia, hasta que no sean condenados", precisó.

Sin embargo Jaramillo afirmó "de comprobarse la culpabilidad de alguno, al reducir esta ciudad a las cenizas, deberán pagar con todo el precio de la ley. Ojalá devuelvan el dinero porque esto casi nunca pasa, y después uno los ve pagando condenas superfluas y gozando de todo el dinero que le robaron a la ciudad, y que le pertenece a los bogotanos", indicó.

El presidente de la Comisión del Plan, Javier Palacio, de La U, dijo que este era el acto más ruin que había visto en su vida; Marco Fidel Ramírez, del PIN, expresó su solidaridad con Rodríguez; y Hosman Martínez (verde) afirmó que con orgullo hablaba desde la silla de su compañero de bancada y que espera que éste pueda demostrar su inocencia.

El concejal Álvaro Argote, del Polo Democrático, apoyó a Lozano con el argumento que la corporación no le puede dar la espalda a los temas que le importan a la gente.

Después de una fuerte discusión de la posible silla vacía, la vicepresidenta Olga Victoria Rubio, del MIRA, quitó la polémica cinta que duró unos 10 minutos puesta.

La concejal Lozano, después que fuera increpada por algunos sus compañeros, dijo: “Bueno, en el Concejo ofende más la cinta amarilla que dice peligro en la curul del concejal preso, que robarse a Bogotá, es una forma simbólica de expresar el rechazo al robo a la ciudad, 2 billones de pesos se robaron en Bogotá”.

Luego que el Partido Verde expulsara a Rodríguez, preso por el carrusel de la contratación, llegaría a la curul Lucía Bastidas, actual directora de participación y democracia del Ministerio del Interior, quien aceptaría el nombramiento.

Mientras que para el caso de los dos concejales del Partido de La U, Orlando Parada y Andrés Camacho, se definiría su futuro político en la audiencia del 11 de junio cuando la Fiscalía les impute cargos por el escándalo del carrusel, específicamente por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Si La U los llegara a expulsar o suspenr, llegarían Liliana de Diago y Orlando Castañeda.

En la lista de este partido siguen por orden de elección Ximena Toro, hermana la exsenadora Dilian Francisca Toro, y Sandra Jaramillo, exalcaldesa de Teusaquillo.

La polémica por la silla vacía estará en el orden del día del Concejo de Bogotá debido a las imputaciones que hará en los próximos meses la Fiscalía.

Lo que dice la Constitución

 Dentro del artículo 107 constitucional se encuentra lo siguiente:

“Los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

“Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente”.

Cambios propuestos
  Incluir delitos que tienen que ver con el patrimonio público: Álvaro Argote (Polo Democrático)

“Es importante que el Congreso a través de un acto legislativo desarrolle una reforma constitucional que establezca la revocatoria, no sólo para el poder ejecutivo, sino también para el poder legislativo, es decir: Congreso, asambleas, concejos y juntas administradoras locales, debido a la pérdida de la confianza social en los miembros de estas corporaciones, como actualmente ocurre con el Concejo de Bogotá que prácticamente está perdiendo legitimidad. Igualmente, que el Congreso legisle sobre la silla vacía para los delitos que tienen que ver con el patrimonio público, ambas reformas contribuirían al ejercicio con transparencia de la actividad política”.

Congreso debe legislar: Jairo Cardozo (MIRA)

"Ante la sofisticada forma de corrupción que se ha presentado en la ciudad, esto es, captura y reconfiguración cooptada del Estado, es necesario que el Congreso de la República avance en la ampliación de la cobertura de la norma actual, para cobijar los delitos contra el patrimonio público y evitar que las reglas de juego y las políticas públicas se sigan cambiando para beneficios individuales y personales que van en contravía del interés rector del bienestar social”.

¿Hacia el 'Carrusel de las curules?

Por Angélica Lozano*

Especial para El Nuevo Siglo

Tras abrirse la caja de Pandora que contiene secretos de la corrupción entre empresarios, altos funcionarios de la administración Moreno y otros políticos, queda un sabor amargo. Los que saquearon Bogotá podrán ir a la cárcel, pero sus partidos políticos no responden por nada, serán premiados. Y la plata de los bogotanos... pérdida ¡2 billones de pesos!   

Muchos sienten nervios ante la posibilidad de que el concejal más poderoso de la última década, Hipólito Moreno, delate y aporte pruebas sobre cómplices del desfalco. Son varios los responsables confesando como Tapia y Gómez. Necesitamos que nuestro Estado someta en juicio a los involucrados, que no dependa sólo de los delitos que confiesan los angelitos. 

De la sofisticada estructura criminal liderada por el ex alcalde Samuel Moreno sólo se han recuperado $19.297 millones, dinero "devuelto" por los Nule y Julio Gómez. El resto de los $2 billones de nuestros impuestos está en la red de testaferros y paraísos fiscales a dónde la justicia ¿llegará?  

¿Y la política? Dos concejales, Hipólito y José Juan Rodríguez de La U y el Verde ya están en la cárcel, pero eso no afecta sus partidos. En nuestro país parece que robar al Estado paga. La legislación prevé 'la silla vacía' como máxima sanción para los partidos, es decir, la pérdida de la curul en el Congreso o Concejo -que nadie los reemplace- por 4 delitos cometidos por sus representantes, en los que extrañamente, no está robar al Estado.

Tras 45 congresistas condenados por parapolítica (no investigados, condenados) se fijaron como causales de silla vacía el narcotráfico, vínculos con grupos armados, delitos electorales y de lesa humanidad. ¡Bingo! robar al patrimonio público no sanciona al partido. Congresistas como Iván Moreno y German Olano destituidos precisamente por corrupción en este caso, votaron por excluir ésta causal de la máxima sanción. 

Los delincuentes de cuello blanco que hoy están confesando dicen que unos 20 concejales están involucrados en el carrusel de la contratación. Ojalá mientan. Los concejales investigados merecen pronta decisión de la justicia, que los inocentes así sean declarados y salgan del proceso, y que los culpables devuelvan lo robado y paguen drástica condena. 

¿Y los partidos? Frescos, viene el reemplazo y nada pasa. ¿Reemplazar 1, 3, 5, concejales que pudieran estar involucrados es lo que merece la ciudad, precisamente por saquear su presupuesto? ¿Los partidos políticos reconocen algún problema en la conformación de listas y su responsabilidad? Juan Lozano pidió perdón en nombre de la U por los delitos de Hipólito Moreno, el gesto debería acompañarse del dinero público de los bogotanos.

No podemos resignarnos al "deje así". Hacemos veeduría al proceso judicial para que no quedé en la impunidad esta costosa historia. El "Corruptómetro del Carrusel" registra los desalentadores avances: El 25 de junio cumple 3 años este proceso judicial y el balance preocupa: 7 personas condenadas de las 70 que son investigadas y la plata pública, perdida. Los partidos políticos tan campantes están ocupados armando listas para elecciones al Congreso en el 2014.

*Concejal de Bogotá