La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un paquete de sanciones a funcionarios de Venezuela por supuestas violaciones de derechos humanos durante recientes manifestaciones antigubernamentales.

El paquete de sanciones, aprobado por voto cantado en el plenario y sin oposición, determina que el gobierno defina un listado de funcionarios venezolanos que tendrán vetado el ingreso a Estados Unidos y sufrirán el congelamiento de eventuales activos en territorio estadounidense.

El texto, que había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores de esa cámara, fue defendido por legisladores de los dos partidos, el oficialista partido Demócrata y el opositor Republicano.

Un texto similar, que determina sanciones a funcionarios venezolanos, ya fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y aún deberá ser sometido al voto en la cámara alta del Congreso estadounidense.

En el caso de que los dos textos aprobados sean diferentes, deberán ser sometidos a una comisión que unificará las propuestas.

Al presentar el proyecto, la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo que era necesario "condenar los abusos a los derechos humanos en Venezuela y responder a los gritos de los venezolanos".

Las tentativas de poner fin a la crisis en Venezuela mediante el diálogo "no han dado resultados, no generaron acciones, no hubo concesiones, y los inocentes aún son encarcelados".

El legislador demócrata Joaquín Castro, a su vez, dijo que las 42 víctimas fatales durante las manifestaciones que comenzaron en febrero pasado en Venezuela son una "absoluta catástrofe".

De acuerdo con Castro, "no hay ningún mecanismo en esta ley que pueda afectar negativamente a los venezolanos comunes".

El paquete de medidas brinda al presidente Barack Obama "una gran flexibilidad para responder a eventos sobre el terreno en Venezuela" y la posibilidad de suspender las sanciones "en cualquier momento".

Las protestas iniciadas en febrero en contra de la escasez de productos básicos, la inflación anualizada de 60% y la alta criminalidad, dejaron 42 muertos -algunos policías-, unos 800 heridos y 250 detenidos.

A pesar del apoyo legislativo a las sanciones, el Departamento de Estado ya dejó claro en varias oportunidades que consideraba las sanciones una "opción", pero que prefería impulsar el diálogo entre las partes enfrentadas en Venezuela.