Los diputados de la asamblea constituyente de Túnez abrieron este viernes el proceso de adopción de la nueva Constitución, que debe terminar antes del próximo 14 de enero, tercer aniversario de la revolución en el país que desató la Primavera Árabe.

La primera sesión, iniciada este viernes a las diez y media de la mañana, fue tan caótica que a las once de la noche se decidió seguir examinando el sábado el preámbulo de la Constitución, un texto de apenas seis párrafos. En los próximos días deben estudiarse 146 artículos y unas 250 enmiendas.

Por la mañana, los diputados aprobaron el título de "Constitución de la República Tunecina", y luego tres párrafos del preámbulo, que menciona "el orgullo por la lucha de nuestro pueblo para acceder a la independencia (...) y luego librarse de la tiranía". También se menciona en ellos "el apego de nuestro pueblo a las enseñanzas del islam".

Pero por la tarde, los trabajos se vieron interrumpidos en numerosas ocasiones por los desacuerdos entre los diputados sobre la forma de los debates y la interpretación del texto.

"Hemos vivido momentos difíciles, marcados por la falta de confianza. Es una etapa compleja que necesita sacrificios y paciencia", dijo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Mustafá Ben Jaafara.

La ANC, elegida en octubre de 2011, tenía que adoptar una nueva Constitución un año después. Sin embargo, el proceso se vio frenado por un clima de turbulencia política, marcado por el ascenso de grupos islamistas radicales y los conflictos sociales.

Los grandes partidos, el islamista Ennahda y los principales de la oposición, han negociado un compromiso para que se pueda adoptar la Carta Magna con una mayoría de dos tercios de los 217 miembros de la Constituyente, y evitar así un referendo.

Si se cumple el calendario previsto, Túnez podría al fin salir de la crisis que paraliza la vida política desde el asesinato, atribuido a yihadistas, del diputado opositor Mohamed Brahmi el 25 de julio.

La adopción de la Constitución y de una ley y una comisión electorales deben llevar a la dimisión del gobierno actual, dirigido por los islamistas de Ennahda, y a la entrada en funciones como primer ministro de Mehdi Jomaa, actual titular de Justicia. Jomaa deberá entonces convocar elecciones este mismo año.

El proyecto de Constitución actualmente examinado por los diputados se terminó de redactar en junio.

La clase política ha acordado mantener el artículo primero de la Constitución de 1959, que cristaliza un compromiso vago sobre el lugar del islam, después de que Ennahda renunciara en 2012 a la instauración de la "sharia" o ley coránica.

"Túnez es un Estado libre, independiente y soberano. El islam es su religión, el árabe su lengua y la República su régimen", reza el proyecto de Constitución.

Los redactores también alcanzaron un compromiso sobre las prerrogativas del jefe del Estado, un asunto clave después de cinco décadas de dictadura.

Ennahda ha aceptado que el primer ministro y el presidente compartan el poder ejecutivo. Este último, elegido por sufragio universal, tiene además competencias limitadas para disolver el Parlamento.

El proyecto de Constitución garantiza igualmente la libertad de expresión, de conciencia y de reunión, y el derecho de huelga.

Cuatro ONG no obstante, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, opinan que algunas disposiciones son vagas y piden una "afirmación clara de que las convenciones de derechos humanos ratificadas por Túnez son obligatorias", y que se enuncie "el principio de igualdad entre el hombre y la mujer".

En enero de 2011, una revolución popular llevó al presidente tunecino Zine el Abidine Ben Alí a abandonar el poder y huir del país. Actualmente está exiliado en Arabia Saudita.