A pesar de que ya ha pasado más de un año del escándalo por la malograda reforma a la justicia, aún el Congreso no termina de aprobar la reforma a la Ley Quinta, que en su momento fue el primer paso que planteó para tener otra cara. Aún hay tiempo para que lo haga, pero ya surgen temores de que quede debiendo ese tema al país.

En ese sentido, casi que como un autorreflejo por el golpe de la reforma a la justicia, por esos días fueron radicadas varias iniciativas de origen parlamentario para reformar la ya añeja Ley Quinta del 92 (Ley del Congreso), la mayoría de las cuales se enfocaban en ajustar el mecanismo de las comisiones de conciliación, que fue justamente donde se presentó el escándalo de la reforma a la justicia.

En esa ocasión,surgieron diferencias en los respectivos articulados que aprobaron Senado y Cámara, por lo que los presidentes de dichas corporaciones procedieron, como lo establece la Ley Quinta, a nombrar una comisión de conciliadores, seis de cada cámara, para lograr un único texto.

Sin embargo, cuando el proyecto de reforma a la justicia llegó a manos del presidente Santos para  la respectiva promulgación, éste, en lo que se constituyó como hecho único en la historia, prefirió devolverlo al Congreso y pidió hundirlo con el argumento que durante la etapa de conciliación fueron introducidos varios micos al proyecto.

Por su parte, los conciliadores produjeron por esos días un comunicado asegurando que no introdujeron ‘micos’ en la reforma y que los temas que quedaron en la conciliación fueron discutidos y aprobados ya sea en Senado o en Cámara. Incluso afirmaron que no sacaron al ministro de Justicia de la época, Juan Carlos Esguerra, de la reunión de conciliación y que le entregaron con tiempo el texto acordado.

Finalmente, el Congreso en sesiones extras atendió la solicitud presidencial y hundió el proyecto, en lo que hasta el momento se constituye en el mayor escándalo del actual Parlamento.

Casi que de inmediato en el Congreso se oyeron voces sobre la necesidad de reformar la Ley Quinta, especialmente en lo que tiene que ver con las comisiones de conciliación.

El senador Roy Barreras (Partido Social de Unidad Nacional –La U) manifestó por esos días que desde la Presidencia impulsaría algunas modificaciones que son necesarias para la labor del legislador: “Estamos trabajando ya en la propuesta de la reforma a la reglamentación de las conciliaciones”.

Según el congresista, la Ley Quinta es un conjunto de mecanismos inoperantes y el Legislativo no puede trabajar con normas que están desde hace 20 años.

Una opinión similar expresó en ese entonces el coordinador de una comisión accidental de Senado y Cámara que fue designada para consensuar un proyecto que reformara el funcionamiento de las comisiones de conciliación, el senador Manuel Enríquez Rosero.

“El actual reglamento del Congreso es una norma anacrónica, expedida hace más de 20 años. Adicionalmente, presenta vacíos normativos que propician interpretaciones que en nada favorecen la imagen institucional y colocan en peligro el trámite legislativo de los proyectos de ley, como sucedió con la fallida Reforma a la Justicia”, explicó Enríquez.

 

 

El último aliento

Varios proyectos de reforma a la Ley Quinta quedaron abatidos en el camino por falta de discusión o porque sus autores prefirieron retirarlos porque otras iniciativas similares ‘pedían pista’.

Sin embargo, a la fecha aún sobreviven dos iniciativas que se enmarcan en la denominada autorreforma del Legislativo, el proyecto N° 200/12 Cámara radicado el 1° de noviembre de 2012 con la firma de varios parlamentarios, entre otros, el senador Roy Barreras (La U) y varios representantes a la Cámara, como Gloria Stella Díaz (MIRA),  Juan Valdés (ASI), Augusto Posada (La U) y Carlos Andrés Amaya (Partido Verde).

Esta iniciativa busca modernizar la estructura y organización del Congreso de la República tanto en sus aspectos administrativos como en la estructura de sus comisiones y cuerpos asesores, sin embargo no hace mención alguna a las comisiones de conciliación.

 Para ello se crea la Gerencia General del Congreso de la República, como un organismo de carácter técnico y especializado, dotado de personería jurídica, con autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio independiente. Esta entidad estará encargada de actuar como organismo administrativo del Congreso de la República, y tendrá a cargo la organización y la gestión de los servicios administrativos de las Cámaras.

El proyecto también establece la creación de tres organismos asesores del Congreso: el Cuerpo de Secretarios del Congreso, la Unidad Técnica de Apoyo Presupuestal, y la Unidad de Análisis Constitucional y Técnica Legislativa.

Sin embargo la ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado pide el archivo de este proyecto, al considerar que a pesar de que se han presentado varias iniciativas tendientes a modernizar la estructura gerencial de la organización y racionalizar la actividad administrativa del Congreso, “el hecho de que dichas iniciativas no hayan prosperado, indica que no existe la mencionada unanimidad en cuanto a la necesidad de unificar la estructura administrativa de la Corporación. Por otro lado, cualquier modelo de administración que se implemente en el Congreso podría verse afectado por injerencias externas negativas. En otras palabras, la independencia en el manejo administrativo de la rama legislativa no depende de la estructura mediante la cual dicha labor se lleve a cabo, sino de la voluntad de los legisladores y de las personas encargadas de dicha administración”, dice la ponencia.

