Desde la expedición del Estatuto Orgánico de Bogotá en 1993, uno de los principales reparos fue por la creación de otro organismo de control, la Veeduría Distrital, básicamente porque el titular del despacho era nombrado por el alcalde de turno, sin carácter disciplinario, correccional o penal pues sólo puede hacer recomendaciones al mandatario.
Ante esta realidad, durante los 18 años de vida de la Veeduría Distrital siempre ha sido blanco de críticas por falta de capacidad de coerción y resultados, hasta el punto que el representante a la Cámara por Bogotá, José Gonzalo Gutiérrez, radicó un proyecto de ley para eliminar la entidad.
El representante, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, explicó que aunque la Veeduría fue creada con buenas intenciones, hizo crisis y que el proyecto de ley es el fruto de un estudio en pro de generar una administración eficiente, efectiva, con celeridad para el bien de los habitantes de la capital del país.
Además, en la última campaña a la alcaldía de Bogotá, el organismo fue punto en el discurso de algunos de los candidatos. El creador de la Veeduría, ex alcalde Jaime Castro, después que se detectaran los tentáculos del Cartel de la Contratación, dijo que en esa crisis desaparecieron, no intervinieron antes ni durante, ni después, la Personería, Contraloría y Veeduría.
En este sentido, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, aceptó bajar el presupuesto que se le asigna a esta entidad dentro del Plan de Desarrollo que se tramitaba en el Concejo. En lugar de asignarle 20.000 millones de pesos se le redujo en 75%, es decir, a la Veeduría le entregaron 5 mil millones de pesos para su funcionamiento. En los 18 años de vida la entidad tuvo un presupuesto total de 123.749 millones de pesos.
“Este proyecto de ley contribuye a una real lucha contra la corrupción, mediante el fortalecimiento de las instituciones de control y vigilancia del Distrito, es decir, la Contraloría y Personería de Bogotá, que cuentan con herramientas reales para investigar y sancionar todos los delitos que atentan contra las finanzas de la ciudad o contra las malas prácticas de los funcionarios distritales que llevan al detrimento económico, social, patrimonial y ambiental de la capital”, explicó el Representante a la Cámara.
Otro de los sustentos para eliminar la entidad son los mecanismos para escoger veedor, las herramientas de acción que se le dieron en su creación, el costo fiscal que representa para la ciudad, la duplicidad de funciones que tiene con otras entidades, los resultados obtenidos desde su nacimiento y la necesidad de fortalecer las veedurías ciudadanas sin que dependan del Gobierno Distrital.
Frente a las herramientas para actuar del Veedor, aunque las actuaciones pueden generar en una investigación y posterior sanción, también permiten concluir que la Personería y Contraloría son las que tienen la última palabra para darle trámite al proceso que se debe iniciar.
En cuanto al costo fiscal que para el Distrito representa tener una entidad con 74 funcionarios y cuya cabeza gana lo mismo que el Alcalde Mayor, el proyecto plantea que esos dineros se deben asignan a otras entidades como la Personería, cuya cabeza ejerce funciones de veedor ciudadano.
También demuestran que hay duplicidad de funciones debido a que mientras la Veeduría Distrital examina e investiga las quejas y reclamos que le presente cualquier ciudadano, o las situaciones que por cualquier otro medio lleguen a su conocimiento, a la Personería se le ordena “vigilar la conducta oficial de los ediles, empleados y trabajadores del Distrito, verificar que desempeñen cumplidamente sus deberes, adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones que fueren del caso, todo de conformidad con las disposiciones vigentes”, o la Contraloría, que en desarrollo de sus funciones, está facultada para que “promueva ante las autoridades competentes, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Distrito, pero además le da la facultad de exigir la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios”.
Seguramente este proyecto de ley para acabar la Veeduría Distrital será polémico en el Congreso de la República.