Los “siete mandatos” promovidos por la Alianza Verde y los retos para Congreso y Gobierno.

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La cruzada contra la corrupción en Colombia ya es un imperativo nacional dada la cantidad de escándalos de los últimos meses y, sobre todo, los montos billonarios en juego, así como las altas instancias del sector público y privado que han resultado involucradas. 

Si bien es cierto que Colombia tiene una amplia normatividad para castigar a quienes se lucran del presupuesto público, también lo es que, lamentablemente, gran parte de esa normatividad no se aplica de forma pronta y eficaz. Incluso, las redes de corrupción, que han llegado a un nivel de ‘especialización’ nunca antes visto, siguen encontrando vacíos constitucionales, legales y reglamentarios que les permiten continuar con su estrategia criminal, en gran parte de los casos en medio de la más absoluta impunidad.

Los cálculos sobre lo que pierde Colombia al año por culpa de la corrupción son muy disímiles. Algunas entidades internacionales sitúan en más de 10 billones de pesos las pérdidas anuales pero cálculos de la Contraloría General hablan de no menos de 50 billones de pesos que son movidos  en el mismo lapso, tanto a nivel público como privado en actuaciones ilícitas.

En medio del arranque de la campaña electoral es claro que este tema ha ganado prioridad y la mayoría de los precandidatos y candidatos, así como sus respectivos partidos, lo han puesto ya como una de las banderas proselitistas, al lado de la recuperación económica y el acuerdo de paz.

Y no es para menos si se tiene en cuenta que los últimos meses han estado centrados en los graves escándalos de los sobornos por más de 84.000 millones de Odebrecht, los sobrecostos por más de 610.000 millones en Reficar, o los montos millonarios perdidos en irregularidades con las  regalías, los ‘carruseles’ de la contratación a todo nivel, la ‘cartelización’ para adueñarse de las licitaciones o aberrantes caso como los del ‘cartel de la hemofilia’, en Córdoba.

Alud de iniciativas 

En medio de ese escenario, el arranque de esta legislatura, el pasado 20 de julio, ha traído una nueva ofensiva de proyectos para tratar de cerrar los boquetes de la corrupción a todo nivel.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez presentó un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, castigar de forma más drástica la financiación ilegal de las campañas políticas, la compraventa de votos, la manipulación de la contratación oficial para favorecer a los financiadores de políticos de turno y las prácticas de abogados, funcionarios, contadores y demás profesionales que se presten para maniobras de testaferrato, ocultamiento y destrucción de pruebas en casos de detrimento al erario.

El Gobierno, a la par de sancionar la ley que agiliza los procesos de extinción de dominio -uno de los puntales en la lucha contra la corrupción-, también anunció que radicará otros proyectos relacionados con temas como la protección de denunciantes en casos de robo o detrimento del erario así como para la creación de un Registro de Beneficiarios Reales, que permitirá saber, en tiempo real, cuáles son las personas que en realidad se lucran de una empresa o negocio, de forma tal que no se puedan ocultar bajo compañías fachadas o testaferros.

Sin embargo, el paso más audaz en materia anticorrupción lo dio esta semana la Alianza Verde, que radicó ante la Registraduría Nacional un total de 4.312.653 firmas recolectadas en los últimos seis meses para respaldar un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que pide convocar una consulta popular anticorrupción. 

Esa cantidad de firmas marcó un récord en materia de respaldo a un mecanismo de participación ciudadana. Otras iniciativas para convocar referendos y plebiscitos no lograron semejante caudal. 

Por legislación vigente, se requiere de un poco más de 1,7 millones de firmas válidas para que el proyecto pueda ser enviado al Congreso, sin embargo al sumar más de 4,3 millones es claro que la opinión pública le está enviando al Parlamento, el Gobierno y a todo el estamento estatal un mensaje muy contundente respecto a cómo la corrupción es, sin duda, una de las mayores preocupaciones del país y se está urgiendo que se tomen medidas efectivas y audaces para hacerle frente, tanto a este flagelo como a la politiquería asociada.

¿Con semejante caudal de respaldo ciudadano se desperdició la oportunidad de haber incluido propuestas más drásticas y audaces para castigar a los corruptos?

Según lo explicaron sus promotores, entregadas las firmas la Registraduría cuenta con 45 días para revisarlas y certificar que haya más de 1.762.080 firmas válidas para que el proceso pueda continuar. Si es así, el trámite continuará en la plenaria del Senado donde tendrá que aprobarse una proposición expresando la conveniencia o no de convocar esta consulta. A partir de esa aprobación, la Registraduría tendrá hasta tres meses para citar a las urnas. Para que los siete “mandatos” sean obligatorios para el Estado por lo menos 11 millones de colombianos deben votarlos positivamente.

¿Poco alcance?

La consulta popular que se pide convocar quiere que los colombianos sean citados a las urnas para aprobar o improbar siete “mandatos anticorrupción”, a saber: reducción del salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales; condenados por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel y sus contratos serán terminados unilateralmente; todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a ajustar los pliegos para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo; obligación a que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y del orden nacional se desglose y priorice en audiencias públicas; congresistas tendrán que  rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa, de manera periódica y detallada; establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés; y limitar al máximo tres periodos la permanencia en las corporaciones públicas como concejos, asambleas y Congreso.

“Esta Consulta salió adelante porque colombianos de todas las regiones, de todos los colores y de todas las ideologías entendieron que es con acciones como se derrota la corrupción”, señaló la senadora Claudia López, quien hace parte del Comité Promotor, y es hoy precandidata presidencial.

¿Aceptarán los congresistas bajarse el sueldo a la mitad? ¿Podrán los partidos y las bancadas decirle no a un proyecto respaldado por más de 4,3 millones de firmas? ¿Se repetirá la suerte del referendo sobre adopción, que se hundió semanas atrás en la Comisión I de la Cámara, pese a estar respaldado por 2,3 millones de firmas? ¿Qué postura tomará el Gobierno al respecto? ¿Qué tan fácil es aterrizar a reformas, leyes y reglamentaciones los “siete mandatos”? ¿Con semejante caudal de respaldo ciudadano se desperdició la oportunidad de haber incluido propuestas más drásticas, puntuales y audaces para castigar a los corruptos? ¿Cómo evitar que un tema tan importante termine politizado en medio de la contienda presidencial? ¿Cuáles de esos “mandatos” ya están contenidos en leyes vigentes o proyectos –como el de la Fiscalía– en trámite? ¿Cómo impactaría la campaña electoral para Congreso y Presidencia la citación a las urnas para el tema anticorrupción?

Son muchos los interrogantes pendientes sobre la consulta anticorrupción que deben empezar a ser despejados urgentemente para establecer la utilidad de semejante esfuerzo político y ciudadano.

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