En la baraja de posibilidades que estudia el Gobierno frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la canciller María Ángela Holguín mencionó ayer en el Congreso la posibilidad de que Colombia se retire del Pacto de Bogotá, firmado en 1948, y en el que Colombia aceptó la jurisdicción de ese tribunal.

“No nos vamos a resignar. Esto no lo vamos a pasar así no más. He estado conversando con los distintos cancilleres, porque nunca imaginamos que la Corte haya ido en contra de sus principios, que es afectar a otros países con sus fallos”, advirtió Holguín que intervino en tres instancias del Congreso: las plenarias de Senado y Cámara, así como en la Comisión Segunda de la Cámara.

“Estamos estudiando las decisiones que podemos tomar y pueden tener toda la seguridad de que este trago no lo vamos a pasar así. La resignación no cabe y vamos defender  la soberanía y protegeremos a nuestros isleños”, reiteró.

Tras considerar que esta situación es “la más difícil en materia diplomática que puede atravesar un país”, Holguín precisó que se consulta con Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Jamaica la posibilidad de una reclamación conjunta por ser países afectados por el fallo; también mencionó que se enviará una carta al Secretario General de la ONU para que este tema se revise en el Consejo de Seguridad.

 

Unidad

 

El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a la unidad del país, ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Sobre San Andrés, el Mandatario señaló que los compatriotas de esta región del país no se deben sentirse solos, e invitó a hacer de esta dificultad una oportunidad en la cual el Estado estará más dispuesto a ayudarlos y de forma conjunta tomar las decisiones para superar los inconvenientes surgidos tras la decisión del tribunal.

Los primeros en atender el llamado de ayer fueron los gobernadores de los 32 departamentos, quienes le expresaron su respaldo a Santos en las decisiones que se adopten frente al fallo.

Los mandatarios departamentales tuvieron una reunión de cuatro horas con el Jefe de Estado en la Casa de Nariño.

Al término de la reunión, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, expresó el apoyo de todos los mandatarios.

“Con tristeza hemos recibido el fallo de la Corte, pero además apoyamos a los sanandresanos en todo lo que consideren pertinente desde el punto de vista de todas las regiones del país, y apoyamos al Gobierno en cualquier tipo de decisión que se tome dentro de un marco legal internacional frente a esta problemática”, indicó Botero.

“Esperamos que el apoyo y concurrencia de los gobernadores de Colombia con el Gobierno Nacional sea afectiva para el bienestar y la vida del pueblo colombiano”, concluyó.

 

Uribe propuso consulta

 

Desde Lima, el expresidente Álvaro Uribe propuso una consulta popular sobre si se debe acatar el fallo.

Al reconocer que pudo ser un error de su administración "no haber roto con la tradición político-jurídica para denunciar el Pacto de Bogotá y sacar al país de un pleito en el que ya se encontraba al iniciarse mi Gobierno", Uribe planteó que antes de que Gobierno y Congreso "se prestasen a aceptar el fallo" consideren la consulta para que todos los ciudadanos puedan expresarse.

 

Armada

 

La Armada Nacional permanece en aguas del Caribe cercanas al archipiélago de San Andrés, dijo su comandante, el almirante Roberto García-Márquez.

El oficial explicó ayer que el presidente Juan Manuel Santos le entregó instrucciones para "mantener la soberanía nacional en la jurisdicción marítima colombiana (...) entendida como la que históricamente el pueblo colombiano ha conocido por más de 200 años".

"Ello hasta tanto no se defina por el alto gobierno una jurisdicción diferente como la impuesta por el tribunal de La Haya", señaló García-Márquez a Caracol Radio.

Una segunda instrucción, anotó, "es la de proteger" a los pescadores artesanales colombianos que habitan el archipiélago de San Andrés y Providencia, así como a las tripulaciones de 14 pesqueros industriales que se encuentran actualmente en la zona, y que incluyen personal de distintas nacionalidades.

García-Márquez dijo además que las órdenes son "seguir adelantando las operaciones tradicionales que la Armada ha realizado históricamente en el archipiélago para combatir crímenes trasnacionales como narcotráfico, tráfico de divisas y migrantes ilegales".

"En esos tres ejes nos estamos moviendo, son las instrucciones que tienen todos los comandantes de la Armada en esa jurisdicción", agregó.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidió el lunes extender la jurisdicción de Nicaragua al este del meridiano 82 hasta donde Bogotá la ejerce actualmente, al emitir un fallo sobre el litigio de Colombia y Nicaragua en el que también reconoció como colombianas todas las islas, islotes y cayos del archipiélago de San Andrés.

