Que el Congreso es la institución más desprestigiada en Colombia no es un ninguna sorpresa. Como tampoco que para muchos el Parlamento simboliza la mezcla de los mayores males que tiene el país, empezando desde la corrupción, pasando por la politiquería y terminando en las relaciones non sanctas con factores delincuenciales de los más diversos pelambres.

Y, a decir verdad, se ha ‘ganado’ a pulso esa percepción, no sólo por la forma en que todos la mayoría de los congresos terminan sometidos al poder burocrático de los gobiernos de turno, o tramitando soterradamente leyes que no en pocas ocasiones benefician a sectores muy particulares en detrimento de los intereses de la mayoría, o imbuidos en escándalos como el de la parapolítica, que llevó a la cárcel a más de sesenta senadores y representantes en los últimos cinco años.

Todo eso es cierto y negarlo sería de una ingenuidad extrema. Es más, como bien lo advertía años atrás un veterano senador, en Colombia hablar mal del Congreso es una especie de ‘deporte nacional’ pero también lo es que el Congreso está metido, directa o indirectamente, en cuanto escándalo surge.

Sin embargo, a la hora de criticar las generalizaciones terminan siendo un arma de doble filo, así como las concepciones prejuiciosas. Y eso es precisamente lo que está pasando por estos días frente a dos asuntos puntuales que tienen que ver con los parlamentarios, sus sueldos y sus campañas.

¿Altos o bajos?

Como se sabe, semanas atrás dos sentencias del Consejo de Estado dejaron sin piso sendas primas que se les pagaban a los parlamentarios por concepto de localización y de salud.

Más allá de las razones jurídicas de los fallos, lo cierto es que por efecto de tales sentencias las asignaciones mensuales de senadores y Representantes disminuyeron casi 8 millones de pesos. A la par de ello, dado que la escala salarial de magistrados y altos funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría, entre otros, está atada por ley a los sueldos de los congresistas, entonces esa rebaja no solo afecta el sueldo de 268 parlamentarios, sino de alrededor de 2.000 altos funcionarios.

Obviamente, dado el desprestigio del Congreso, y más aún en momentos en que se hablaba de nuevos casos de ausentismo y de trabajo a media marcha en comisiones y plenarias, bloqueando proyectos tan prioritarios como la reforma a la salud, la polémica de inmediato se volcó en contra del Parlamento.

Desde todos los flancos se protestó por el anuncio del Gobierno de expedir un decreto para crear otra prima que supliera el monto económico de las dos ya anuladas, restituyendo así el sueldo de los parlamentarios y de los 2.000 funcionarios más.

Llovieron rayos y centellas sobre el Congreso y el Gobierno. Incluso se mencionaron estudios sobre el nivel salarial de nuestros parlamentarios frente a los de otros países. Y hubo hasta voces a favor de tramitar en Colombia un referendo parecido al del fin de semana pasado en Irlanda en el que por un estrecho margen se salvó el Senado frente a la propuesta gubernamental de acabarlo para ahorrar gasto público.

¿Qué tanta razón tiene la polémica? Habría que decir que aquí pesa más la percepción negativa que tiene la opinión pública sobre el Congreso, que los argumentos serios y de fondo.

El idealismo político enseña que un parlamentario está allí para servir al público, pero en realidad el de congresista es un trabajo y los titulares de escaños tienen que devengar por su labor, y dado que es una alta dignidad del Estado, pues el salario debe ser proporcional.

Es más, si algo han demostrado los estudios a nivel mundial sobre corrupción es que cuando personas que tienen altas responsabilidades ganan un sueldo bajo, el riesgo de corrupción e ineficiencia aumenta.

La dignificación salarial tiene, en esa dimensión, un componente de blindaje frente a un ambiente altamente contaminado por la componenda, el clientelismo, la politiquería, el lobby malicioso o múltiples ejes de presión que quieren direccionar la legislación a proteger o beneficiar intereses particulares y hasta oscuros.

Más allá de la polémica que se formó en su momento, lo cierto es que le asistía cierta razón al entonces presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, cuando dijo de forma tan sincera, como sin ningún cálculo político, que “… Prefiero no robar al Estado y que me paguen la gasolina".

Aunque suene descarnada, la pregunta es: ¿cuándo hay más riesgo de corrupción o de mayor ineficiencia: cuando el sueldo de un congresista es bajo o cuando la remuneración está acorde con la dignidad política que ostenta?

