Una demanda contra la Nación interpuesta por la exdirectora del IDU Liliana Pardo fue aceptada por el Consejo de Estado.
 

Por medio de la acción judicial la exfuncionaria pretende una indemnización de 315 millones de pesos por los daños y perjuicios causados por la sanción disciplinaria del Ministerio Público que la inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos.
 

Pardo afirmó haber padecido angustias como consecuencia de la decisión tomada por la Procuraduría en su contra, por lo cual solicita además que el fallo quede sin efectos jurídicos.