Las coordenadas del complejo trazado de la nueva frontera mantiene una lengua de jurisdicción colombiana a la altura de las islas de San Andrés y Providencia, así como en un radio de solo 12 millas náuticas alrededor de los cayos colombianos de Serrana y Quitasueño.

El diferendo comenzó en 1928 cuando Managua cedió a Bogotá las islas San Andrés y Providencia, y Colombia le entregó la costa de Mosquitia, con la firma del tratado Bárcenas-Meneses Esguerra, ratificado en 1933 cuando el país estaba intervenido por Estados Unidos.

En 1969 Colombia pretendió establecer su límite con Nicaragua en el meridiano 82, que Managua rechazó alegando que el tratado no fijó límites y que esa decisión cercenaba su plataforma continental en el Caribe. En 1980, Nicaragua declaró nulo el tratado.

En 2001, Nicaragua disputó a Colombia ante la CIJ su soberanía sobre el archipiélago, pero seis años más tarde el tribunal reconoció los derechos del país andino sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se declaró competente para dirimir la delimitación marítima entre los dos países.

 

 

 

 

Conservadores propondrán salidas

 

A través de una declaración oficial, el Partido Conservador sentó “su voz de protesta frente al fallo proferido el pasado 19 de noviembre por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el cual se desconocen los derechos legítimos y la soberanía plena de la República de Colombia sobre mar territorial circundante al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dicha decisión le ocasionó al país la pérdida de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo y dejó enclavados los cayos de Serrana y Quitasueño”.

Tras expresar que “por tradición nuestra colectividad ha sido respetuosa de las sentencias judiciales” y acompañar al presidente Santos “en su manifestación de rechazo al fallo en lo concerniente a la delimitación marítima, así como en las decisiones y acciones que iniciará para la defensa de la Soberanía Nacional”, el Partido Conservador anunció la creación de “una comisión compuesta por excancilleres, congresistas y expertos en derecho internacional a fin de poder contribuir de forma responsable a buscar las mejores salidas para el país”.

 

 

 

Fallo afecta investigación de la Nacional

 

La nueva frontera entre Colombia y Nicaragua afecta también las investigaciones que la UN realiza en el Archipiélago, pues se dificulta el acceso a áreas clave para estudiar la biodiversidad de la zona.

La profesora Brigitte Gavio lleva cinco años investigando sobre botánica marina en la Isla y asegura que el más importante de sus proyectos es el inventario de la biodiversidad en macroalgas.

“El año pasado fuimos a los Cayos del Norte, Quitasueño, Serrana y Roncador, e hicimos una expedición con la Gobernación del Archipiélago y la Corporación Coralina para evaluar el estado de la biodiversidad de los Cayos; allí, nosotros hemos encontrado muchísimas especies que nunca antes se habían reportado para San Andrés y ni siquiera para Colombia”, le relató Gavio a la agencia de noticias Unimedios.

Ahora se siente afectada porque “el área que le quedó a Colombia es supremamente restringida, es el Cayo no más, prácticamente no hay aguas aledañas, entonces toda el área de afuera no va a poder ser investigada”, precisó.

La profesora estima que hay alrededor de 90 especies como nuevos registros, lo que da la idea de que la biodiversidad del Archipiélago ha sido poco estudiada.

“La investigación está en marcha. Hemos encontrado que la  biodiversidad es muy alta, pero estamos preocupados porque las intenciones de Nicaragua no van en el sentido de la conservación”, aseguró la docente de la UN.

La Universidad también realiza investigaciones en convenio con otras instituciones para evaluar los recursos de caracol pala, de langosta y de conectividad marina, justamente en los Cayos.

Entre las investigaciones que hace la UN en San Andrés también está una sobre la incidencia de la ciguatera, una intoxicación alimenticia provocada por pescado. Han encontrado que hay poblaciones de microalgas tóxicas que los peces pueden consumir y que se pueden transmitir al hombre al comer pescado. La ciguatera puede causar problemas serios a los humanos porque ataca el sistema nervioso.

Asimismo, han evaluado las condiciones de praderas de pasto marino y han encontrado que algunas están muy bien conservadas, pero otras no tanto, lo que da lineamientos para mejorar el manejo de esos ecosistemas.

“La biodiversidad marina es fundamental, es muy poco conocida en el mundo porque se distingue solo una parte costera, dependemos del mar por diferentes bienes y servicios”, explicó Gavio.