La juez 60 de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento al contratista Emilio Tapia, por su responsabilidad en el “carrusel de la contratación” en Bogotá.

 
La funcionaria consideró que por la gravedad de los delitos que le fueron imputados a Tapia, concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, debía ir a prisión, por lo cual ordenó su traslado a la cárcel La Picota.

El controvertido contratista, aceptó el cargo de concierto para delinquir, sin embargo se declaró inocente de los demás delitos que se le imputaron: cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Según parece, Tapia no habría conseguido ningún preacuerdo o negociación con la Fiscalía General de la Nación, por lo cual tendrá que responder de manera penal por los cargos.

El fiscal Ricardo González, aseguró a la Corte Suprema de Justicia que  Tapia aprovechó su amistad con los hermanos Iván y Samuel Moreno para recomendar nombramientos en el IDU y de esta forma tener información privilegiada en procesos de contratación de malla vial y obras de valorización entre 2008 y 2010.