La entidad pública que realiza un contrato de prestación de servicios profesionales para obtener un concepto o informe no puede pretender que el contratista diga lo que él quiere oír o lo que le convenga bajo la condición de mantener el contrato.

El pronunciamiento lo hizo el Consejo de Estado al confirmar la nulidad de una resolución que dio por terminado un contrato de prestación de servicios mediante el cual se contrató a un profesional del Derecho para que rindiera un informe y presentara recomendaciones sobre las razones que dieron lugar a un proceso de liquidación obligatoria.

La Sección Tercera explicó que la entidad contratante, por desacuerdo con el informe presentado por el contratista, decidió declarar la caducidad del contrato, incumpliendo los requisitos que exige la ley para que se emita dicha declaratoria.