El segundo proyecto que sigue con vida es el 278/13 Cámara, 15/12 Senado, el cual fue acumulado con 4 proyectos más por tratar de la misma materia. Esta iniciativa fue radicada el 20 de julio de 2012 y aprobada el 4 de diciembre pasado en primer debate por la Comisión Primera del Senado y luego en segundo debate, el 3 de abril pasado, por parte de la plenaria de esta Corporación. Sin embargo está a la espera de ponencia para segundo debate en la Comisión Primera de la Cámara.

Esta iniciativabusca reglamentar el funcionamiento de las Comisiones Accidentales de Mediación o Comisiones de Conciliación, con el fin de garantizar que los principios de consecutividad, identidad relativa e identidad de materia se cumplan en todo el trámite de las iniciativas discutidas en el Congreso de la República. Para esto se introducen los siguientes cambios en el reglamento del Congreso:

1. Los presidentes de las Mesas Directivas de Senado y Cámara tienen la función de designar los miembros de las Comisiones de Conciliación, las cuales estarán encargadas de tratar las discrepancias surgidas en el trámite de proyectos de ley y de proyectos de acto legislativo.

2. Las discrepancias sólo se refieren a las diferencias en los textos aprobados por las plenarias de Senado y Cámara. Las Comisiones de Conciliación no podrán abordar temas que no hayan sido objeto de discusión y votación en las plenarias.

3. Los informes de conciliación deben ser publicados en la Gaceta del Congreso con un plazo no inferior a los 15 días antes de la discusión y votación del proyecto. Estos informes deben contener un registro detallado que incluya un cuadro comparativo de los artículos aprobados y de las discrepancias que son objeto de conciliación.

4. Las Comisiones de Conciliación estarán integradas por un mismo número de Senadores y Representantes ponentes del proyecto de ley o de acto legislativo que hayan sido designados por las mesas directivas para segundo debate en cada Cámara. En los casos en que sólo se haya designado un ponente, se adicionará un ponente miembro de la Comisión Constitucional respectiva en donde se adelantó el primer debate de la iniciativa.

 

 

 

Preavisado

Sería una triste despedida que el actual Congreso concluya su periodo el 20 de junio de 2014 sin que antes cumpla el compromiso de autorreformarse, especialmente en lo que tiene que ver con las comisiones de conciliación.

El representante a la Cámara por Magdalena, Eduardo Agatón Díaz-Granados (Partido de La U) dijo que “habrá que hacer una reforma. Creo que el Congreso después de esa experiencia, lo que sucedió con la reforma a la justicia, seguramente está en el ánimo de poder hacer unos cambios sobre cómo se manejan y cómo se designan las comisiones de conciliación, y espero que antes de que finalice este periodo tengamos algún avance en esa materia”.

A pesar de que Díaz-Granados no hace parte de las comisiones primeras, donde se ha discutido esta reforma, consideró que la misma está bien enfocada en cuanto a ajustar las comisiones de conciliación, aunque para un futuro dijo que “siempre he pensado que las comisiones terceras y cuartas deberían fusionarse en una sola”.

Por su parte, el representante a la Cámara por Nariño, Berner Zambrano (La U) y quien figura entre los autores de uno de los proyectos de reforma que fue archivado, dijo que “creo que todos tenemos interés en que la Ley Quinta se modifique en muchos temas”. “Creo que sí se va a sacar el tema, aunque bueno sería que rinda el informe o el proyecto, una comisión que para tal fin se conformó para que pueda abarcar todas las inquietudes”.

Aunque el Parlamentario se lamentó porque en los proyectos que siguen vivos quedaron por fuera aspectos como la dificultad que hoy se presenta con la citación a funcionarios del Estado, pues es común que un mismo servidor sea citado a la misma hora en distintas comisiones constitucionales, sin que haya claridad a cuál debe asistir.

Finalmente, Zambrano consideró que la presente legislatura es una oportunidad para sacar adelante este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional no presentó muchos proyectos.

“De verdad que hay mucho tema que la Ley Quinta requiere cuanto antes la modificación respectiva y tenemos un periodo considerable para sacarlo”, dijo.

En tanto que la representante por Bogotá, Gloria Stella Díaz, “dijo que tuvo mucho auge el tema cuando sucedió lo de la reforma a la justicia, por ese escándalo que se presentó se pensó en reformar las comisiones de conciliación, sin embargo, como ya pasó el boom y el tema mediático, no creo que haya interés en este momento para hacerlo”.

Mientras que Camilo Mancera, coordinador de la Oficina Jurídica de la Misión de Observación Electoral, consideró que la reforma del Congreso pasó a un segundo plano por el proceso de paz y “en este momento se están moviendo más los intereses frente a las elecciones que se avecinan”.

Añadió que no obstante que los proyectos que quedan buscan por un lado, una reforma administrativa del Congreso y, por el otro, ajustar las comisiones de conciliación, “hay bastantes temas que requieren un estudio más a fondo y mayores modificaciones para que se mejore su funcionamiento”.

En ese sentido, explicó, uno de los temas que la MOE ha propuesto con miras a esta reforma es la votación nominal y pública para la elección de  dignatarios a cargo del Congreso.