Que se elimine uno de los artículos de la Ley Antitrámites que otorga paz y salvos a los contratistas en conciliaciones efectuadas en casos de incumplimientos de obras, es lo que busca la Contraloría con una acción jurídica interpuesta ante la Corte Constitucional.

Según el órgano de control, la parte demandada permite mediante conciliaciones, acuerdos o transacciones a que lleguen las partes en el curso de una relación contractual, se declare al contratista a paz y salvo con la administración, sin aclarar por qué conceptos, excluyendo con lo anterior el control fiscal y judicial.

Lo que se considera es que como están previstos estos acuerdos, dentro de la liquidación de los contratos estatales, violaría lo dispuesto en la Constitución Política que faculta a la entidad para realizar un control posterior luego de la liquidación de los contratos.

Si durante la misma se hacen acuerdos para declarar a paz y salvo a los contratistas, los eventuales detrimentos patrimoniales y la posibilidad de adelantar sobre estos procesos de responsabilidad fiscal no se podrían efectuar.

El representante Ángel Custodio Cabrera, del Partido Social de la Unidad Nacional (La U), advirtió que la demanda de la Contraloría es muy grave y que para enmendar el problema se puede introducir un artículo en la reforma de la justicia.

El representante David Barguil, del Partido Conservador, admitió que el artículo demandado coarta el control fiscal. Barguil consideró como legítima la actuación: “Yo creo que la Corte le dará la razón derogando el articulo. Les doy el ejemplo de la avenida 26. Por ejemplo, pensemos que no se pudo liquidar, hacen una conciliación y con un paz y salvo”, los Nule “quedarían exonerados del control fiscal”.

Piedad Zucardi, senadora de La U, subrayó que el Congreso está dispuesto a revisar el artículo que puede ser nocivo para el trabajo de Contraloría. Manifestó que cuando se hace la labor legislativa se piensa en el bien común y no en acabar el control.

Zucardi recordó que la Ley Antitrámites es una iniciativa del Gobierno, que tuvo la suficiente discusión, los foros y las audiencias, pero “desafortunadamente la Contraloría no alertó sobre el tema en su momento y ahora lo que se debe mirar es el efecto real de la norma”.

Una vez el Congreso continúe su labor después  de la Semana Santa, deberá revisar la alerta presentada por la contraloría general de la República, con la finalidad de enmendar el escollo.