La Contralora General, Sandra Morelli, advirtió al Gobierno Nacional por los riesgos de daño ambiental que se ciernen sobre los páramos del país por la ejecución de proyectos, obras y actividades de explotación y exploración minera, labores agropecuarias, de explotación maderera e incluso de construcción.

Consideró que se podrían estar presentando actividades de exploración minera en zonas prohibidas para ello y es menester que las autoridades ambientales protejan las áreas de su jurisdicción de actividades que, de acuerdo con estudios ambientales de las propias empresas mineras y prestigiosos académicos, “pueden generar daños ambientales sobre la calidad del agua, el paisaje y los ecosistemas paramunos”.

Según esta alerta, la afectación de los páramos por la ejecución de obras, proyectos y actividades de diverso tipo puede poner en riesgo a Bogotá (páramos de Chingaza y Sumapaz), Medellín (páramo de Belmira), Bucaramanga y Cúcuta (páramo de Santurbán), Tunja (páramo de Rabanal), Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales (páramos del Parque de los Nevados), Popayán (páramo de Puracé) y ciudades que suman una población total superior a 13 millones de habitantes (el 40 por ciento del país).

En una función de advertencia que dirigió al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Joseph Pearl González, la directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Luz Helena Sarmiento,  la directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt , los miembros de los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y en general los directores de las autoridades ambientales, la Contralora General expuso su preocupación por el incremento de la titulación minera en zonas de páramo.

Adicional al otorgamiento de títulos mineros y licencias ambientales para la fase de explotación de proyectos mineros en los páramos colombianos, existen irregularidades en el otorgamiento o inscripción en el Registro Minero de títulos luego de la expedición de la Ley 1382 de 2010, que prohibió de manera expresa la exploración y explotación minera en los páramos, señaló la jefe del ente del control.