El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó en Ginebra una resolución de condena contra los "fondos buitre" promovida por Argentina, que mantiene una batalla legal con los fondos especulativos poseedores de deuda pública en default.

"Argentina está muy orgullosa de haber logrado una extraordinaria victoria a favor de los derechos humanos", dijo en una rueda de prensa el canciller argentino, Héctor Timerman, tras conocer la resolución adoptada por 33 votos a favor, cinco en contra (incluyendo el voto de Estados Unidos) y nueve abstenciones.

Al defender la resolución, Timerman había indicado que "los fondos buitres" no pararían, si no se les ponía freno. "Los miles de millones que los fondos buitres se llevan del sur empobrecido [...] se traducen en el cierre de escuelas, hospitales vaciados de medicamentos, en regimientos de familias hurgando en la basura para comer", añadió.

El texto "condena las actividades de los fondos buitre por los efectos negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, el reembolso de la deuda a esos fondos, en condiciones predatorias".

Aunque la resolución pide un informe sobre las actividades de los fondos, el canciller argentino aseguró que el texto aprobado "ordena al Consejo de Derechos Humanos a realizar una investigación".

"Y una vez que sean investigados, se tomarán las decisiones necesarias para evitar que sigan actuando", añadió.

Además de Argentina, los otros países que presentaron la resolución son Brasil, Chile, Cuba, Rusia, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay, El Salvador y Bolivia, estos cuatro últimos no miembros del Consejo de Derechos Humanos.

Estados Unidos justificó su voto negativo argumentado que las discusiones sobre los mecanismos de reestructuración de la deuda son técnicas y que "si no se manejan de manera adecuada corren el riesgo de crear incertidumbres que podrían disparar el coste de los préstamos o incluso cortar la financiación para los países en desarrollo".

La resolución anima por otra parte a los países a "participar en las negociaciones encaminadas a establecer un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana", previsto en la resolución 68/304 de la Asamblea General de la ONU.

Dicha resolución, impulsada por Argentina, el G77 y China, fue adoptada el pasado 9 de septiembre en la Asamblea General en Nueva York, y preconiza "elaborar y adoptar a través de un proceso de negociaciones intergubernamentales" un marco legal multilateral que permita reestructuraciones ordenadas de deuda soberana. Según el texto, dicho marco se votará antes de que termine el año.

Buenos Aires mantiene una disputa legal con fondos especulativos, que califica de "buitres" porque compraron bonos de deuda impagada desde 2001 y ahora exigen el 100% de su valor, pese a que el 93% de los tenedores de deuda argentina en default aceptaron importantes quitas.

Dichos fondos han logrado en Estados Unidos que el juez federal Thomas Griesa bloqueara pagos al 93% de bonistas que aceptaron entrar en las reestructuraciones en 2005 y 2010 de la deuda argentina, lo que llevó al país sudamericano a un default parcial el pasado 30 de julio.