El alto tribunal aceptó estudiar una demanda interpuesta por el exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, mediante la cual busca que se anule la destitución e inhabilidad en su contra por 18 años para ejercer cargos públicos, la cual fue impuesta por la Procuraduría.

En la acción judicial, el exfuncionario no pide indemnización económina alguna, sino que se anule la sanción disciplinaria por considerar que no se tuvieron en cuenta las pruebas que presentó su defensa a lo largo del proceso.

Sabas Pretelt de la Vega fue sancionado disciplinariamente por entregar una notaría al entonces representante a la Cámara, Teodolindo Avendaño, para que éste apoyara el proyecto de reelección presidencial.