Parcialmente fue considerado exequible por parte de la Corte Constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en los artículos que contemplan vigencias futuras.

También, el incremento de la tarifa del impuesto predial y de las participaciones para los resguardos indígenas, el deporte, recreación y cultura, agua potable y saneamiento básico.

Una demanda contra esta norma pedía declararla inexequible, por violar una autonomía territorial.