La elección de Pedro Munar como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura fue anulada por el Consejo de Estado, en un proceso ‘gemelo’ del de Francisco Ricaurte, a quien la semana pasada le negó la última solicitud de aclaración del fallo.

Con estas sentencias, el Consejo de Estado se ha propuesto ponerle candado a la llamada puerta giratoria o el carrusel en las altas cortes que tantos cuestionamientos y críticas generaron sobre los togados ya que saltaban de corte en corte con el voto de los amigos.

Los consejeros decidieron, con ponencia de la magistrada Stella Conto, que se presentaron irregularidades en la elección del magistrado que de la Corte Suprema de Justicia pasó a la Judicatura.

Para el alto tribunal, las elecciones de Munar y Ricaurte estuvieron manchadas de vicios de irregularidad. En los dos casos la magistrada sustanciadora Conto y su colega Alberto Yepes lideraron la tesis de que había que anular las elecciones. La primera decisión, la de Ricaurte, se decidió el 25 de junio, después de horas de intensos debates.

Los procesos de elección de Ricaurte y Munar fueron demandados por el Centro de Estudio de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el primero el 24 de enero de 2013 y el segundo el 21 de marzo, argumentando la violación del artículo 126 de la Constitución, al nombrar en un cargo público a quien previamente había intervenido en su designación.

Para el jurista Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, la demanda buscaba “combatir el nepotismo, el amiguismo y los carruseles de favores”.

Además de violar el mismo precepto constitucional, la ruta seguida por Munar y Ricaurte es muy similar: ambos fueron presidentes de la misma Corte Suprema y luego elegidos en la Judicatura por los magistrados que ellos ayudaron a nombrar.

Cuando el alto Consejo anuló la elección de Ricaurte, la presidenta de la corporación María Claudia Rojas declaró que ese fallo iba a “marcar una pauta” y anunció que “con esto arranca la reforma a la justicia”.

Desde ese momento, Ricaurte a punta de recursos jurídicos no solo se ha mantenido como magistrado de la Judicatura, sino que siguió ostentando la dignidad de presidente de ese colectivo durante más de cuatro meses.

La semana pasada, como ya se dijo, el Consejo le negó a Ricaurte el último recurso, por lo cual hoy debería abandonar su posición como magistrado.

De inmediato salta la pregunta si Munar logrará sostenerse el mismo tiempo sin dar el ejemplo de cumplir con una sentencia judicial.

Pero también surge otro interrogante. ¿Qué tanto influirán estas decisiones en el proceso que adelanta el Consejo acerca de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez? Uno de los cuatro argumentos expuestos por Dejusticia al demandar en febrero de 2013 el segundo nombramiento de Ordóñez es precisamente la violación del artículo 126 constitucional.