La Contraloría formuló hoy reparos al Proyecto de Ley de Extinción de Dominio y, entre otras cosas, planteó que los recursos provenientes de estos procesos se destinen equitativamente cobijando a otras entidades que también participan en estos procesos, como los juzgados especializados.

En un análisis sobre los alcances del proyecto que cursa en el Congreso de la República (ponencia aprobada en tercer debate), la CGR llama la atención del país sobre cuatro aspectos:

1) El porcentaje (del que no se conoce sustento técnico) de los beneficios por colaboración para los investigados, no está fundamentado suficientemente y puede terminar premiando conductas ilícitas.

2) La eficiencia y los esquemas de control que deberá  tener la entidad que va a reemplazar a la DNE en la administración de los bienes,  para no repetir esa experiencia negativa.

3) La posible inequidad que se da con la asignación a la Fiscalía del 50 por ciento del valor de los bienes incautados, mientras no se incluye un porcentaje de dinero con destino a los juzgados especializados de extinción de dominio.

(Los recursos que se destinarían  a la Fiscalía pueden llegar a superar los diez billones de pesos y corresponden a más de 95 mil bienes comprendidos en 5 mil procesos represados en la actualidad).

Y 4) La infraestructura adicional, correspondiente a la extinción de dominio, que tendrá la Fiscalía, con recursos por fuera del Presupuesto Nacional.