Un grupo bipartidista de ocho senadores alcanzó un acuerdo para refundar el sistema de inmigración en Estados Unidos y legalizar a más de 11 millones de indocumentados, pero en función de la seguridad fronteriza, según su proyecto obtenido por la AFP este lunes.

La propuesta de ley de reforma migratoria elimina el sistema actual de visas por diversidad geográfica, limita la reagrupación familiar e implementa un nuevo modelo de inmigración en función de los intereses económicos del país, con cuotas de trabajadores por sectores.

Negociado a lo largo de más de dos meses por cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos, el proyecto supondría la reforma migratoria más importante en Estados Unidos desde la amnistía a indocumentados que concedió el presidente Ronald Reagan en 1986.

Los atentados del lunes en Boston (Massachusetts, noreste), que dejaron tres muertos y numerosos heridos, obligaron a posponer una rueda de prensa pautada para este martes para dar a conocer el proyecto de ley, que se espera sea introducido esta misma semana.

Pero ya el compromiso de los senadores comenzó a generar reacciones.

"El proyecto bipartidista es un comienzo firme para el debate migratorio de este año", dijo Ali Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración.

"Este es un anuncio extraordinario, que debe ser bienvenido por todos los estadounidenses", dijo un grupo empresarial, ImmigrationWorks.

Dos senadores que integran el llamado Grupo de los 8, el demócrata Charles Schumer y el republicano John McCain, serán recibidos este martes en la Casa Blanca por el presidente Barack Obama.

La reforma propuesta es amplia, ya que pone como condición todo un complejo abanico de medidas de seguridad en la frontera con México, incluida la ampliación y el refuerzo de la barrera y la obligación para el gobierno federal de capturar al 90% de los indocumentados que intentan cruzar en las zonas de alto riesgo.

Por zonas de alto riesgo el documento especifica aquellos sectores de la frontera donde se captura a "más de 30.000 individuos al año".

Actualmente poco más de un tercio de la frontera, de 3.140 kilómetros, está vallada. El documento propone extender los sectores con una doble barrera, y hasta triplicarla si es necesario.

Más de 5.000 personas han muerto en los últimos quince años en la frontera, según asegura de la Comisión Nacional mexicana de Derechos Humanos.

Los senadores proponen un estatuto de "inmigrante registrado provisional" (RPI) para los más de once millones de inmigrantes que las autoridades creen que viven en el país.

Para crear ese estatuto, sin embargo, el Secretario de Seguridad Nacional (DHS por su sigla en inglés) deberá demostrar que las medidas de seguridad están funcionando.

Además, el gobierno deberá demostrar que "ha implementado un sistema obligatorio de verificación de empleo", hasta ahora voluntario, para el que dan cinco años de plazo a los empresarios, y se crea una inédita tarjeta de trabajador extranjero con datos biométricos.

Derecho a ciudadanía

Una vez comprobados la seguridad y los controles dentro del país, los indocumentados que demuestren que estaban en el país antes del 31 de diciembre de 2011 podrán solicitar el RPI.

Tras diez años esos indocumentados con residencia provisional podrán optar a la "tarjeta verde" de residente definitivo. Tres años más tarde, pueden ser naturalizados.

Los jóvenes que llegaron al país de forma involuntaria, conocidos como "dreamers", podrán ser regularizados más rápido, en cinco años.

Los indocumentados que deseen la legalización no podrán tener historial delictivo, deberán pasar exámenes de civismo e inglés, pagar una multa y pagar impuestos.

El documento detalla luego la refundación del sistema de inmigración, y propone que 40% de las visas se destine a personas de alta cualificación.

Para ello se aumenta el número de visas HB-1, para graduados universitarios, de 65.000 a 110.000 anualmente.

Se crea también una visa "W" para trabajadores no especializados que empezaría con un mínimo de 20.000 trabajadores al año, otra visa por méritos, y también se recupera la idea de una visa de trabajador agrícola temporal, como existía hace décadas con México, lo que ha sido criticado hasta ahora por los sindicatos.

Mientras el Senado quiere culminar con la reforma migratoria en el verano boreal, la Cámara de Representantes prepara aún su propio proyecto.