Después de cuatro horas de debate ayer en la Comisión Quinta del Senado, varios congresistas le pidieron al Gobierno decretar la caducidad del contrato con la firma Cerro Matoso S.A.

Los legisladores coincidieron en la "gran" evasión de responsabilidad del Gobierno Nacional en cuanto a la fiscalización de la vigencia del contrato de explotación en la que se estudia la posible prórroga a la concesión minera.

Uno de los denunciantes fue el senador David Barguil, quien preguntó que si el Gobierno sabía que tal contrato se vencía el próximo 30 de septiembre "¿por qué desde hace rato no empezaron una subasta pública? ¿Por qué no abrimos la puerta a otras empresas para ofrecer?"

Con tono airado indicó que este caso es un ejemplo que ilustra "la falta de control y acción del Estado colombiano para defender los recursos no renovables", por lo que negó que los congresistas citantes busquen "que el negocio se caiga".

"Nos cansamos de estas empresas, de que quiten la luz en Montelíbano para que no escuchen este debate. Señor Ministro, confiamos en que la decisión que se dé sea legítima de cara al país", añadió, refiriéndose al corte, aparentemente coincidencial, del servicio de electricidad en Montelíbano, sur de Córdoba. Allí era transmitido en directo por el Canal Institucional el debate de control político.

Y es que la controversia se centró en los tres contratos vigentes de Cerro Matoso: el 866 de 1963 y el 1727 de 1971. Estos vencen justo el 30 de septiembre.

Y la legalidad del contrato de Aporte 051 de 1996 (que agrupa los contratos de Concesión 866 y 1727) fue el foco de discusión, puesto que a través de ellos la firma Cerro Matoso explota la mina de níquel en Montelíbano (Córdoba), y del que varios apuntan a argumentar que "se hizo debajo de la mesa", como lo dijo uno de los congresistas.

"El Gobierno debió haber declarado la nulidad del Contrato 051, pues la Contraloría dijo que hay vicios de ilegalidad, pues recordemos que en 2008 se contrataron cuatro consultores, dentro de los que estaba Alejandro Ordóñez, y le dijeron al Gobierno que no podían aceptar la prórroga de dicho contrato", agregó Barguil, no sin decir antes de finalizar su intervención que llegarán hasta las últimas consecuencias en este tema.

 Luego, la senadora Maritza Martínez intervino explicando que el Gobierno es demasiado permisivo con estas empresas puesto que "estamos ante un socio que ha tratado de incluir como regalías lo de responsabilidad social y el Gobierno se lo ha permitido siempre".

Los congresistas citantes coincidieron en que el pago de 35 mil millones de pesos que Cerro Matoso realizó al Gobierno fue producto de "regalías mal liquidadas entre 2004 y 2008 porque esto fue porque la Contraloría intervino, lo cual no ha sido transparente con el país".

A su turno, el senador del Polo Jorge Enrique Robledo manifestó que el Contrato 051 ha sido disfrazado ante la opinión pública puesto que "en realidad sirve para cambiar ilegalmente los dos contratos que reúne".

También insistió en que los Contratos 866 y 1727 delimitan sectores pequeños de explotación pero son los más apetecidos, puesto que allí se encuentra todo el níquel de explotación de la compañía Cerro Matoso S.A.

A sus críticas sumó un argumento que explica que en el Contrato 051, el más controvertido, "no aparece la palabra prórroga y por qué, porque quedaría al descubierto la ilegalidad y eso no se puede hacer sin colaboración del Gobierno Nacional. Ya se ha dicho que ese Contrato 051 presenta serias irregularidades y qué se ha hecho. Estamos a mes y medio".

Robledo también resaltó que en los últimos siete años la compañía ha generado utilidades por 350 mil millones de pesos al año.

Posteriormente, le pidieron al ministro de Minas Mauricio Cárdenas que detallara los informes de Cerro Matoso "en los que conste que ha cumplido con las condiciones contractuales".

De otro lado, pidieron que sea una empresa estatal la que maneje tal explotación. El senador Robledo propuso como salida a la crisis que Ecopetrol o ISA "asuman la operación de los activos, mientras se crea una empresa estatal que se encargue de la operación de los recursos y le entregue al país las regalías, los impuestos y las utilidades producto de la explotación, que el año pasado ascendieron a 204.000 millones de pesos".

Durante el debate de control político fue un abanderado en proponer la nulidad del Contrato 051 "porque sí se puede comprobar la nulidad del mismo. Es que el Gobierno no tiene cómo controlar y la DIAN no ha sido capaz de ponerlos en cintura".

Continuó arremetiendo contra el Gobierno en cuanto a la efectividad de su gestión al decir que "hay un acto de corrupción y en esto, déjenme decirles, o son imbéciles o son corruptos, entonces qué podemos pensar".

También se refirió al comercial que desde hace varios días es emitido en varios canales, en el que muestran resultados óptimos de la gestión empresarial. "El propósito del comercial es silenciar a los medios de comunicación", dijo, comentario que fue apoyado por la presidenta de la Comisión Quinta Nohora García, quien comentó que "no hay derecho a que se empiece con un comercial de televisión, no se limitan a la verdad".

García complementó manifestando que la explotación de níquel lleva más de 30 años generando exportaciones de 900 mil toneladas, así como que Colombia es el sexto productor mundial de níquel, representando 4 por ciento de la producción total.

