El consejo de Estado era oído pero no escuchado en las discusiones en que participó del proyecto de Reforma a la Justicia, afirmó el ex presidente de ese tribunal Rafael Ostau De Lafont. En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el ex consejero de Estado, quien cumplió su período el pasado dos de diciembre, también aseguró que todavía no hay un debate serio sobre la eliminación o no de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué jurisprudencia le deja usted al Consejo de Estado después de estos ocho años de estar en ese Tribunal?

RAFAEL OSTAU DE LAFONT: En ocho años se producen muchas decisiones, todas importantes realmente, porque al ser el Consejo de Estado el órgano de cierre de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que como es sabido tiene por objeto definir los conflictos que se suscitan entre el Estado y los administrados, cada fallo tiene una implicación y una sensibilidad social supremamente importante. La Sección Primera, a la que yo pertenezco, conoce de un sinnúmero de temas, a diferencia de lo que ocurre con las otras Secciones que conocen de temas específicos, razón por la cual me parece que hay aquí en la Sección también una gran compenetración de todos los problemas sociales que aquejan a la comunidad. Mi vocación de servicio, mi entrega del desempeño del cargo, representó siempre un norte para propiciar una mejor dispensa de justicia. Quiero expresar mi satisfacción porque creo haber cumplido la misión que me fue encomendada cuando fui elegido como Consejero de Estado.

ENS: ¿A qué se va a dedicar ahora que deja la magistratura?

RO: Antes de llegar al Consejo de Estado ya había hecho una carrera, tanto en la administración pública como en el ejercicio profesional, la docencia y la investigación académica. De tal manera que yo regreso a eso, a ordenar nuevamente mi oficina de abogado, a continuar con la docencia, aunque nunca la dejé. Seguramente tendré un poco más de tiempo para escribir más cosas y seguir en el ejercicio de la profesión de Abogado.

ENS: ¿Usted cree que el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo sí se va a poder implementar a mediados del 2012, tal como viene contemplado en la norma?

RO: Lo primero que quiero observar es que la adopción de un nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso constituye un hito importante en la vida judicial del país y de la administración pública. Vale la pena observar en ese sentido que la jurisdicción contenciosa inició su propia reforma con la adopción de este Código, porque allí hay instituciones supremamente importantes que impulsan a la administración a ser mucho más eficiente, y colocan al juez administrativo en el nuevo rol que le corresponde, como un garante de la tutela efectiva de los derechos ciudadanos. Bajo esa premisa, la trascendencia e importancia de este Código es incontrovertible, es incuestionable, porque es un realce a que el país genere a través de sus instituciones mejores caminos para funcionar también de mejor manera. La idea de que el Código entrara a regir un año después de su expedición siempre se contempló, por dos aspectos muy importantes; uno, tener un tiempo suficiente para que el país estudiara el Código, y eso se ha logrado porque el Consejo de Estado ha recorrido el país y ha hecho 16 foros totalmente gratuitos, con una asistencia aproximada, de todos ellos sumados, de 20 mil personas; eso es algo sin precedentes. De tal manera que en las universidades ya se ha discutido este nuevo texto, tenemos realizadas dos publicaciones sobre el contenido del texto. Lo segundo, es que el año para la puesta en vigencia implicaba un tiempo prudencial para que se adoptaran las medidas requeridas con el propósito de ponerlo en vigencia en debida forma; de tal manera que eso ha avanzado mucho y aspiro, por lo que veo, a que el dos de julio del año entrante el Código entre a regir, porque además se están adoptando medidas de descongestión para superar los procesos que queden vigentes, porque el nuevo Código se aplica, y esa es otra ventaja, sólo para los procesos nuevos.

ENS: ¿Han mejorado las relaciones entre el Poder Judicial y el Gobierno con el nuevo Ministro de Justicia?

