El análisis de la prestación del servicio educativo en el país y el fenómeno de los estudiantes “fantasma” identificados en algunas entidades territoriales, fueron los temas abordados por la procuradora general de la Nación (e), Martha Isabel Castañeda Curvelo y la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, durante una reunión realizada ayer a instancias de este Organismo de Control.
La ministra dio cuenta de los resultados de las auditorías que esa cartera ha realizado a la fecha en 15 entidades territoriales, con el propósito de verificar que los niños para quienes se giran los recursos del sector, realmente existan. En el proceso se han identificado más de 100 mil estudiantes “fantasma”.
La procuradora general (e) señaló que se han intercambiado elementos probatorios de los resultados de las auditorías del Ministerio y la información recaudada por la Procuraduría durante algunas visitas efectuadas en razón de la indagación preliminar que se adelanta específicamente en el distrito de Buenaventura (Valle del Cauca). “Estamos encaminados a determinar si efectivamente se está incurriendo en faltas disciplinarias, porque seremos implacables frente a la utilización de los recursos del sector educación y el sector salud sobre medios fraudulentos”, manifestó la doctora Castañeda Curvelo.
Con fundamento en las pruebas recaudadas se han analizado una serie de conductas que probablemente constituyen faltas disciplinarias, particularmente por las debilidades en el control del reporte de alumnos en el sistema de matrícula SIMAT. “Esa migración que se hizo desde el año 2010 para el 2011, y que factiblemente ese mismo número de alumnos iba a ser la base para los giros del Ministerio de Educación, indiscutiblemente constituyen conductas que están por fuera de todos los parámetros legales y que por el contrario derivan en un detrimento al patrimonio, en una falta disciplinaria y tal vez en la comisión de un hecho punible”, señaló la procuradora general (e).
Alimentación y transporte escolar
El segundo tema analizado por la Procuraduría y el Ministerio de Educación fue el de alimentación y transporte escolar, conceptos impactados por la nueva distribución de regalías, ya que en algunas entidades territoriales se utilizaban parte de estos recursos para financiarlos.
La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, manifestó la preocupación que le asiste al Ministerio Público por la falta de atención en esta materia: “En este momento no se tiene un dato específico sobre los niños que se han dejado de atender este año, pero se ha solicitado a la ministra y al director del ICBF para que se atienda de manera urgente a la población afectada por la suspensión temporal de los programas de alimentación escolar”, manifestó la doctora Hoyos Castañeda.
Asimismo, formuló un llamado de atención a gobernadores y alcaldes, porque se ha tenido conocimiento de la intención de algunas comunidades de generar manifestaciones utilizando a los niños para pedir que adopten medidas en torno a estos temas.
La ministra María Fernanda Campo anunció que se asignaron $30.000 millones para alimentación escolar, y que antes de finalizar el presente mes el Gobierno Nacional girará $480.000 millones por concepto de excedentes de comercialización de hidrocarburos, recursos que podrán destinarse a inversión social, entre ellos alimentación y transporte escolar.
La Procuraduría General de la Nación vigilará la gestión de las autoridades territoriales para la adecuada administración de estos cuantiosos recursos y para que su inversión esté orientada a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.