Hoy arrancaría el proceso de socialización de la iniciativa que tiene el Gobierno Nacional para reglamentar la consulta previa con las comunidades étnicas, pues un borrador en ese sentido sería presentado a la Mesa Permanente de Concertación con los indígenas que se reunirá hoy y mañana en Bogotá.

Desde marzo anterior, el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció la intención del Ejecutivo de reglamentar el precepto constitucional que ordena consultar de forma previa a las comunidades indígenas y afro los proyectos o actos legislativos que los impacten de alguna manera.

“El Gobierno está considerando reglamentar la materia y vamos a avanzar en los próximos días a fin de tomar una decisión. Creemos que es conveniente reglar el tema de las consultas populares y sectorialmente se avanzará en la materia.”, dijo en su momento Vargas Lleras.

El propósito de la iniciativa es que en el marco del respeto al derecho que tienen las comunidades étnicas de hacer oír su voz frente a temas que les afecten de forma directa, definir mecanismos que permitan hacer más ágil la consulta previa para que no se dilate la discusión de proyectos considerados clave para la vida nacional.

EL NUEVO SIGLO conoció que el Gobierno ya tiene un borrador de la reglamentación a la consulta previa, el cual sería presentado en esta nueva cita de la Mesa de Concertación, espacio que ha definido la administración Santos para mantener un diálogo permanente con los pueblos indígenas.

Desde meses atrás y en el marco de ese diálogo, el Gobierno ha venido ambientando con las comunidades indígenas la necesidad de reglamentar la consulta previa.

En este sentido se manifestó Luis Evelis Andrade, consejero mayor en la  Organización NacionalIndígena de Colombia (ONIC). “Ese ha sido un interés del Gobierno desde hace rato, además tengo entendido que el relator de Naciones Unidas Especial para Pueblos Indígenas recomendó adelantar una ley que reglamentara el proceso de consulta. El Gobierno ha tenido interés es ese proceso, solo que en ese proyecto de ley, no nos hemos puesto de acuerdo para consultar, precisamente, esa ley, porque la misma tiene que ser consultada y luego concertada con los pueblos indígenas”, indicó.

Sin embargo, el Consejero Mayor de la ONIC aclaró que “nosotros siempre hemos tenido una preocupación, y es que si la reglamentación de la consulta va a ser restrictiva de lo que establece la misma Constitución y el convenio 169 (de la OIT), no vamos a tener acuerdo”.

Precisamente en marzo pasado, los delegados indígenas en la Mesa Permanente de Concertación enviaron una carta abierta al presidente Santos, en la que señalan que “manifestamos nuestro rechazo a la campaña de estigmatización que funcionarios de distinto nivel han emprendido contra el derecho fundamental a la consulta previa y la descalificación de autoridades y delegados indígenas que alcanzan a nuestros asesores”.

Otro de los temas que se prevé será tratado en la Mesa Permanente es el proyecto de ley de desarrollo rural y el problema que se ha generado entre indígenas y campesinos en los municipios de Totoró y Cajibio (Cauca), ocasionada por la compra de tierra adelantada por el Incoder.

Para el próximo año

El interés del Gobierno es presentar este proyecto a consideración del Parlamento en el segundo semestre de este año, por lo que queda claro que no tendrá aplicación para efectos de proyectos como el Código Minero, la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y la ley de desarrollo rural, que precisamente no pudieron ser presentados en la segunda legislatura por demoras en las respectivas consultas con las comunidades étnicas.

Por el momento los procesos de estas consultas previas ya se vienen adelantando por parte de las respectivas carteras, como en el caso del Código Minero, a cargo del Ministerio de Minas y Energía; y la ley de Desarrollo Rural, en cabeza del Ministerio de Agricultura.