Al tiempo que crecen las voces que piden la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, iniciativa que revivió en cabeza del presidente Santos por los recientes escándalos que se han producido en su seno, la pregunta inmediata que surge es quién se ocupará del gobierno y la administración de la rama.

En ese sentido un aspecto que surge como faro de referencia para avanzar sin extraviarse en el camino que trace esta reforma es que si se dan estos cambios, ya sea con la eliminación de este alto Tribunal o una reestructuración a fondo, hay quienes consideran que se debe tener cuidado que el gobierno y la administración de la justicia permanezca en la rama so pena de socavar un principio que estableció la Constitución del 91 frente a lo que existía anteriormente, que las mismas estaban en manos del Ejecutivo .

El Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional son los dos altos tribunales creados por la Constitución del 91, las cuales se sumaron al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia. La principal tarea del Consejo de la Judicatura es la deadministrar la rama judicial, para lo cual se divide en la sala administrativa y la jurisdiccional disciplinaria.

Sin embargo, la existencia del Consejo de la Judicatura ha sido puesta en tela de juicio en los últimos años a raíz de algunos escándalos, pero también por su funcionamiento, pues a juicio de algunos, incluso el gobierno Santos, como lo justificó para proponer su eliminación en la malograda reforma a la justicia que fue hundida el año anterior por el Congreso por solicitud del Jefe de Estado aduciendo que había sido deformada por la introducción al final de varios ‘micos’, ha resultado ineficiente e inferior a las expectativas.

No obstante, cuando todo indicaba que el Consejo Superior de la Judicatura no se vería amenazado con su eliminación dado que el actual Gobierno no se dará la pela presentando un nuevo proyecto de reforma a la justicia, esta iniciativa fue revivida esta semana por el presidente Santos a raíz del escándalo desatado después de que un informe de Noticias Uno presenta un audio en donde supuestamente el magistrado Henry Villarraga habla con el coronel Robinson González del Río sobre la posibilidad de pasar su proceso por falsos positivos de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.

En ese sentido el presidente Santos indicó que “se está hablando nuevamente, con un escándalo que hubo hace un par de días de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, de abolir ese Consejo Superior”. Por lo que recordó que “nosotros teníamos esa idea en la frustrada reforma a la justicia y creo que es uno de los temas que vamos a discutir con los presidentes de las cortes”.

Santos Calderón dijo al respecto que “no podemos permitir que se siga deteriorando nuestra justicia”.

Pero esta no es la única vez que el Consejo de la Judicatura queda en el ojo del huracán después de que se salvó de ser eliminado por el hundimiento de la reforma a la justicia el año anterior. Hace unos meses la Contraloría General de la República denunció un supuesto ‘carrusel de pensiones’ en el alto Tribunal por el nombramiento de magistrados auxiliares de los despachos de que son titulares.

Precisamente hace pocos días la Corte Suprema de Justicia ratificó un fallo del Consejo de Estado que reconoce la competencia de la Contraloría General de la República para hacer investigaciones y juicios fiscales contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

En ese sentido el órgano de control tiene luz verde para seguir la investigación que adelanta por el ‘carrusel de pensiones contra los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, José Ovidio Claros, Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Pedro Alfonso Sanabria.

 

 

Cirugía total

Es necesario una intervención quirúrgica de fondo en las altas Cortes, pero comenzando por el Consejo de la Judicatura porque “además de allí están proviniendo las listas para la integración de las otras Cortes”, consideró en diálogo con EL NUEVO SIGLO el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

Explicó que en un primer momento el Gobierno nacional no tenía la intención de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura en el proyecto de reforma a la justicia sino de reformarlo eliminando la Sala Administrativa, sin embargo, “conociendo como conozco el funcionamiento de todo el Consejo de la Judicatura, propuse y convencí finalmente a todo el mundo, y así quedó en la reforma al final, la eliminación de la totalidad del Consejo de la Judicatura porque incluso me parece que mucho peor que la Sala Administrativa ha funcionado la Sala Jurisdiccional Disciplinaria”, dijo.

Añadió que en el caso de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria no tiene sentido que “unos funcionarios que son netamente de origen político como los magistrados de esta Sala, tienen a su cargo “ser los jueces de la conducta de los jueces y los jueces de la conducta de los abogados”.

Esguerra recordó que la propuesta en la reforma a la justicia era en lo que tiene que ver con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que de la conducta de los abogados se ocuparan los colegios de abogados, como ocurre en muchos países, anotó, “y en el caso de los jueces se preveía que fuera un órgano que estuviera integrado por las cabezas de las altas Cortes o por funcionarios escogidos por ellos, o un tribunal ad hoc, pero con un origen distinto que no provenga del Congreso de la República el que se encargara de hacer ese juzgamiento”.

El exministro añadió que en el caso de la Sala Administrativa, “que no tiene la arquitectura ni la formación, ni la preparación ni el perfil para una función que es netamente gerencial, no puede manejarse con los criterios propios de la Rama Judicial, donde hay tribunales, donde hay magistrados, donde hay salvamentos de voto para ver si se compra un carro o un computador”.