Hay muchos parlamentarios cuestionados, eso  es innegable. Pero también hay senadores y Representantes muy trabajadores, transparentes y que viven de sus sueldos y hacen uso de las gabelas y comodidades propias de los congresistas, como camionetas blindadas, pasajes, escoltas y otros.

Eso mismo pasa en la gran mayoría de los países latinoamericanos y europeos, en donde el congresista tiene un estatus y devenga un sueldo proporcional al mismo. Rasgarse las vestiduras por ello, o llamar a la indignación popular, tiene un tinte más de oportunismo electoral y puritanismo político, que de una reacción realista y motivada.  

Los aportes

El otro gran debate de la semana se dio alrededor del accidentado trámite de la reforma a la salud. En el Senado por lo menos 15 congresistas manifestaron su impedimento para participar de la discusión de la iniciativa por haber recibido aportes de empresas o personas cercanas al sistema, especialmente de las EPS o IPS.

De inmediato se prendió todo una polémica e incluso se empezó a hablar de “la bancada de las EPS” y a achacarles a estos senadores las trabas que ha tenido el proyecto de ley para ser discutido y aprobado en la plenaria.

No hay que caer aquí en el puritanismo político. Mientras que en Colombia se permita la financiación por parte de particulares y empresas privadas de las campañas políticas, esta situación se va a repetir una y mil veces.

Hoy la lupa está puesta sobre los parlamentarios que fueron apoyados por sectores relacionados con la salud, pero cuando venga el debate pensional, entonces el listado de congresistas será otro. Y si ahondamos en proyectos relacionados con el sector agrícola, comercial o industrial, el número de impedimentos será más grande.

Una campaña al Congreso cuesta y como en Colombia no hay financiación estatal completa, entonces los particulares dan plata, y la dan para luego pedir a quienes la recibieron que cuando haya leyes que toquen sus respectivos intereses, al menos les escuchen sus razones. Y eso pasa en Colombia y en todo el mundo.

¿Cómo cambiar esa situación? Sencillo, que el Estado financie las campañas en su totalidad. Pero, he ahí el dilema, si lo hace, entonces la opinión pública protestará porque esos recursos es mejor dirigirlos a inversión en los más pobres y desprotegidos. Un debate cíclico, desgastante y de nunca acabar.

El sector público

Esta situación termina siendo muy parecida a lo que pasa en el sector público, sobre todo en los altos cargos y aquellos que requieren un principio de especialización muy alto, sobre todo a nivel ministerial, de superintendencias o entes de control.

¿Dónde se encuentran profesionales con este tipo de experiencias y perfiles? Pues en el sector privado, es decir en las empresas y firmas relacionadas con la labores de vigilancia, control o regulación del respectivo ministerio, superintendencia, instituto, agencia o entidad oficial.

Sobreviene, entonces, un alud de inhabilidades, impedimentos y conflictos de intereses, pues los altos funcionarios no pueden conocer de asuntos relacionados con sus anteriores trabajos en el sector privado, precisamente aquel en que adquirieron la experiencia por la cual fueron llamados al alto cargo público. De nuevo aquí surge un debate cíclico, desgastante y de nunca acabar…

Comprensiblemente la opinión pública, los columnistas y voceros de sectores económicos, sociales, institucionales y económicos se quejan de que por qué nombraron a personas que tienen tales inhabilidades. Pero de inmediato surge la pregunta obvia: ¿Y entonces de dónde se iba a sacar la gente que tenía experiencia en ese campo?

La excanciller Noemín Sanín lo expuso claramente esta semana en un programa radial: a veces en el sector público quieren personas “vírgenes pero con experiencia”, lo cual es imposible.

¿Entonces?

En la política hay que aplicar el realismo. No hay congresista que no reciba financiación de terceros y éstos tarde o temprano, cuando el Parlamento debate algún tema relacionado con sus intereses, pues buscarán a quienes ayudaron para pedirles que escuchen sus argumentos. Es un cabildeo normal y pasa en todo el planeta. Otra cosa es que acudan a maniobras ilícitas para bloquear proyectos o torcerlos a favor de intereses particulares. Eso ya es un delito.

Y tampoco hay parlamentario que no cobre sueldo. Los que lo pueden hacer es porque tienen recursos propios, pero esos son casos excepcionales. Un alto funcionario bien pagado da más garantía de calidad, servicio y transparencia, que uno con sueldos que son infinitamente inferiores a los que pagan en el sector privado, al tiempo que es menos susceptible a recibir sobornos o caer en corrupción. Bueno, al menos así es la mayoría de las veces…