Aunque los recelos entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo están sobre la mesa de la realidad política nacional, ambos están obligados a sacar adelante reformas económicas cruciales para el desarrollo durante este semestre.

Para nadie es un secreto que a pesar de las diferencias entre Congreso y Gobierno, acentuadas a raíz de la malograda Reforma a la Justicia, las dos instituciones deben pasar la página y concentrarse en adelantar y perfilar iniciativas que el país requiere.

Entre los proyectos que deberán debatir estarán necesariamente la Reforma Pensional, Tributaria, el nuevo Código Minero, la Ley de Desarrollo Rural y el Presupuesto General de la Nación, sumados a la iniciativa sobre el precio de los combustibles y la venta de Ecopetrol. Frente a este panorama, EL NUEVO SIGLO presenta los elementos más importantes que podrían estar dentro de cada proyecto.

 

Reforma Tributaria

Tras muchas especulaciones, ha empezado a esbozarse el contenido de la Reforma Tributaria que sería presentada a consideración del Congreso durante la segunda legislatura del año.

Indica Fedesarrollo que el mayor mérito de la reforma propuesta por el Gobierno radica en el énfasis a los temas de equidad y progresividad de la estructura tributaria. Es bien sabido que Colombia tiene una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo. Además, la contribución de la estructura tributaria y de transferencias a la mejora en la situación de equidad es mucho más limitada que la que se tiene en los países avanzados.

La propuesta planteada por el Gobierno de eliminar la exención tributaria de las pensiones superiores a $13 millones resulta un paso en la dirección acertada.

Los cambios más importantes de la reforma están concentrados en la distribución del impuesto de renta entre las empresas y las personas naturales. Colombia tiene dos características indeseables en la estructura de ese impuesto.

El Gobierno ha planteado una reducción de las tarifas de impuesto a las empresas desde 33% actual hasta 27%. Esto representa un avance significativo en materia de competitividad y generaría una mayor equidad entre las empresas que hoy pagan el impuesto pleno y aquellas (típicamente grandes) que han accedido a regímenes especiales de excepción y han consolidado sus beneficios mediante contratos de estabilidad jurídica con el Estado.

Desde el punto de vista de la tributación empresarial, el Gobierno también ha esbozado un régimen simplificado para tenderos y otros pequeños empresarios que ayudaría a incorporarlos en la formalidad.

Paralelamente con la baja en la tributación empresarial, la propuesta del Gobierno tiene varios elementos que ayudarían a incrementar los impuestos directos que pagan las personas naturales. Uno de ellos consiste en establecer uno de 4% sobre los dividendos que reparten las empresas a sus dueños, el cual regiría también para las remesas enviadas a inversionistas del exterior.

Con esto se estimula la retención de utilidades en cabeza de las empresas y se garantiza que sus propietarios paguen implícitamente una tarifa de 31% sobre las utilidades repartidas. Se trata de un paso en la dirección correcta que, sin embargo, plantea un par de inquietudes.

En particular, no es clara la razón para bajar la tributación implícita sobre los dividendos que reciben los dueños de las empresas de 33% actual a 31% en la propuesta, cuando simultáneamente se estarían aumentando significativamente las contribuciones exigidas a los asalariados de niveles altos.

Otro planteamiento del Gobierno para incrementar la tributación de las personas naturales se refiere a la reducción de exenciones para los asalariados de altos ingresos. Aquí propone la eliminación de la exención de 25% que tienen todos los salarios y la racionalización de algunos beneficios asociados a la compra de vivienda.

Igualmente importante para mejorar la estructura de recaudo a través del impuesto sobre la renta es la creación de un Impuesto Mínimo Obligatorio Nacional (IMAN), el cual serviría para sustituir el impuesto sobre renta presuntiva que hoy existe, basado exclusivamente en el patrimonio, por algo más asociado a la capacidad de pago de cada contribuyente. El diseño de este mecanismo plantea, sin embargo, enormes complejidades.

 

Reforma al Código Minero

Aparentemente, el nuevo Código Minero busca darle más herramientas al Estado para facilitar la formalización del sector y que éstas a cambio tengan menos carga tributaria.

Sin embargo, el proyecto de ley pretende poner más exigencias a la hora de otorgar licencias mineras, pero tendrá un capítulo de exenciones tributarias, otro de endurecimiento de las sanciones y por último uno que le da instrumentos al Gobierno para expulsar una empresa minera con mayor brevedad.

