La posibilidad de que sea convocada una Asamblea Nacional Constituyente es una idea que ha puesto a opinar a varios personajes de la política nacional por su conveniencia o no para el país. Ayer el turno fue para el procurador General Alejandro Ordóñez, quien considera que la idea no es prudente porque, según él, estas iniciativas podrían ser “nuevos saltos al vacío”, porque revisando la historia éstas no han cumplido con las expectativas con las que se plantearon hace algunas décadas.

“Encontramos que las mismas causas, que las mismas razones en las cuales se fundaron los movimientos que fueron al traste con las Constituciones vigentes en su momento, son las mismas causas que hoy existen y tal vez potenciadas, con lo cual tendríamos que reconocer que las soluciones no son las Asambleas Constituyentes, porque tal vez eso serían nuevos saltos al vacío”, aseguró.

Para sustentar su rechazo el procurador Ordóñez señaló que muchos de los problemas que se han intentado resolver a través de Constituyentes, como la de 1991, no han cumplido a cabalidad con sus objetivos como, por ejemplo, la erradicación de la violencia y de la corrupción.

“20 años después estamos con los mismos problemas, tal vez agudizados, que tanto afectan y desesperan a la ciudadanía, al Estado, a la institucionalidad y que tanto deslegitiman a la sociedad. Con convocatorias constituyentes y demás no vamos a resolver absolutamente nada, son paliativos que no van a remover las causas, porque las causas desbordan las simples instituciones”, agregó.

La crisis, según Alejandro Ordóñez, es de moral, ética y valores, la cual no es posible recuperar a través de cambios en la Constitución, sino con cambios en la sociedad civil que están relacionados con la educación, la formación y la reconstrucción de la familia dentro del conglomerado social.

La designada ministra de Justicia Ruth Correa también se pronunció sobre la viabilidad de realizar una Constituyente. Al respecto dijo que ella considera que no era menester realizarle un cambio a la Constitución ni tampoco modificar el ordenamiento territorial, ya que los grandes problemas de la Justicia y que más afectan a los colombianos son la impunidad y la morosidad. Para Correa, la superación de esas y otras falencias de la Rama Judicial se pueden lograr sin necesidad de cambiar la Constitución.

La designada Ministra considera que la buena aplicación de las leyes tramitadas durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, como el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso, podría brindar las herramientas necesarias para llevarles a los colombianos una justicia pronta y cumplida, ya que es la principal crítica que se le hace a la Rama.

Por su parte, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Fernando Carrillo aún no tiene definido su punto de vista frente a la viabilidad de una Asamblea Constituyente. El jurista considera que es necesario que el Gobierno Nacional analice todas las opciones que hoy se presentan y que una de las prioridades en el desarrollo del análisis es escuchar las diferentes propuestas que vienen realizando los colombianos.

Sin embargo, la idea no es mala para todo el mundo y un claro ejemplo de eso son los  congresistas Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez, quienes precisan que la posibilidad de realizar una Constituyente es real. La propuesta de ellos sería inicialmente estudiar una reforma judicial.

Antonio García, máximo cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), declaró a una cadena radial que el eventual diálogo de paz entre ellos y el Gobierno debe contar con algunos elementos específicos como el reconocimiento político de los grupos insurgentes y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que permita consolidar un eventual proceso de paz.