RO:Lo que creo en primer lugar es que la comunicación entre los Poderes públicos debe responder a una política de Estado. La Constitución, como norma superior del ordenamiento jurídico, no solamente enseña sino que exige que haya una debida colaboración entre las entidades del Estado, sin perjuicio de las funciones que a cada una le corresponda. En consecuencia, dentro de ese contexto de colaboración, la comunicación es un elemento determinante, supremamente importante. Quiero observar, como el país lo ha visto, sin necesidad de recurrir al pasado, que en el presente hay una permanente comunicación entre los distintos Poderes públicos. El restablecimiento del Ministerio de Justicia indiscutiblemente coloca un interlocutor importante entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial. Lo que debemos recordar es que la Rama Judicial, entre otras cosas, nunca estuvo de acuerdo con la supresión del Ministerio de Justicia. En todos los países hay un ente de la Justicia que sirve como puente entre las distintas Ramas del Poder público.

ENS: El Gobierno se ha quejado porque la mayoría de demandas contra el Estado son injustificadas. ¿Usted está de acuerdo con esto?

RO:Lo primero que hay que observar es que la posibilidad de demandas contra el Estado responde a una concepción de un Estado democrático, que coloca en manos de sus asociados la posibilidad de controvertir tanto administrativa como judicialmente las actuaciones del Estado y sus autoridades. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que una cosa es el número de procesos que existan contra el Estado y otra los procesos que eventualmente puedan concluir en una condena en contra del Estado. Yo quiero resaltar como la señora Contralora General y el Procurador General en el pasado reciente, han hecho esa observación. Muchos de esos procesos concluyen absolviendo o exonerando al Estado, y otros concluyen condenándolo porque hay situaciones en las que efectivamente el Estado debe ser condenado. Desafortunadamente en el país se presentan diversas circunstancias que demuestran que el Estado ocasiona daños, y el particular o el administrado no están en la obligación de soportarlo y, por lo tanto, debe ser indemnizado. Inclusive y lamentablemente hay instituciones judiciales a nivel internacional que han condenado al Estado colombiano. Además considero que en algunos casos donde el Estado es condenado, también se requeriría de una defensa oportuna, efectiva y eficiente del Estado mismo, y yo celebro que se hayan adoptado medidas tendientes a garantizar una defensa judicial del Estado en forma idónea.

ENS: ¿Tienen ustedes un porcentaje de cuántas demandas que acepta el Consejo de Estado falla en contra del Estado?

RO:No tengo estadísticas a la mano sobre el particular, pero sí me atrevería a afirmar que son muchas más las demandas en que el Estado es exonerado, de aquellas en la que es condenado.

ENS: ¿No fue prematura la decisión del presidente del Consejo de Estado de retirarse de la discusión de la Reforma a la Justicia?

RO: Esa no fue una decisión del presidente del Consejo de Estado, sino de la Sala Plena, y no fue una decisión sorpresiva, sino que vino analizándose durante el desarrollo de las circunstancias y en donde la Corporación consideró que era oída pero no escuchada, y eso impedía un debate abierto y sostenido sobre la reforma. Es de público conocimiento que los términos eran apremiantes para el Congreso, y eso finalmente no permitía un debate a fondo de cada tema. En consecuencia, el Consejo de Estado, respetando la autonomía del Legislativo en ese sentido, consideró que de todas maneras su participación no era lo más aconsejable en estos momentos.

ENS: ¿Ese retiro tuvo que ver también con que el Senado no hubiera acogido varios de los aspectos del proyecto que radicó el Consejo de Estado?

RO: Yo diría que hay un conjunto de cosas razonadas y nada precipitadas, sino que llevaron a la Corporación a hacer un análisis muy juicioso, sobre la base de que el Consejo de Estado había presentado un proyecto, y no era que tratara de imponerlo. Lo que se pensaba era que en algo tan trascendente el debate a nivel nacional fuera mucho más profundo y amplio. El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fue un proyecto muy discutido a nivel nacional, más de lo que se está haciendo con esta reforma constitucional sobre la Justicia.

ENS: Sin embargo, el proyecto de reforma judicial ya venía discutiéndose desde el año pasado…

RO: No hubo consensos mayoritarios sobre los temas y lo que hizo el Consejo de Estado fue enriquecer el debate, y se dio cuenta en el camino de que no pudo hacerlo en la forma en que debió hacerse con detenimiento, con profundidad. Sin embargo, ahora viene un receso parlamentario y ojalá se disponga de un debate a profundidad sobre los temas de la Justicia y en lo que estoy seguro las distintas Corporaciones estarían dispuestas a prestar sus propósitos.

