En diciembre de este año vence el plazo para que el Ejecutivo radique una iniciativa en este sentido.

MIENTRAS EL Congreso espera que el Gobierno presente el proyecto por medio de cual redefine el manejo de las funciones de la pantalla chica, tras la reforma legislativa que autorizó la supresión de la Comisión Nacional de Televisión, ya surgieron dos propuestas en este sentido de origen legislativo.
Se trata, por una parte, del proyecto 51 de 2011, de autoría del senador Jorge Guevara, del Polo Democrático, que “establece el nuevo régimen jurídico para el servicio público de televisión”, para garantizar el derecho fundamental a la información y el acceso democrático al espectro, así como fomentar la industria audiovisual, mediante la protección del talento nacional y el fortalecimiento de la televisión pública.

El otro proyecto, presentado por los senadores Edgar Espíndola, del Partido de Integración Nacional (PIN), e Iván Darío Agudelo, del Partido Liberal, es el 47 de 2011 Senado, “por la cual se reestructura y se reglamenta el servicio público de televisión, las tecnologías de la información y las comunicaciones, se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se reestructura la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”.
Este proyecto determina la organización y la estructura de la Entidad Nacional de Televisión (ENT) y dicta disposiciones en materia de la prestación del servicio público de televisión.

Mientras tanto corre el reloj en contra del Ejecutivo para la radicación de su iniciativa, pues el acto legislativo que desconstitucionalizó la Comisión de Televisión dio 6 meses a partir de su entrada en vigencia (el 21 de junio pasado fue sancionado por el presidente Santos) para que el Congreso, a iniciativa del Gobierno, “expida las normas mediante las cuales se defina la distribución de competencias entre las entidades del Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de los servicios de televisión. Mientras se dicten las leyes correspondientes, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) continuará ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la legislación vigente”.

Sobre el proyecto que radicó y que reglamenta el acto legislativo que aprobó la supresión de la CNTV, el senador Guevara le dijo a EL NUEVO SIGLO que “propone, entre otras cosas, que el Gobierno no reparta las funciones de la televisión en varios organismos. El Gobierno tiene en mente entregarle, unas a la Comisión del Espectro, otras a la Comisión de Regulaciones, otra al Ministerio de Comunicaciones y además a la Superintendencia. Nosotros decimos que el Gobierno debe crear un organismo que maneje en general la televisión, y donde estén representados los diversos sectores. Segundo, que mantenga la televisión pública y tercero que mantenga la televisión comunitaria”.

Según el legislador, lo peor que puede ocurrir ahora es que el Gobierno disgregue las funciones de la televisión en diferentes entes, en lugar de unificarlas en un ente adscrito al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En igual sentido, en el proyecto de Espíndola y Agudelo  la ENT no sólo asumirá las funciones de la CNTV, sino que también reestructurará de fondo el servicio público y la industria de la televisión. Esta entidad tendría personería jurídica, con autonomía administrativa, técnica y operacional.

Los proyectos aún no reciben su primer debate en la Comisión Primera de Senado, aunque según fuentes del Congreso consultadas por este Diario, esta célula legislativa espera que el Gobierno nacional radique su iniciativa con objeto de acumular estas tres propuestas.
Con relación a que el Congreso se le haya adelantado al Gobierno, Espíndola advirtió que lo importante es que algunas de las iniciativas contenidas en las distintas propuestas sean articuladas con las gubernamentales.

El proyecto del senador Guevara propone la creación de “la Autoridad Nacional de Televisión” (ANT) “como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con personería jurídica, autonomía e independencia técnica, administrativa, patrimonial y financiera”.

De acuerdo con la otra iniciativa, explicó Espíndola, “en la ENT se hará énfasis en el tema de fiscalización y contenidos”.

Según la iniciativa de Guevara, la ANT deberá ocuparse, entre otras funciones, de ejecutar la política que en materia de televisión determine la ley, así como desarrollar los planes y programas que el Gobierno Nacional adopte sobre el servicio de televisión.
Adjudicar u otorgar las concesiones del servicio de televisión y de espacios de televisión, de conformidad con la ley y los reglamentos del Gobierno Nacional, así como aprobar las prórrogas de los mismos.

Gestionar, asignar, controlar y vigilar las frecuencias radioeléctricas atribuidas para el servicio de televisión así como el cumplimiento de los permisos otorgados para su uso.

Coordinar con la Agencia Nacional del Espectro los asuntos relativos a la gestión, administración y control del espectro radioeléctrico atribuido para televisión.
En junio pasado al promulgar el acto legislativo que desconstitucionalizó la Comisión de Televisión, el presidente Santos dijo que habrá una entidad independiente del Gobierno que se encargará de la regulación y vigilancia de contenidos, así como de las concesiones en materia de televisión.

“Aquellas funciones que puedan ser asignadas a otras entidades que ya existen en el Estado, sin generar mayores costos, serán asumidas por éstas”, expresó Santos.