Constructores de La Conejera, a responder | El Nuevo Siglo
Sábado, 20 de Diciembre de 2014

Para determinar si en la obra hay ilegalidades de tipo penal, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, José Vicente Valbuena, llamó a interrogatorio el gerente de construcción de la Urbanización Fontanar del Río, José Alejandro García.

Se trata del conjunto residencial cuya edificación estaría afectando al humedal de La Conejera.

Valbuena también llamó de declarar a los curadores Germán Moreno y Ana María Cadena, pues la Fiscalía considera que deben explicar las razones por las que se otorgó el permiso para construcción en una zona que al parecer es zona ambiental protegida.

La decisión fue precedida por una inspección realizada por una comisión de la Fiscalía.

El fiscal del caso también informó que se ha ordenado la práctica de pruebas técnicas para determinar si se presentó un delito en contra del medio ambiente.

La construcción del conjunto de vivienda multifamiliar es adelantada por la empresa Praga Servicios Inmobiliarios, de la que son accionistas mayoritarios Carlos Alcocer, cuñado del alcalde Gustavo Petro, y otros miembros de ese grupo familiar.

En el humedal de La Conejera, ubicado en la localidad de Suba, predominan especies de vegetación acuática como Buchón Cucharita (Limnobium laevigatum), Carretón de agua (Marsilia quadrifolia), Junco (Scirpus californicus), Botoncillo (Biden leavis), Gualola o Envidia (Polygonum segeta).

Su fauna característica son las ranas verdes que crecen entre las flores del cartucho. Igualmente se encuentran curís, faras, comadrejas, ardillas y más de 30 especies de aves.

El alcalde Petro ha explicado que “este Gobierno es el que ha salvado La Conejera. Y el sustento de esa afirmación es impedir una obra como la ALO y disponer 200.000 millones de pesos, que es un inversión para salvar el humedal y la Reserva Forestal del Norte”.

El burgomaestre anotó que ese “dinero no ha podido invertirse aún porque la Procuraduría lo ha impedido objetando la conciliación con la CAR. ¿Por qué? ¿Qué de negativo tenía que el Estado pudiera comprarle a unos particulares una tierra que, jurídicamente, tiene como destino sembrar árboles, pero que esos particulares quisieran construir edificios?”.