El Gobierno retomará la iniciativa luego de dos años de que la Corte Constitucional tumbara el Código Minero por falta de consultas previas a las comunidades afrocolombianas e indígenas.

Solicitan los expertos la protección de las familias ubicadas en 328 municipios para que puedan desarrollar la minería de forma artesanal.

Proponen que el nuevo Código Minero incluya como requisito para las grandes empresas de este sector, en su mayoría extranjeras, una cuota de empleo en mano de obra no calificada, que 75 de cada 100 puestos de trabajo sean otorgados a personas de la región y que la multinacional que adquiera ese compromiso será mejor calificada.

La generación de empleo en la minería es baja. Entre 2004 y 2011 en el sector minero sólo crearon 8.000 empleos, el desempleo en municipios mineros es cercano a 50 por ciento, de acuerdo con cifras de Sintraminercol.

Otra de las medidas que debe tener el Código tiene que ver con la democratización de las empresas. En otras palabras, que incluyan a estas familias como accionistas.

La participación la determinará el Gobierno, pero oscilaría entre 5 y 10 por ciento. Ese punto sería calificado a la hora de otorgar o revalidar los títulos. Otra iniciativa tiene que ver con que las grandes multinacionales mineras paguen un ‘impuesto verde’ y traten el agua con que realizan la actividad. Ese impuesto verde ayudaría a cambiar esta realidad y sería destinado directamente a los entes territoriales e incluso se promovería que tengan la destinación específica de generar empleo.

 

Presupuesto General de la Nación

El Presupuesto que presentará este año el Gobierno al Congreso contemplará una suma cercana a 175 billones de pesos.

Parte de la inversión que ejecutará en el área social, 70 por ciento de los 40.7 billones anunciados de Presupuesto para 2013, se distribuye en las siguientes iniciativas: indemnización a 124.000 víctimas de la violencia, que podría llegar a costar aproximadamente cinco billones de pesos.

Se incluirá el financiamiento por 4.2 billones de pesos para uno de los planes bandera de la administración Santos, la construcción de cien mil viviendas gratuitas, que se espera esté culminada a mediados del próximo año.

A pesar de que no tiene una cifra definitiva para presentarle al Congreso en la actual legislatura, en el borrador de anteproyecto el Gobierno contempla 11,7 billones de pesos para las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, destacan en el anteproyecto las solicitudes del Presupuesto de los tres ministerios nuevos, Ambiente, Trabajo y del Interior, que suman 454.902 millones de pesos.

De acuerdo con el anteproyecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó 213.375 millones de pesos, el de Trabajo $17.324 millones y el del Interior $224.203 millones.

Si la suma contemplada inicialmente en el PGN se mantiene, ésta tendrá un incremento de 4,2 por ciento frente a la del 2012.

Para 2013 se aumenta la Inversión al tiempo que se reduce la Deuda. “Estamos aumentando la Inversión en un 11 por ciento y la Deuda la venimos reduciendo”, sostuvo el presidente Juan Manuel Santos.

Asimismo se tiene en cuenta que para 2013 la Regla Fiscal entra a operar. El Mandatario aseguró que “vamos a tener equilibrio fiscal en el año 2013”, como una de las conclusiones del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

“Dentro del marco de mediano plazo, aceptamos y aprobamos las proyecciones y las medidas que se tomaron y que se van a tomar para tener en el año 2013 un déficit consolidado del 1 por ciento. Eso en términos técnicos quiere decir que ya llegamos al nivel que queríamos llegar en el 2014, y es el nivel de equilibrio. Vamos a tener equilibrio fiscal en el año 2013. O sea, estamos recibiendo más recursos de los que estamos gastando”, señaló el Mandatario.

 

Ley de Desarrollo Rural

El proyecto busca fomentar el desarrollo rural con un enfoque territorial y planificar el ordenamiento de la propiedad y el uso de tierras rurales.

Gran parte de la misión, de acuerdo con el borrador, estará concentrada en el Incoder, entidad que se encargará de apoyar las políticas de formalización y de acceso a la propiedad de la tierra. Sin embargo, existen allí temas complejos, como la adjudicación de terrenos baldíos y la posesión de predios en un país donde el acceso a la tierra continúa siendo desigual, como lo reiteró un informe de las Naciones Unidas en septiembre de 2011.

La ley incluirá el agrupamiento de toda la legislación agraria de Colombia; se recrea la institucionalidad hoy inexistente para construir embalses regulatorios del agua en Colombia, se realza el rol de la mujer rural, de la vivienda rural, y de las vías de acceso a la tierra de los campesinos hoy carentes de ella.

