Más de la mitad de los trabajadores que participaban en las obras de ampliación del canal de Panamá han dejado sus funciones en los últimos cinco meses, aseguró la ministra panameña de trabajo, Alma Cortés, quien cree que el consorcio encargado de los trabajos enfrenta problemas económicos.

"Aquí muchos han sido despedidos y no han sido llamados nuevamente para continuar con las obras", dijo Cortés a los periodistas tras reunirse este jueves con el administrador del canal de Panamá, Jorge Quijano.

Según Cortés, en los últimos cinco meses han sido despedidos 1.600 trabajadores y más de 1.000 han dejado voluntariamente de trabajar en la ampliación de la vía interoceánica.

"Estamos hablando de 2.600 trabajadores del canal de Panamá cesantes", cuando la fuerza laboral antes de los despidos era de más de 5.000, explicó.

La reunión entre Quijano y Cortés se produjo en el marco de la crisis desatada el pasado 30 de diciembre, cuando el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) amenazó con suspender las obras del canal el próximo lunes si no se le reconoce un sobrecosto de 1.600 millones de dólares.

Este jueves Quijano aseguró que muchos de los trabajos de la ampliación "han descontinuado y han parado" en las últimas semanas.

"Me da la impresión que ellos (el consorcio) ya estaban sufriendo algún tipo de situación económica. Parece que ya eso era un problema que venían confrontando hace ya meses", añadió Cortés.

El consorcio, capitaneado por la española Sacyr y del que forman parte además Impregilo de Italia, Jan de Nul de Bélgica y Constructora Urbana (CUSA) de Panamá, amenazó con suspender la construcción del tercer juego de esclusas, el mayor contrato (3.200 millones de dólares) de un proyecto global estimado en 5.250 millones de dólares.

GUPC alega que los sobrecostos son originados por "imprevistos" e informes geológicos erróneos de la ACP, pero ésta asegura que el consorcio tuvo durante 14 meses la información necesaria para hacer sus pruebas y sus propios estudios.