La congresista, una de las citantes, recontó brevemente lo que ha sido la historia de esta explotación: "En 1940 fue descubierto el yacimiento por la empresa Shell y en 1979 iniciaron los trabajos de Cerro Matoso; en 2005 pasó a propiedad de DHP Billinton y en 2011 la Contraloría hizo público el desfase en los pagos de las regalías".

También hizo un llamado al Gobierno, especialmente al Ministro de Ambiente, para que "nos garanticen las medidas de sostenibilidad de los recursos porque la minería sí ha impactado en el país. Por eso pido una reunión en dos semanas para que dialoguemos sobre el tema".

A la Comisión asistieron como citados el ministro de Minas Mauricio Cárdenas, de Ambiente Frank Peral, el director de la DIAN Ricardo Ortega y la gerente de Fonade Natalia Arias, entre otros.

El debate, que terminó pasadas las 3 de la tarde, continuará hoy a las 9 de la mañana para darles paso a las demás intervenciones de los funcionarios del Gobierno Nacional.

 

Ministro de Minas, Mauricio Cárdenas

"No podemos llorar sobre la leche derramada. No vamos a aceptar una negociación que no represente una ganancia para el país. Eso es parte fundamental; todo esto sobre la base de que esta empresa haya cumplido en la parte ambiental y de salud y en todo.

Se ha dicho por los medios que esto se ha hecho de espaldas al país. Es absolutamente falso y este debate es prueba de ello. No hay nada cerrado, no hay ningún acuerdo y estamos en ese proceso de negociación con la empresa. La autoridad minera lleva un buen inventario de lo que son las reuniones. En total son 28 reuniones y en seis de ellas se documentan la presencia del Gobierno, esto en cuanto al tema de la prórroga.

En cuanto a la liquidación de las regalías, hubo 15 reuniones. Entonces qué es lo que queremos hacer, pues tenemos una realidad que es el contrato 051 y no voy a negociar prórrogas a través de una cláusula que está metida en un contrato. Tengo que partir, como funcionario público, de la legalidad, máxime cuando el 051 fue hecho al amparo de la legalidad. El contrato no ha sido demandado ni han decretado la nulidad y con esto no estoy diciendo que ya estoy poniendo mi firma; por eso le pido a la Contraloría y entes correspondientes que conceptúen sobre la legalidad de ese contrato".

 

Piedad Angarita, delegada de la Procuraduría

La Procuraduría lleva tres procesos disciplinarios, de los cuales sobre dos no pueden manejar información ante la opinión pública, pues son reserva del sumario. En el tercer proceso el Procurador formuló pliego de cargos en el primer semestre de 2012 contra funcionarios por presuntos actos de corrupción, negligencia administrativa y abuso de poder.

En cuanto al manejo de regalías de los Contratos 866 y 1727, muy pronto se tendrá un primer fallo en primera instancia con ocasión  al pago de regalías del contrato de Cerro Matoso. Estamos haciendo un acompañamiento preventivo en el tema de la prórroga, y la Procuraduría ha realizado varios requerimientos al Ministerio de Minas sobre el estado actual de las negociaciones, los productos y los resultados. Justamente  mañana (hoy) vamos a tener una reunión  con delegados del Ministerio y con miembros de la Agencia Nacional Minera, entre otros, para analizar el tema".

 

Sandra Morelli, Contralora General

"La Contraloría envió la advertencia hace varios meses a las autoridades responsables del sector y están en mora de cumplir con sus responsabilidades en cuanto a la manera de cómo se establece para eliminar la base de las regalías. En ello se sigue dejando la puerta abierta para que se establezca un precio que es inferior por el precio del níquel al destinatario final de este mineral. La no intervención clara impide que Colombia reciba mucho dinero. En los últimos cinco años la empresa obtuvo por concepto de ingresos 25 billones de pesos y el Estado recibió 2,2 billones por ingresos tributarios, con lo que están pagando menos del 10%, cuando todos lo colombianos pagamos el 35%. A esto le sumamos lo que se pagó por regalías 2005 y 2006, la cifra fue negativa".

 

David Barguil, Representante

"Demostramos que entre el 2004 y 2008 Cerro Matoso se estaba quedando con una parte de las regalías y no las devolvieron el año pasado. La pregunta es: ¿de 2004 hacia atrás qué? El Gobierno no puede prorrogar un contrato que no se haya cumplido, si lo hacen son los funcionarios los que deberán responder por un detrimento patrimonial y por unas actuaciones en contra de la ley. Pongo varios ejemplos de explotación minera. Uno de ellos el contrato 067 de 2001 del Cerrejón que sacó para una licencia distinta en época, para la cual les habían dado licencia para explorar y ellos ya estaban explotando el recurso natural. La Contraloría dijo en su momento que no sabían cuánto puedan costar porque no saben desde cuándo estaban explotando nuestros recursos naturales. Por eso llamo la atención de esta desidia de los grandes contratos de minería. Por ejemplo con la Drummond en 2007, si no es por un plan de la Contraloría, casi perdemos 47 mil millones de pesos. En cuanto a Cerro Matoso, no ha habido desde el Estado un ejercicio de su función para definir si estos focos de producción de estas empresas de minería son ciertos o no y definir luego el pago de las regalías. Me da vergüenza que las riquezas de este país no hayan tenido la vigilancia necesaria para evitar que los ingresos de regalías se sigan perdiendo”.