Como respuesta al fallo judicial del Tribunal Administrativo de Bolívar ante la acción de tutela instaurada por el Consejo Comunitario de Punta Canoa, perteneciente al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, se realizó con éxito el proceso de consulta previa para la construcción de un complejo turístico.

Todo este ejercicio de participación ciudadana se dio alrededor del proyecto de “Complejo Turístico e Inmobiliario Karibana”, en una zona de concesión de bienes de uso público otorgada por la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa (Dimar).

A través del acto de protocolización de la consulta previa, el pasado 4 de abril se suscribió el acta de acuerdos entre las partes del proceso, mediante la cual la Sociedad Inversiones Karibana S.A, empresa ejecutora del proyecto turístico, se comprometió, además de realizar las actividades correspondientes al Plan de Manejo Ambiental, a ejecutar una serie de operaciones e inversiones en beneficios colectivos para la comunidad en torno a la compensación y mitigación de los impactos generados por el proyecto.

Entre las medidas de manejo pactadas, el ejecutor se comprometió a realizar la gestión ante la Secretaría de Infraestructura de Cartagena para el mantenimiento y limpieza de las vías de acceso al corregimiento; una visita integral para la verificación del estado de los cuerpos de agua de la zona; el trámite ante la autoridad competente para la ubicación de dos vallas de control de velocidad en el sector; apoyo en la formulación de un proyecto productivo de pesca para la comunidad; asesoría jurídica para la constitución y conformación de una fundación al igual que programas deportivos y culturales para los habitantes de Punta Canoa, entre otra serie de beneficios. Adicionalmente, la empresa se comprometió a destinar un rubro que asciende a los 55 millones de pesos para la ejecución de los acuerdos concertados. 

Después de realizar un efectivo acompañamiento a lo largo de las diferentes fases de este proceso consultivo, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior asumió el compromiso de realizar el control correspondiente en coordinación con un comité de seguimiento conformado por representantes de la comunidad y un delegado de la empresa ejecutora, para que los aspectos protocolizados en dicho proceso de consulta se ejecuten efectivamente, según los plazos acordados.