Con 6 votos a favor de la ponencia del magistrado Pedro Alonso Sanabria y un voto en contra del magistrado Néstor Osuna, la Sala Disciplinaria de la Judicatura dejó en firme la destitución e inhabilidad del alcalde Gustavo Petro.  

El propósito del togado era revocar los recursos de los ciudadanos que alegaban defender sus derechos y los derechos políticos del burgomaestre, frente a la decisión del procurador Alejandro Ordóñez de sacarlo del mandato.

Sanabria explicó que los derechos del mandatario “no fueron vulnerados, la decisión de la Procuraduría queda en firme, no hay medidas cautelares, quedan sin piso jurídico”.

Así mismo el magistrado argumentó que "Los derechos fundamentales a elegir y participar en el ejercicio y control del poder político no han sido desconocidos para los accionantes por parte de la Procuraduría, porque esos derechos no tienen carácter absoluto. Su ejercicio no puede impedir la existencia de procesos disciplinarios y la imposición de sanciones que en derecho correspondan"

Un solo as bajo la manga le queda al mandatario capitalino y es la decisión que tome el Consejo de Estado frente a las otras 23 tutelas que también fueron radicadas para frenar el fallo emitido por Ordóñez.