El proyecto propone normas modernas para agilizar la formalización de la propiedad agraria en nuestro país, y para moderar los conflictos cada vez más agudos que se están presentando entre minería y agricultura.

El texto de la Ley de Desarrollo Rural plantea de entrada la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Rural como entidad adscrita al Incoder y cuyo objetivo es financiar “los diferentes programas de desarrollo rural, de infraestructura extrapredial de adecuación de tierras y acceso a tierras a que se refiere la presente ley”.

Agrega el documento que este Fondo estará financiado con recursos del Estado, bonos agrarios, dinero de las tierras que venda, donaciones, entre otros, y será administrado por una fiducia comercial constituida por el mismo Incoder.

Otros enfoques son el acceso a la infraestructura productiva y al crédito, financiamiento, asistencia técnica, capacitación a pequeños productores y conservación ambiental. Para poner en marcha este propósito, diferentes entidades nacionales tendrán que estructurar presupuestos y planes.

 

Reforma a las CAR

La versión más reciente del proyecto de reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) incluye medidas para ampliar la base de los obligados a pagar tasas retributivas por uso del agua, aumentos en el porcentaje del impuesto predial que cobran los municipios y que por ley les ha correspondido a las CAR, la sobretasa al avalúo de los bienes inmuebles, que pasa de entre 1,5 y 2,5 por ciento a ser de entre 2 y 2,5 por ciento.

De igual manera, se amplía el rango de transferencias que hace el sector eléctrico a las CAR, al pasar de solo empresas generadoras de energía hidroeléctrica, cuya potencia instalada supere 10.000 kilovatios, a las que generan 3.000 kilovatios.

Todo esto junto subirá las cifras en los ingresos de las Corporaciones, pero los que hacen reparos a la propuesta legislativa argumentan que lo que ganarán es poco en comparación con lo que perderán.

Desde hace algunas semanas el Ministerio de Ambiente hizo llegar el articulado del proyecto a los integrantes de las Comisiones Quintas de Senado y Cámara.

Este proyecto apunta a la modificación de los órganos de dirección de las CAR y no al rango constitucional de las mismas.

Es una reforma a la estructura interna, a la forma como son designados los directores y a las competencias mismas para fortalecer su papel en la preservación del ambiente y mitigación del riesgo. El proyecto prevé que se reformen los órganos de dirección y define unas juntas más pequeñas y de composición distinta para elegir a los directores.

La consulta previa que tiene que hacer el Gobierno a las comunidades indígenas y afro por las implicaciones que sobre las mismas pueden tener las disposiciones establecidas en un proyecto de ley, en aspectos como ambiente, cultura y sociedad, se ha convertido en una papa caliente para el Gobierno nacional frente al trámite de los proyectos en el Congreso.

 

Reforma Pensional

Uno de los puntos que podría tener el proyecto de reforma pensional que será presentado en septiembre al Congreso, será el marchitamiento al régimen de prima media, limitar las altas pensiones que otorga el Seguro Social, incrementar e igualar las edades de jubilación para hombres y mujeres, así como aumentar los aportes.

Se eliminarían los requisitos para la consecución de la pensión mínima y la obligación de incrementarla periódicamente.

El proyecto será llevado a una gran mesa de concertación en donde tengan participación los representantes de los trabajadores, empresarios, académicos y todos los sectores con interés sobre el particular.
El Gobierno es partidario de que la reforma pensional debe abordarse de forma integral como la cobertura, la sostenibilidad del sistema, sus parámetros y el funcionamiento de los regímenes de prima media y ahorro individual.
El Gobierno Nacional sí está contemplando elevar la edad de jubilación.

El ministro de Trabajo Rafael Pardo Rueda dijo que el aumento de la edad “es uno de los parámetros” de la reforma. Sin embargo, aseguró que “no necesariamente” esa tendrá que ser la base de la iniciativa.

En diálogo con Caracol Radio, el funcionario manifestó que Colombia tiene otros problemas con el sistema pensional, distintos a la edad.

“El principal problema es que solamente hay 1’500.000 colombianos que reciben pensión; en Europa el 75% de la población mayor recibe pensión”, señaló.

“Cotizando actualmente hay ocho millones de colombianos y en algún momento han pasado por el régimen pensional 14 millones”, señaló.

Por eso, la prioridad del Gobierno en la reforma es primero ampliar la cobertura de quienes están dentro del sistema de pensiones.

