El seguimiento  al tema de las consultas previas fue uno de los puntos de la agenda de trabajo aprobada por la Comisión de Ordenamiento Territorial.

Por proposición de la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, la Comisión evaluará el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que le afecten directamente y que giren en desarrollo del ordenamiento territorial colombiano.

La decisión del legislativo coincide con el anuncio hecho en septiembre por parte del vicepresidente Germán Vargas Lleras de elaborar un cronograma de todas las consultas previas que deben adelantarse en el país para el desarrollo de obras de infraestructura, vivienda y agua.

“Todos los lunes, en la Vicepresidencia, nos vamos a reunir con las autoridades competentes y las partes interesadas, para adelantar lo relacionado con las consultas previas y así definir un cronograma que tenga fechas claras y llevar a feliz término estos trámites”, aseveró Vargas al explicar que estas consultas con las comunidades de la zonas de influencia de las obras son  esenciales para el desarrollo de infraestructura: “Yo mismo  haré seguimiento para que los tiempos se cumplan”.

Así mismo, el Vicepresidente anunció que el Gobierno nacional no descarta llevar al Congreso un proyecto de ley que permita reglamentar las consultas previas, para que este proceso tenga unas reglas claras tanto para las comunidades como para los proyectos que se pretendan desarrollar.

La disyuntiva entre tramitar una ley o emitir un decreto para esta reglamentación viene desde el primer periodo de Santos. Hace un año, el entonces director del Programa Presidencial Indígena, Gabriel Muyuy, le dijo a EL NUEVO SIGLO que los líderes de los grupos étnicos han expresado que prefieren la reglamentación por vía administrativa y no por el Congreso.

En consonancia con ese clamor, “por ahora estamos trabajando en protocolos” de entendimiento “y esperamos poner en concertación con los grupos indígenas”.

La falta de una reglamentación de las consultas previas ha sido el gran obstáculo para sacar adelante temas como el Código Minero o las reforma a las corporaciones autónomas regionales, explicó Muyuy.

“Consideramos muy importante una reglamentación adecuada, que implica entre muchas cosas una reglamentación consultada de manera amplia y participativa con los grupos étnicos”, manifestó.

Muyuy dijo que todos los proyectos legislativos que tienen implicaciones con estos grupos necesitan consulta, pero la ausencia de la reglamentación y las reglas claras para cumplir con ese derecho de las etnias han dificultado su ejecución.

Meses atrás, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, había reclamado que Colombia requiere reglamentar de manera urgente y clara el instrumento de la consulta previa.

Otálora destacó que dicha regulación deberá sujetarse a los estándares internacionales así como a los criterios fijados por la Corte Constitucional, de forma tal que la misma se convierta en un instrumento de garantía y eficacia para la consulta previa, y no en un obstáculo para su realización.

Para el Defensor, si bien existe un debate en torno a si la consulta previa debe someterse a una reglamentación detallada o, por el contrario, sujetarse a ciertos estándares generales, “lo cierto es que el Estado colombiano debe cumplir con la orden dispuesta por la Corte Constitucional en sentencia T-129 de 2011, en cuanto a la regulación y materialización de este derecho fundamental”.

Por lo tanto, Otálora recomendó que el procedimiento de regulación sea formulado de manera conjunta con los sujetos del derecho, a través de sus autoridades y organizaciones propias, en un proceso transparente de diálogo e interlocución de las partes, en los escenarios y en los tiempos adecuados para lograr un resultado que garantice los principios y derechos constitucionales y universales implícitos en este desarrollo normativo.