Por  no cumplir un contrato  suscrito con la Gobernación del Cesar para la pavimentación de unas vías cuando se desempeñaba como representante legal de la Unión Temporal Sabaneta, la Contraloría profirió fallo de responsabilidad fiscal contra Mauricio Galofre Amín, exdirectivo del grupo Nule.

Los hechos se remontan a diciembre de 2009, cuando la mencionada administración departamental suscribió el contrato por $4.760 millones e hizo un anticipo con los recursos de las regalías, por un valor de $1.190 millones, correspondientes al 25% del valor de la obra firmada entre las partes.

A ese dinero se sumaron otras adiciones, pese a que no se habían cumplido a los seis meses previstos la ejecución de la obra, lo que llevó inicialmente a que la Gobernación declara la nulidad del contrato, la que en 2011 reactivó, con la misma Unión Temporal Sabaneta, pero tampoco se cumplió.

El informe de la Contraloría señala que "Después de múltiples suspensiones y adiciones en tiempo al contrato, el mismo se reinició el 15 de enero de 2011, pero como se pudo comprobar en visita de supervisión efectuada el 26 de febrero de 2011, no existía en los tramos contratados ni personal, ni equipos para la ejecución de las obras. El supervisor evidenció entonces el abandono de las mismas por parte del contratista".

Agrega la investigación del ente de control que “La Unión Temporal Sabaneta se encontraba supuestamente conformada por dos socios: el señor Galofre Amín y otra empresa de construcción. Sin embargo, dentro del mencionado proceso la Contraloría recibió en versión libre al representante legal de la otra empresa constructora, quien manifestó que ‘no había suscrito contrato alguno con esa entidad, que la copia de la licitación presentada no eran su firma y que obviamente había sido falsificada’”.

Este hecho también fue confirmado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía al organismo.

Ambas investigaciones determinaron no sólo que Galofre Amín recibió el giro inicial de la Gobernación del Cesar, es decir los $1.190 millones y los gastó en los 17 días posteriores, sino que se falsificaron documentos para presentarse a la licitación que finalmente le fue adjudicada.

Por estas irregularidades, la Contraloría le profirió fallo de responsabilidad fiscal por un monto de $1.467 millones, el detrimento patrimonial causado por el incumplimiento del contrato.