La iniciativa, que aún está en borrador, busca “cobertura, equidad y sostenibilidad” dentro del sistema colombiano.

En ese sentido, Pardo descartó que el sistema sea una “bomba de tiempo”, como lo aseguró hace varios días el presidente de la Andi Luis Carlos Villegas.

 

Venta de Ecopetrol

Aunque el ministro de Hacienda y Crédito Público Juan Carlos Echeverry dijo que la privatización de la petrolera no se llevará a cabo al menos este año y será sustituida por el mayor recaudo de impuestos, el Gobierno había incluido esta enajenación dentro de su Plan Financiero 2012.

El Gobierno había establecido en su plan financiero para 2012 privatizaciones por $5,1 billones (US$2.781 millones), de los cuales la mayoría correspondía a la venta de una porción de Ecopetrol, en la que el Estado posee 88%.

El director de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Juan Ricardo Ortega estimó a mediados de mayo queel recaudo tributario llegaría este año a unos $103 billones (US$56.167 millones), muy superior a la meta prevista de $90,18 billones (US$49.176 millones).

Sin embargo, el ministro de Minas y Energía Mauricio Cárdenas Santamaría dijo en una entrevista con la agencia Bloomberg que es momento propicio para que el Gobierno salga de tres puntos porcentuales de su participación en la petrolera (unos US$3.000 millones).

El Gobierno vendería hasta tres puntos porcentuales de su participación en la compañía, que hoy es de 88,5%. Eso equivale a unos US$3.000 millones, que con una tasa de cambio de $1.800, sumarían $5,4 billones.
Pero el proceso de venta debe contar con la aprobación del Congreso de la República, que según el Ministro de Minas, podría conseguirse este año.
"Este es el momento adecuado para hacerlo (...) los nuevos inversores tendrán que venir desde el extranjero", dijo Cárdenas en la entrevista.
Cabe resaltar que la venta del Gobierno es un proceso diferente al cupo de emisión de acciones que viene agotando la compañía desde 2007, previa autorización del Congreso, y cuyos recursos se utilizarán para capitalizar la empresa.
La emisión de acciones en la primera ronda logró repartir 10,1% del capital accionario de la empresa y posteriormente, en una segunda ronda que se llevó a cabo a mediados de 2011, vendió 1,67% adicional, por $2,4 billones (US$1.300 millones).

 

Precio de los combustibles

En junio de este año, la Comisión Quinta del Senado dejó hundir el proyecto que buscaba cambiar la manera en la que se daban los precios de la gasolina y el APCM. Sin embargo, esta iniciativa sería presentada otra vez al Congreso, ya que varios Senadores insisten en que el valor interno de la gasolina y el ACPM no debe estar atado a las cotizaciones externas del crudo. Además, se está estudiando la forma como se deben quitar impuestos del componente del precio, para que los combustibles le lleguen al usuario más barato.

En el anterior proyecto, “se modifican las disposiciones relacionadas con el precio de la gasolina motor, el ACPM y el GLP y se dictan otras disposiciones”, fue radicado el 23 de noviembre por los senadores Alexandra Moreno, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), Guillermo García y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal.

La idea de los congresistas es regular el precio de los combustibles, teniendo en cuenta los costos de producción nacional para determinar en el caso de la gasolina el ingreso al productor, el ACPM y el gas licuado de petróleo (GLP). Además, se modifica la estructura tributaria y demás cargos adicionales que paga el consumidor final vía tarifa.

Precisamente, la Comisión de seguimiento al precio de los combustibles del Congreso anunció que volverá a presentar el proyecto de ley que pretende disminuir el precio de la gasolina en aproximadamente $2 mil.

El senador Luis Fernando Velasco, promotor de la iniciativa, aseguró que es insuficiente la disminución en el precio de los combustibles anunciada por el Gobierno teniendo en cuenta el costo internacional del petróleo.
“La gasolina de referencia es la gasolina de la costa del Golfo de Estados Unidos”, señaló Velasco.

Por su parte, la senadora Moreno Piraquive expresó que también le van a proponer al Gobierno que incluya la reducción del precio de los combustibles en la Reforma Tributaria.

“Se va a radicar por parte del Gobierno la Reforma Tributaria y allí vamos a proponer, el mismo grupo de senadores, que se eliminen esos impuestos a la gasolina”, aseguró.

El proyecto de ley consiste en la eliminación de varios impuestos que, para los Senadores, son innecesarios y que permitirán una reducción de alrededor de $2 mil.