Por laimplementación del nuevo modelo de recolección, barrido y limpieza de residuos sólidos en Bogotá, la Contraloría abrió un nuevo proceso de responsabilidad fiscal y anunció que enviará a los organismos competentes la supuesta omisión de hechos y conductas que incursionan presuntamente en lo penal y disciplinario.
Con este pronunciamiento y el de la Procuraduría en torno al nuevo esquema de aseo, la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos (Uaesp) se encuentra en la mira de los organismos de control. La entidad anunció que se pronunciará cuando sea notificada.
Según la contralora encargada Ligia Inés Botero, una vez valoradas las pruebas que acreditan los hechos se encontraron presuntas irregularidades en la falta de planeación, falta de estudios de mercadeo que permitieran obtener el mejor precio y la oferta más favorable en atención a salvaguardar el patrimonio público e improvisación en las actuaciones administrativas de los servidores públicos en el Distrito Capital, al adoptar un nuevo esquema para la prestación de servicio de aseo en la ciudad.
Lo anterior, según el organismo de control, no responde a los principios del artículo 209 de la Constitución Política, igualdad, eficacia, economía y celeridad, ocasionando que la indagación preliminar concluyera con un menoscabo a los intereses patrimoniales de la ciudad en 29.223 millones de pesos, representado en la adquisición de bienes y servicios que no corresponden a las necesidades reales que demanda la prestación del servicio de aseo por parte del operador público.
Los componentes valorados por el organismo de control en la indagación preliminar fueron los siguientes:
· Contratos de consultoría para la implementación de un modelo óptimo en el nuevo esquema de basuras, que contemplaban las macrorutas y microrutas, de recolección domiciliaria de barrido mecánico, de barrido manual, descripción metodológica de los servicios de recolección domiciliaria, barrido mecánico y barrido manual, esquema operativo para la recolección de escombros, mantenimiento de equipo, salud ocupacional y capacitación de asesores y coordinadores.
· Gastos de contratación de personal innecesarios (gastos por costos nominales): Se contrataron 4.224 personas para cubrir el 100% de la operación de recolección, barrido y limpieza, y hoy, casi un año después sólo se tiene en operación el 52% por parte de la empresa pública.
· Sobrecostos en la contratación de volquetas, camionetas y equipos compactadores usados.
· Contrato Interadministrativos de Comodato No. 0161 de 2013 entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa Aguas de Bogotá, entre otros.
La contralora Botero dijo que el 23 de septiembre se abrió otro proceso de responsabilidad fiscal por daño fiscal en cuantía de 33.343 millones de pesos por presuntas irregularidades en los contratos de suministro y adquisición de maquinaria y equipos.
Según el organismo de control, el Acueducto compró 218 vehículos de aseo basados en el supuesto de que el Distrito operaria en el 100 por ciento de la ciudad cuando en realidad sabían que sólo podían operar en el 52 por ciento, en el mejor de los casos, lo que explica la sobredimensionada compra de maquinaria. Actualmente se encuentran subutilizados más de 100 vehículos, sin prestar el servicio para el cual fueron adquiridos.
En total, dijo la contralora Botero, son dos los procesos de responsabilidad fiscal abiertos por la Contraloría de Bogotá relacionados con la adopción del nuevo esquema de aseo para la ciudad que asciende a la suma de 62.566 millones de pesos.
Luego de que el Ente de Control apertura una indagación preliminar el 26 de diciembre de 2012, la misma fue suspendida el 4 de febrero de 2013 por una recusación presentada por el entonces Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) contra el contralor titular Diego Ardila.
Posteriormente, el 10 de mayo de 2013, la Procuraduría resolvió negar dicha recusación, devolviendo las diligencias y la competencia a la Contraloría de Bogotá, con lo cual se logró reanudar el trámite de la actuación procesal y proceder a trasladar el proceso a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de Ente de Control para adelantar lo pertinente.