Luego de detectar que ocho concesiones viales no cuentan con contratos de interventoría, lo que pondrían en riesgo importantes recursos de la Nación, la Contraloría formuló dos funciones de advertencia al antiguo INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
En noviembre pasado, el senador John Sudarsky, del Partido Verde, no dudó en calificar como espeluznantes los sobrecostos en las concesiones del país y para demostrarlo señaló que  25 obras que se pactaron inicialmente por 13 billones de pesos, han terminado costando 25 billones de pesos. Un incremento del 92 por ciento.
De estas 25 concesiones, cuatro se llevaron la mayor parte de la adición de los recursos y ni aun así han sido terminadas: Bosa-Granada-Girardot, Briceño-Tunja-Sogamoso, Ruta Caribe y Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca.
“A pesar del cuantioso detrimento de recursos públicos, a la fecha no se han encontrado responsables. Y lo que es más grave, hay indicios de negligencia por parte de la Contraloría de la época”, 2004-2010, “por  la omisión o  ausencia de los controles de su competencia, permitiendo que se cometieran al menos cuatro delitos: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho propio y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos  legales”, anotó Sudarsky.
Para tener una dimensión de la magnitud de la cifra, el senador Sudarsky señaló que esta cifra corresponde a cinco veces lo ocurrido con los Nule en Bogotá y casi dos veces el costo de la catástrofe invernal.
“Con este dinero se habrían podido financiar más de 125.000 estudiantes en educación superior, generar 1.658.279 cupos adicionales en el SENA, y en primera infancia se habría brindado atención integral a 140.000 niños”, sostuvo el congresista verde.
“No se ha empleado la figura de caducidad. Si se aplicara, las empresas involucradas no podrían volver a contratar con el Estado”, agregó.