El ente acusador abrió un  proceso de responsabilidad fiscal a la gerente liquidadora de la Fundación, Ana Karenina Gauna, por presunto detrimento de $11.579 millones.

Para el organismo, la Agente no ha realizado correctamente sus funciones, dejando en evidencia la ausencia de labores que garanticen la preservación y conservación de los bienes que conforman el inmueble.

“El estado actual es de ruina, no se ve en que se ha gastado el mantenimiento de los inmuebles, hay equipos médicos que no han sido objeto de inventario y que con el paso del tiempo cada vez se deterioran más hasta llegar al punto en que no van a poder servir para lo que fueron comprados”, señala.

Entre tanto, a parte de la apertura del proceso, la Contraloría le solicitó al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, que suspenda la venta del complejo.