Un segundo contrato que aumentaba las ganancias del negocio inmobiliario que concretó la nuera de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, gracias las gestiones del hijo de ésta, fue revelado este viernes por la revista Qué Pasa.
El escándalo ha dañado la imagen pública de Bachelet y tras el revuelo causado, su hijo mayor, Sebastián Dávalos, fue forzado a renunciar al cargo no remunerado que ejercía en el área social del gobierno de su madre.
Bautizado por la prensa como el "Nueragate", la revista Qué Pasa reveló este viernes otro contrato suscrito en el marco del millonario negocio inmobiliario que cerró la empresa Caval, de propiedad en un 50% de la esposa de Dávalos, Natalia Compagno.
Bajo el título "La otra pasada de Caval", Qué Pasa afirmó que tras la venta a un particular por casi 15 millones de dólares de terrenos ubicados en la localidad de Machalí (sur) -con la perspectiva de un cambio en la regulación de esos suelos y aumentar así su valor-, se firmó otro contrato que aseguraba una comisión de al menos el 26% de la futura reventa de los mismos terrenos.
Por el primer negocio, la firma Caval obtuvo una ganancia de más de cuatro millones de dólares, a la que se le sumaría al menos otros dos millones en caso de concretarse una segunda venta de los mismo terrenos, cuya regulación debía pasar de considerarles zona agrícola a zona urbana (lo cual permite realizar edificación).
Sebastián Dávalos (36), un cientista político, se desempeñaba como gerente de negocios de la empresa Caval antes de que su madre asumiera el gobierno en marzo de 2014.
Desde esa posición y en medio de la campaña electoral que tenía como amplia favorita a su madre, gestionó en persona un millonario crédito por 10 millones de dólares que le permitió a la empresa Caval comprar los terrenos.
Para obtener el crédito, Dávalos y su esposa se reunieron personalmente con Andrónico Luksic, uno de los dueños del Banco de Chile, que aprobó la transacción al día siguiente de que Bachelet ganara la elección presidencial.
La justicia lleva adelante en una investigación judicial, tras una denuncia de "tráfico de influencia" y "uso de información privilegiada" en contra de Dávalos y su esposa.
El caso llevó a la presidenta Bachelet a obtener su más bajo respaldo de su segundo mandato, con 39%