Evitar desde el punto de vista legal que los delincuentes de alta peligrosidad salgan salir libres sin cumplir su condena, será el propósito de las Comisiones Primeras del Congreso. Por ello la rama legislativa va a examinar, estudiar, debatir y votar un proyecto de ley para una reforma integral al Sistema Penal Acusatorio.

 

La sesión que será presidida por el presidente de la Comisión Primera del Senado,  Manuel Enríquez Rosero (partido de La U), apunta a garantizar la adopción de correctivos para el respeto de los derechos fundamentales de personas privadas de la libertad, que además se traduzca en la aplicación de la administración eficaz de justicia.

 

Bajo este este antecedente, actualmente en el Congreso hace tránsito un proyecto de ley del Ministerio de Justicia, que apunta a descongestionar la administración de justicia penal y ofrece un tratamiento diferenciado para conductas punibles de menor cantidad, agilizando su procedimiento e impactando directamente en la carga de trabajo que tienen los operadores judiciales.

 

La iniciativa, define las contravenciones penales, al tiempo que establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado, que hoy, está pendiente en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

 

Sin embargo, al igual que la reforma al Sistema Penal Acusatorio, aún debe cumplir con el trámite legislativo antes de surtir efecto alguno en el sistema judicial colombiano.

 

“Es evidente que hasta la fecha, ad portas que se cumpla el término para la entrada en vigencia de dicha disposición, no es claro que los procesos se hayan adelantado con la agilidad esperada. Según cifras del Inpec, a esta altura del año 2016, se encuentran 19.167 internos detenidos preventivamente por 11 meses o más, de los cuales 10.884 (56.8%) lo han estado por 21 meses o más”, indica el parlamentario.

 

En palabras del presidente de la Comisión Primera del Senado Manuel Enríquez Rosero, el proyecto de ley -que será estudiado y debatido este lunes en sesiones conjuntas- atiende esta nueva realidad. “Busca  extender el plazo de entrada en vigencia del término máximo de detención preventiva para los procesos más complejos con el fin de evitar el escenario de una excarcelación máxima e indiscriminada que podría representar un peligro inminente para la seguridad de los colombianos y la administración de la justicia”, sostiene.

 

En esencia, con la medida se busca otorgar más tiempo a los operadores judiciales para adelantar los procesos por aquellos delitos cuya investigación y juicio son de considerable complejidad y suponen un desgaste para los operadores judiciales.

 

Adicionalmente, la postergación de la entrada en vigencia del término máximo de detención preventiva -para este grupo de casos- responde al sistema positivo actual, que no ha tenido las modificaciones esperadas que brindarán a los jueces y fiscales las herramientas normativas para adelantar los procesos en debida forma dentro del tiempo originalmente previsto por la Ley 1760 de 2015.

 

La representante a la Cámara por Alianza Verde, Angélica Lozano anotó que “es un proyecto que busca evitar la excarcelación masiva de personas presas por varios delitos, es una iniciativa de ajuste penal acatando una sentencia, sino se aprueba esta ley van a salir libre un montón de personas que deben mantenerse presas. Por ejemplo hay personas detenidas por violación, por feminicidio y delitos de alta peligrosidad”.

 

Para la legisladora es indispensable que se apruebe la iniciativa porque en dos meses pueden salir una gran cantidad de presos peligrosos.

 

El senador Armando Benedetti manifestó que “debemos apoyarlo de manera unánime, no creo que nadie se le vaya a travesar a ese tema”. 

 

Por su lado la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo que “lo veo muy grave porque aquí no pueden seguir en la técnica de la justicia de dilatar todas las investigaciones de ser totalmente ineficiente y mientras tanto mantener a los ciudadanos sin condenas, presos, con unos índices de hacinamientos frente a los cuales el gobierno no ha hecho nada. Encuentro sumamente grave que la ineficiencia de la justicia la pretendan tapar con medidas a ciudadanos que no han sido juzgados en la cárcel”. Una vez sea aprobado pasará a cada una de las plenarias, al senado y la Cámara.

 

Estadísticas de la fiscalía 

 

Con este proyecto se busca un proceso penal más ágil que respete las garantías y derechos fundamentales de las víctimas y los involucrados en las investigaciones y actuaciones ante los jueces. Esta iniciativa fue concertada con varias entidades, pero se destaca la participación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

La estadística indica que la Fiscalía registra más de un millón ochocientas mil investigaciones activas y que en los últimos 4 años ha sido aplazado el 55 % de las audiencias convocadas, es decir, 350.000 diligencias. En otras palabras, existe una enorme carga para el sistema judicial colombiano que puede frustrar el derecho a acceder a la administración de justicia de los ciudadanos. Las reformas propuestas buscan que estas cifras se reduzcan en poco tiempo a la mitad y que de forma progresiva, a través de los años, la respuesta de justicia sea lo más rápida posible.

 

En la lucha contra la criminalidad organizada existen resultados muy positivos, como la captura de más de 5.000 personas, 2.392 preacuerdos, 775 casos de aceptación de cargos y más de 2.300 sentencias condenatorias, que han llevado a la desarticulación de importantes organizaciones criminales. Sin embargo, es necesario acrecentar estos resultados para garantizar mayor seguridad.

 

El proyecto también racionaliza etapas del proceso penal para hacerlas más agiles, como por ejemplo la modificación de la audiencia de imputación sin alterar las garantías procesales y constitucionales o el traslado a los jueces civiles del incidente de reparación para permitir que las víctimas puedan ser reparadas de una forma más ágil.

 

El proyecto aclara y precisa lo relacionado con nuevos tipos de prueba. Se propone la incorporación de la prueba de análisis de contexto, que será esencial para el juzgamiento de crímenes de sistema, donde se exige el análisis en conjunto de los aspectos esenciales de orden geográfico, político, económico y social, entre otros, en los cuales se han cometido delitos.

 

Finalmente, se propone un procedimiento abreviado para contravenciones penales la creación del acusador privado. Esta es sin duda una de las propuestas más relevantes en materia de administración de justicia penal, porque pone en el centro al ciudadano para darle una respuesta rápida y efectiva a sus demandas, ya que así podría, si lo desea, acudir a un acusador privado.