La construcción de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en sectores capitalinos aledaños al Parque El Virrey, Centro Comercial Andino y el Centro Comercial Centro 93 podría ser ilegal.

Al menos así lo consideró el presidente del Concejo, Miguel Uribe, del Partido Liberal, para quien se trata de una propuesta populista del alcalde Gustavo Petro.

“Para luchar contra la segregación social es indispensable que la Administración construya las 70.000 viviendas que prometió el alcalde, que impulse procesos de renovación urbana y construya la infraestructura social y educativa que hasta ahora no ha hecho. Pero la nueva propuesta del alcalde Petro no es más que otro anuncio lejos de ser una solución real. Por un lado, no se conseguirá el propósito que persigue; y por otro, puede conducir a que la Administración cometa una ilegalidad”, afirmó el concejal.

Uribe explicó que esos predios se adquirieron por un proceso de enajenación voluntaria directa con una destinación específica, de acuerdo al artículo 33 de la Ley 9 de 1989.

“El uso de estos predios estaba destinado para parqueaderos y así resolver el déficit que existía en la administración Peñalosa. Es decir, la utilidad pública con que se compraron los predios tienen una destinación única y específica”, precisó.

De esta manera, el concejal Uribe advirtió que no es posible utilizar legalmente estos predios para la construcción de vivienda de interés prioritario.

Por otra parte, destacó que “quien adquirió los predios fue el IDU, un establecimiento público con autonomía administrativa y patrimonio independiente. A su vez, con funciones específicas para el desarrollo urbano e infraestructura, lo que imposibilita que estos predios sean aportados para un proyecto de vivienda, lo que no respondería a las funciones de esta entidad según al Acuerdo 19 de 1972”.

Así las cosas, Metrovivienda no tiene la posibilidad legal de utilizar estos predios pues son patrimonios independientes, tienen funciones diferentes y el uso de los predios no puede ser cambiado.

Según Uribe, de acuerdo al artículo 61 de la Ley 388 de 1997 estos predios fueron adquiridos por el valor comercial, lo que implica que al construir vivienda de estrato 1 se impide el cierre financiero del proyecto y derivaría en un detrimento patrimonial.

“Con el valor de esos predios se puede emprender un proyecto integral que contemple un mayor número de unidades de vivienda con intervenciones urbanísticas y la construcción de equipamientos públicos”, puntualizó el cabildante.

Mezcla de estratos

Sin embargo, el alcalde Petro le respondió al concejal Uribe que se le olvidaba qué es la propiedad horizontal. “Que él mire en el edificio donde vive. Encontrará que hay un parqueadero y él vive encima del parqueadero”, expresó.

Así mismo, la alta consejería para las víctimas la paz y la reconciliación Ana Teresa Bernal señaló como desmedidas las opiniones en el debate, que demuestran que no hay un compromiso social y que no estamos preparados para un proceso de postconflicto.

“No se trata de excluir a la víctima y revictimizarla, rechazando su presencia en ciudades o zonas exclusivas de Bogotá. Se trata de romper con los estigmas negativos que hay sobre esta población y avanzar en proceso de integración social de cara al proceso de paz y al fortalecimiento de la democracia propia de un Estado Social de Derecho”, dijo la funcionaria.

Bernal manifestó que las opiniones en este debate "revictimizante" se han centrado en el impacto de la propuesta a partir de estereotipos negativos construidos sobre las víctimas, pero no en quienes serían reubicados, que son las propias víctimas y que están temerosas de la propuesta.

"Este proceso requiere tolerancia y compromiso de la ciudadanía. Las víctimas desplazadas son ciudadanos en su mayoría población campesina desarraigada de sus tierras, que perdieron todo lo que tenían. No estamos hablando de personas delincuentes o bandidas. Se trata de personas que deben ser acogidas por la sociedad en su conjunto”, anotó Bernal.

Planes parciales

Para el concejal Antonio Sanguino, copresidente de la Alianza Verde, el alcalde Petro volvió a alborotar el avispero.

“Una decisión atropellada y retadora sin que medie una racionalidad en la planeación de las acciones públicas, como parece estar ocurriendo en este caso, sacrifica la eficacia en el uso de los recursos públicos, fortalece estereotipos de exclusión y no garantiza la sostenibilidad de los procesos de inclusión de una población especialmente vulnerable. La ley 388 de 1997 establece, además de la obligación para los entes territoriales de expedir los Planes de Ordenamiento Territorial, los criterios para la formulación de los Planes Parciales. Ambos son poderosos instrumentos técnicos para promover la mezcla de estratos con inversiones en equipamentos públicos (colegios, jardines infantiles y bibliotecas), zonas verdes, vías de acceso, espacio público, acceso a transporte público para todos los ciudadanos independientemente de su estrato socioeconómico. Un ejemplo de ello es el proyecto de La Felicidad, en el occidente de la Capital”, declaró Sanguino.