Se es posible o no para la Registraduría convocar a un referendo para la aprobación de un proyecto de reforma a la Constitución, en el evento en que esta iniciativa haya sido negada por la respectiva Corporación se sabría la próxima semana.

Así se desprende de una consulta que en ese sentido hizo el registrador Carlos Ariel Sánchez al Consejo Nacional Electoral.

La consulta surgió a raíz de la petición, el pasado martes, de la senadora Gilma Jiménez, del Partido Verde, al Registrador para que le certifique el número de firmas que se requieren para la convocatoria directa de un referendo sin que pase por el estudio del Congreso, después de que el martes pasado la Comisión Primera de la Cámara hundió el proyecto de ley que buscaba la convocatoria de un referendo para consultar a los colombianos sobre la posibilidad de castigar hasta con cadena perpetua a quienes cometan delitos atroces contra los niños.

El artículo 31 de la ley 134 (que dicta las normas sobre los mecanismos de participación popular previstos en la Constitución) señala que “un número de ciudadanos no menor al diez por ciento del censo electoral nacional, departamental, municipal, distrital o local, según el caso, podrá solicitar ante el Registrador del Estado Civil correspondiente la convocatoria de un referendo para la aprobación de un proyecto de ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución local de iniciativa popular que sea negado por la corporación respectiva”.

En ese sentido, en la misiva la parlamentaria Jiménez le pide aclarar al Registrador “cuántas firmas más debemos remitir y a partir de qué fecha corren los seis meses que señala la Ley 134 para realizar la convocatoria directa del referendo de iniciativa popular”.

Antes de consultar al CNE sobre el particular, el Registrador explicó que no existen antecedentes sobre un caso similar en Colombia y por lo tanto se hace necesario estudiar este asunto con profundidad para determinar la viabilidad jurídica de la convocatoria de este referendo.

El proyecto de referendo de cadena perpetua fue presentado al Congreso con el respaldo de 1.700.000 firmas.