Aunque se parte de la base que las consultas de partidos y movimientos políticos financiadas por el Estado se deben realizar anualmente, hasta el momento el Consejo Nacional Electoral no ha definido una fecha en 2017 ni tampoco ninguna colectividad ha manifestado oficialmente su intención de participar.

El año pasado no hubo consulta de partidos pues ningún partido pasó carta diciendo que iba hacer uso. En junio de 2016 se dio la posibilidad de que los partidos y movimientos políticos aprovecharan la consulta para preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con el proceso de paz que se adelantaba por esos días en La Habana, según lo propuso el Partido de La U.

Mediante escrito del 8 de junio de 2016, el Partido de La U solicitó que se fije fecha para una consulta popular en el año en curso con el fin de preguntar “a la ciudadanía si está de acuerdo con el proceso de paz que se adelanta en La Habana entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, y en consecuencia exige a la bancada del Partido de La U, legislar para implementar los acuerdos derivados de este proceso de paz, a través de los desarrollos normativos pertinentes”.

Atendiendo este planteamiento el Consejo Nacional Electoral convocó a las colectividades a una audiencia pública el 28 de junio de 2016, con el fin de preguntarles si se sumarían a la propuesta de La U, empleando su consulta para preguntar a los colombianos sobre la paz o si, por el contrario, la dedicarían para definir sus asuntos internos.

Unos días antes, el 9 de junio, la representante legal del movimiento MIRA solicitó información sobre la fecha señalada por el Consejo Nacional Electoral para realizar las consultas populares, internas o interpartidistas para 2016 y en especial, si “se podrían realizar en la misma fecha que sea convocado un plebiscito o referendo aprobatorio o derogatorio o cualquier otro mecanismo de participación democrática, previsto en la Ley 1757 de 2015 o el que estudia actualmente la Corte Constitucional”.

No obstante en la citada audiencia, más fueron las críticas de las demás colectividades a la propuesta de La U, por lo que el asunto de emplear las consultas de partidos para este fin quedó en el olvido, incluso por parte de este último.

Días después, el Consejo Nacional Electoral procedió a fijar la fecha de las consultas para 2016, pero como se dijo anteriormente, ninguna colectividad manifestó interés en participar.

En lo que tiene que ver con la consulta de partidos que se debe realizar este año, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, consultado por EL NUEVO SIGLO dijo que “el Consejo tiene que fijar una fecha anualmente, pero lo que generalmente ocurre es que se hace previa una consulta con los partidos. Antes de que se señale la fecha por el Consejo hay que hacer la consulta”.

Agregó el magistrado que “supondría que esas consultas muy seguramente, en el evento en que se realicen, van a ocurrir hacia finales de este año dependiendo de lo que planteen los partidos, pero obligatoriamente el Consejo tiene que fijar una fecha una vez al año”.

Se cree que este año la consulta generaría un poco de mayor interés en los partidos teniendo en cuenta las elecciones del próximo año, pues les serviría para la escogencia de candidatos para la conformación de las listas a la Cámara de Representantes en algunas regiones del país en donde se agote la fórmula del consenso.

En este sentido, el magistrado Novoa dijo que “es posible, las consultas pueden ser para escoger delegados, por ejemplo, a un congreso de partido o también para hacer selección de candidatos al Congreso o, incluso, a la presidencia de la República. Pero si es para lo segundo, generalmente esas consultas van atadas a la elección de Congreso”.

El mecanismo

La Ley 1475 de 2011 desarrolló el derecho de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos de realizar consultas, con el apoyo económico y logístico del Estado, que están diseñadas con el fin de promover la democracia interna en la toma de decisiones, como puede ser la escogencia de candidatos.

Sin embargo, la gran falencia que han mostrado las consultas de partidos hasta el momento es la poca participación de las colectividades y más escaso, aún, la presencia de los ciudadanos en las urnas el día que son convocadas. Esto ha hecho que en varias oportunidades desde el Gobierno nacional se escuchen voces que plantean su reforma.

En la consulta de partidos del 2015 se instalaron por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil 9.956 mesas en diferentes regiones del país con apenas la participación de cuatro partidos: Liberal, Conservador, Centro Democrático y el Polo.

En esa ocasión solo un millón de ciudadanos acudió a las urnas para ejercer su derecho al voto.

El año 2014 no se pudo realizar la consulta de partidos en la fecha establecida porque los dineros para su realización no fueron girados a tiempo por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En tanto que en el año 2013, únicamente el Partido Liberal hizo consulta en Putumayo para establecer los candidatos que presentaría a la Cámara de Representantes en los comicios legislativos del 2014.

En el ejercicio del año 2012 hicieron consulta el Polo Democrático, el entonces llamado Partido Verde y el Movimiento MIRA. Solo 506.013 ciudadanos se acercaron a las urnas.

Sin embargo, los costos de la organización de la consulta de partidos siguen creciendo, por lo que el propio Gobierno nacional ha expresado la necesidad de hacer ajustes en este mecanismo.

Un ejemplo de ello son las consultas de partidos del año 2011, cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso un total de 15.376 mesas en 271 de los 1.102 municipios del país para atender a 12 millones de ciudadanos que integraban el censo electoral establecido para dicha jornada.

Sin embargo, a nivel nacional apenas 1,2 millones de ciudadanos acudió a las urnas, lo que hizo estallar una polémica por esos días en los partidos y el propio Gobierno frente a la efectividad de las consultas. El entonces vicepresidente Angelino Garzón escribió en su cuenta de Twitter que los “resultados de consultas internas confirman que sale más rentable darle una partida económica a los partidos para que directamente las hagan”.

 Y es que para las consultas del 29 de mayo de 2011, inicialmente la Registraduría Nacional solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público $90.218 millones para su realización, de los cuales finalmente fueron asignados $60.000 millones.

En tanto que para las consultas de partidos del año 2013 el Ministerio de Hacienda asignó $70 mil millones, aunque vale aclarar que esto no significa que se gastó este total, más teniendo en cuenta que apenas el Partido Liberal adelantó una consulta en el departamento del Putumayo.