Prolongando la incertidumbre sobre una etapa crucial para la democratización del país, el  tribunal egipcio que debía pronunciarse ayer sobre la validez de la comisión encargada de redactar la Constitución llevó el caso ante otra instancia.

La redacción de una nueva carta magna, que supuestamente debe reflejar los valores de Egipto tras la revuelta que derrocó a Hosni Mubarak el año pasado, provoca profundas divisiones entre los islamistas que dominan el poder y los movimientos laicos y liberales.

La Alta Corte Administrativa, cuya decisión fue aplazada varias veces, se negó a decir si esta comisión era válida o no, y prefirió transmitir el dossier a la Alta Corte Constitucional.

No se ha fijado ninguna fecha para que la Corte Constitucional tome una decisión. Esta misma instancia criticó en los últimos días el trabajo preliminar de la comisión constituyente, acusándola de intentar poner en entredicho la independencia de los jueces constitucionales.

Se han interpuesto decenas de demandas contra la comisión constituyente, poniendo en duda su constitucionalidad y el mecanismo utilizado para la elección de sus 100 miembros.

Es la segunda comisión constituyente: la primera, formada en marzo y dominada por los islamistas, fue boicoteada por los liberales, por la institución islámica Al Azhar y por la Iglesia copta. Fue disuelta por decisión judicial en abril.

En junio se formó una segunda comisión, pero sus detractores la acusan de estar dominada por islamistas.

La comisión debe redactar una nueva Constitución, debido a que la anterior fue suspendida a raíz de un movimiento popular que derrocó al presidente Hosni Mubarak en febrero de 2011.

En su labor, debe lidiar con algunos de los temas más polémicos en Egipto: el lugar del islam, la libertad de expresión y de culto, los derechos de las mujeres o el papel de las fuerzas armadas.

La incertidumbre sobre la Constitución se agrava por las tensiones entre el poder del presidente Mohamed Mursi, procedente de los Hermanos Musulmanes, y el cuerpo judicial, que culminaron a mediados de octubre en el fracaso de un intento del jefe del Estado por apartar al fiscal general, Abdel Meguid Mahmud.

Mahmud, nombrado en tiempos de Mubarak, invocó la independencia del poder judicial para permanecer en el cargo.

En espera de una futura Constitución, el país se rige por "declaraciones" de valor constitucional emitidas por el poder militar que dirigió el país durante casi 18 meses después de la dimisión de Mubarak, y luego por Mursi./AFP