 

 

Autogobierno

Si es necesario hacer ajustes en el Consejo Superior de la Judicatura o en su defecto establecer una nueva estructura, no hay que perder de vista que en la rama judicial se mantenga el gobierno y su administración, señaló el exmagistrado Hernando Torres Corredor, quien en 2009 presidió este Tribunal.

El jurista explicó que en el marco de la división de poderes públicos, “la Constitución del 91 creó el gobierno de la Rama Judicial, que es la posibilidad de gobernarse a sí mismo y no ser gobernado como antaño antes de la Constitución del 91 por el Ejecutivo, que tenía el Fondo Rotatorio donde se hacía físicamente despachos; el Ejecutivo tenía la formación, el Consejo Superior de Carrera Judicial; el Ejecutivo tenía lo que tiene que ver con la escuela judicial, era del Ministerio de Justicia; el Congreso de la República creaba juzgados y despachos. O sea todo estaba concentrado fuera de la Rama”.

Torres añadió que con ese propósito del autogobierno de la Rama Judicial la Carta Política creó el Consejo Superior de la Judicatura a través del cual se genera una estructura, se asegura el gobierno, la administración y el manejo del presupuesto.

Dijo que “a mí lo que me parece esencial es que en la rama judicial se mantenga el gobierno de la jurisdicción y de la Fiscalía. Eso significa que se necesita una institucionalidad. Si es necesario, por ejemplo, en este momento modificar la estructura del Consejo, si es necesario modificar los perfiles de quienes llegan allá, si es necesario modificar los requisitos o definitivamente es necesario dar otra estructura como venía en la reforma a la justicia…creo que hay que analizar es que se necesita dentro de la Rama Judicial una estructura que ejerza el gobierno, que el gobierno de la rama judicial permanezca ahí, que la administración de la rama judicial permanezca ahí”.     

 

 

No es coyuntural

Es equivocado considerar que la iniciativa de suprimir el Consejo de la Judicatura como reacción a algunos escándalos que se han presentado, pues se ha planteado desde hace mucho tiempo, le dijo a este Diario el jurista Ricardo Calvete, exintegrante de la Corte Suprema y quien integró la comisión de reforma a la justicia conformada por el Gobierno a finales de 2009.

“Lo que pasa es que cada vez hay olvido sobre ese tema y como se presenta el siguiente escándalo entonces vuelve y se recibe la idea, pero está desde hace mucho tiempo, incluso, independiente de los escándalos. Es que ese es un organismo concebido de una manera completamente equivocada por la Constituyente, de tal suerte que eso hay que suprimirlo”.

Calvete recordó que en la reforma en la que participó se suprimía la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura y se modificaba la Sala Administrativa porque “de todas manera alguien tiene que quedar administrando los recursos de la Rama y supliendo las necesidades administrativas”.

El jurista dice que es un problema que viene de la Constitución misma por la forma como se integra la Sala Disciplinaria, que “tiene un origen eminentemente político, entonces esos cupos se han utilizado para llenar las vacantes, incluso, con personas que no han resultado elegidas en las elecciones para las corporaciones, y entonces este es un premio de consolación y ese tipo de cosas”.

Añadió que en la propuesta de reforma a la justicia que la comisión de la que hizo parte le presentó al Gobierno preveía que las funciones de la Sala Disciplinaria se adelantarán como se hacía anteriormente, “que lo hacían los superiores jerárquicos, es decir, que se manejaba disciplinariamente en los tribunales y en la Corte misma”. Y el tema disciplinario de los abogados con la creación del colegio de abogados.

En cuanto a la Sala Administrativa rememoró que la propuesta preveía que se reducía a tres personas “porque tampoco es necesario que tenga seis magistrados”.

 

 

 

Reforma a la justicia

Las instituciones no tienen que cambiar sino las personas que no han tenido la altura y el pundonor de hacer respetar la dignidad que la democracia colombiana le dio, expresó Rubén Darío Henao, exmagistrado de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

 “La culpa de lo que está pasando hoy en la Sala Disciplinaria no la tiene sino una sola persona: Álvaro Uribe Vélez, cumplió con su promesa de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura el día en que ternó a las personas que hoy ocupan esas altas dignidades. El señor Villarraga debe renunciar inmediatamente a su dignidad de magistrado porque ha sido una persona indigna”, expresó Henao.

Añadió que desde el año 2006 ha hablado de la necesidad de una reforma a la justicia, “pero no es para que se suspendan o supriman órganos de la justicia, las cuatro Cortes se necesitan, lo que se necesita es cambiar los requisitos para las personas que llegan a estas altas dignidades. Además hay que recortar las prebendas que hoy tienen los altos magistrados”, como los cinco días de permiso; el turismo. “Hoy no tenemos Sala Penal (en la Corte Suprema) porque son nueve integrantes pero falta elegir uno, sin embargo los otros están en Estados Unidos”.

Añadió que los problemas que aquejan a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura también se notan en las demás altas Cortes.

Finalmente, el exmagistrado conceptuó que en la reforma a las altas Cortes hay que mejorar los criterios de selección de magistrados, recortar las competencias electorales y acabar con las prebendas que tienen los magistrados.