ENS: ¿Es partidario de que se retire el proyecto y se vuelva a presentar en marzo cuando haya mayores consensos?

RO: Lo que pasa es que el trámite de un acto legislativo tiene un proceso de ocho debates, y la aspiración gubernamental era que se lograran los primeros cuatro debates ahora. El tema de discutirlo o no ya es una cosa que le corresponde al Congreso junto con el Gobierno, y la Rama Judicial estará atenta.

ENS: ¿Ve difícil que el Consejo de Estado vuelva a la discusión de la reforma?

RO: Ese es un asunto que tendrá que valorar la Sala Plena, pero estoy seguro de que si hay una invitación en ese sentido, la Corporación la analizará, porque el haberse retirado del debate y de las discusiones no significa que la Corporación no siga opinando sobre los temas de la Justicia. De tal manera que yo creo que siempre habrá una puerta abierta para que la Corporación asuma una posición sobre el tema.

ENS: ¿Usted cree que se estaría abriendo la posibilidad de privatizar la Justicia con otorgársele facultades jurisdiccionales a abogados y notarios?

RO: Siempre he pensado que más que transferirle a particulares el cumplimiento de funciones judiciales, lo que hay es que reforzar la estructura y el funcionamiento de la Rama Judicial. Es decir, para qué transferirles a particulares el conocimiento de determinados asuntos, cuando la misma Rama Judicial, si es fortalecida en su integración, puede asumir dicho conocimiento.

ENS: ¿Está de acuerdo con que los presidentes de las Cortes integren de forma permanente la Sala de Gobierno del tribunal que reemplazará el Consejo de la Judicatura?

RO: Los presidentes de las altas Cortes deben formar parte del órgano que va a administrar la justicia, porque allí se deben formular las políticas sobre el particular. Ahora, ya como se conforme ese órgano puede ser objeto de verificación, de revisión y de tecnificación, pero sí no me cabe duda, como presidente que fui del Consejo de Estado, que los presidentes de las Cortes, que son los que conocen los problemas, contribuyan a la gestión administrativa de la Rama, formando parte del órgano que la dirige.

ENS: ¿Se debe eliminar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes?

RO: Debe haber un juicioso análisis sobre ese particular y si de verdad lo que se requiere es sustituirla o reestructurarla. Ese debate no se ha dado, y lo digo respetuosamente, no se ha dado seriamente. La Comisión de Acusación responde a una tradición histórica que se inicia en Inglaterra en el juzgamiento de los miembros de la realeza y que después fue adoptada por los Estados consecutivamente para el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, y por eso se le conoce con el nombre de juicio político, aunque también es disciplinario y penal. De tal manera que el país merece analizar si en verdad una institución de esa naturaleza debe permanecer.

ENS: ¿No cree que el período de un año de los presidentes de las altas Cortes es muy corto como para afianzar una política firme de sus respectivas corporaciones?

RO:Eso no tiene ningún problema, porque es que los presidentes forman parte de las corporaciones y estos no se van enseguida cuando salen de sus cargos; por ejemplo, yo fui presidente en el 2009 y hasta ahora en el 2011 me retiro de mi cargo. Entonces, hay posibilidad de darle continuidad a las políticas de cada corporación, y además estas no las fija el presidente sino las respectivas Salas Plenas. El presidente es un representante y un vocero de la Sala Plena, y aunque tiene unas facultades, tiene una representación corporativa, de tal manera que su período no es obstáculo alguno para que se desempeñe en debida forma.

ENS: ¿A los magistrados también se les debe garantizar la doble instancia en su juzgamiento, tal como lo propuso el presidente de la Corte Suprema de Justicia?

RO: A veces se presentan situaciones de desequilibrio en la construcción de los juzgamientos, y yo creo que en ese sentido esos son los grandes temas que hay que debatir con detenimiento, no con afanes. Por ejemplo, el Consejo de Estado propuso la doble instancia en la pérdida de investidura, y por qué no se debate si en el juzgamiento de los magistrados también debe haber doble instancia.