Gabriel Sonny Cubillos

EL NUEVO SIGLO

Una  de las tareas más importantes que tiene la Comisión Primera del Senado a partir de marzo próximo, cuando se reiniciarán las sesiones ordinarias del Congreso, es la reglamentación de la Comisión de Aforados, la cual debe reemplazar a la inoperante Comisión de Investigación de la Cámara, según lo estableció la Reforma de Equilibrio de Poderes.

La iniciativa fue radicada el pasado 10 de noviembre por los ministros de Justicia, Yesid Reyes, y del Interior, Juan Fernando Cristo, con el respaldo de parlamentarios de la Unidad Nacional, e incluso fuera de ella como sucedió con el senador conservador Hernán Andrade.

Al día de hoy esta iniciativa no cuenta con ponencia para primer debate, lo cual a primera vista no llama la atención teniendo en cuenta lo reciente de su radicación en el Parlamento. Sin embargo, en realidad el reloj está corriendo en contra del Congreso, pues la Reforma de Equilibrio de Poderes estableció que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara estará viva hasta el 1° de julio de este año.

A partir de esa fecha los procesos que vienen en curso y las denuncias que se interpongan en contra de los aforados constitucionales (Presidente de la República, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General) deben ser conocidos por la Comisión de Aforados.

Es de prever que si este proyecto de ley ordinaria discurre sin mayores inconvenientes a partir de las dos últimas semanas de marzo, inicialmente en la Comisión Primera del Senado, estaría listo para sanción presidencial a finales de mayo próximo.

Solo en ese momento se podrá iniciar la conformación de la Comisión de Aforados, para lo cual se  debe adelantar una convocatoria pública por parte de  la Gerencia de la Rama Judicial y con base en ello el Consejo de Gobierno Judicial enviar las listas para que el Congreso en pleno elija a los cinco miembros para un periodo de ocho años.

Como se ve parece poco tiempo que solo en un mes, en junio próximo, se adelante todo este proceso con el fin de que el próximo 1° de julio esté  lista para entrar a operar la Comisión de Aforados.

Por ello desde hoy se puede decir que se podría producir un vacío de al menos un mes a partir del 1° de julio próximo en materia de investigación y acusación de los aforados constitucionales en materia de faltas disciplinaria y penales,  pues no estaría lista la Comisión de Aforados y a partir de esa fecha dejará de existir la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes.    

Demanda

Hasta el 15 de este mes tiene plazo la Corte Constitucional para fallar las tres demandas de inexequibilidad que fueron presentadas desde julio del año pasado contra la Reforma de Equilibrio de Poderes, una de ellas fue impetrada por el fiscal Eduardo Montealegre. Los nueve magistrados tomarán la decisión con base en una ponencia favorable.

La demanda del Fiscal General ante la Corte Constitucional se fundamenta en que el Congreso de la República desbordó sus competencias constitucionales “porque la aprobación de la Reforma de Equilibrio de Poderes condujo a la sustitución de pilares de la Carta Política de 1991”.

En este sentido señala el Fiscal General que “en primer lugar, la sustitución constitucional se manifiesta con la creación de la Comisión de Aforados, porque esta es una entidad encargada de la investigación y acusación de los altos funcionarios de la Rama Judicial que no puede ser controlado por ninguna rama del poder público. En efecto, en la reforma el Congreso le otorgó a esta Comisión poderes desorbitantes en materia de investigación y acusación, no estableció mecanismos de control a sus procedimientos y decisiones y no definió su lugar dentro de la estructura del poder público.  Estas prerrogativas sustituyen dos ejes fundamentales de nuestra Carta Política: el Estado de Derecho y la separación de poderes”.

Si la Corte Constitucional en el fallo que emitirá en los próximos días le da la razón al Fiscal General sobre la inexequibilidad de varios aspectos de la Reforma de Equilibrio de Poderes, por ejemplo la Comisión de Aforados, ello implicaría que no desaparecería la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Sin embargo, de pervivir esta célula legislativa volvería el debate por los pobres resultados que ha entregado en cerca de 20 años de existencia.

Basta decir que en todo este tiempo lo único que tiene para mostrar la Comisión de Investigación de la Cámara es el escrito de acusación que aprobó a finales de 2015 en contra del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, por el delito de concusión porque supuestamente solicitó dineros a la firma Fidupetrol a cambio de influenciar para que resultara favorecida una tutela que ésta  presentó ante este alto Tribunal.