El Congreso  daría otro portazo al procurador Fernando Carrillo, tal como se lo dio el presidente Juan Manuel Santos, al desechar su propuesta de que al implementar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) pactada con las Farc el Ministerio Público pueda intervenir el proceso de justicia transicional como lo hace en los penales.

Aunque los congresistas aún no han definido la ponencia, porque se hará después de la audiencia de hoy en la que escucharán nuevamente al procurador Carrillo, EL NUEVO SIGLO pudo palpar que se está analizando que el papel del Ministerio Público sea de un acompañamiento a las víctimas, pero no de intervención como parte procesal.

El representante por Bogotá Rodrigo Lara, director nacional de Cambio Radical, manifestó que “hasta donde tengo entendido existe la idea de involucrar a la Procuraduría en lo que tiene que ver con el acompañamiento de las víctimas en todas las actuaciones en donde esta pueda participar”.

Entre tanto, el senador Manuel Enríquez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), dijo que “de acuerdo a lo que se ha aprobado, no tendría ninguna posibilidad de modificar esos proyectos que se han puesto a consideración del Congreso. Sin embargo, como en Cámara ha habido un amplio debate y una solicitud del Fiscal General y de la Procuraduría, es posible que el Gobierno haya estudiado ese tema y se presente alguna modificación, porque presentar modificaciones sin el aval del Gobierno no tiene ningún sentido”.

El congresista expresó que “la solicitud del Procurador en ese sentido es de buen recibo, porque no se entendería que una institución encargada de proteger y trabajar por los derechos de las víctimas esté ausente de un proceso como es el de la justicia transicional”.

“Se oirán los argumentos”

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, anotó que aún no se sabe si se incluye o no la solicitud, puesto que es una determinación de los ponentes.

“Hoy tendremos audiencia en la Comisión. Allí escucharemos al Procurador y de acuerdo a su exposición se tomará alguna determinación por parte de los ponentes y por parte de la Comisión”, sostuvo.

Motoa anotó que “se escucharán los argumentos del Gobierno que también son importantes y lo mismo que los de la Procuraduría y se tomará una determinación”.

El senador Germán Varón, también de Cambio Radical, anotó que “me parece que es lógico que forme parte de todo el proceso ya que es el representante de toda la saciedad. Vamos a estar en la audiencia y luego mirar las proposiciones que surjan”.

Por su parte, el senador Roosevelt Rodríguez, de La U, expresó que por el momento el tema está en estudio y se está escuchando a cada una de las partes para determinar si se incluye a la Procuraduría.  

Hernán Andrade, presidente del Directorio Nacional Conservador, dijo que “creo que a estas alturas, siendo importante el papel de la Procuraduría, que lo puede seguir cumpliendo. No quedó incluido dentro del acuerdo celebrado. Hoy por hoy, señalar esa idea habría sido loable antes del acuerdo. Ya en este momento es improbable, porque no está pactado que la Procuraduría haga parte. Eso no significa que la Procuraduría no pueda cumplir su función como garante de las víctimas y garante de la sociedad, pero no como parte activa”.

“Corregir el esperpento”

Jaime Amín, senador del Centro Democrático, sostuvo que “como ponente, a nombre del partido, estamos examinando todas las variables. Vamos a presentar una ponencia minoritaria que logre hasta donde nos sea posible enderezar las cosas para que no se maltrate el Estado Social de Derecho y la Constitución Política del país. Y a partir de allí, todos los controles de carácter judicial y administrativo que se puedan colocar a ese esperpento de la Justicia Especial de Paz. Haremos lo posible en lo que está en nuestro alcance”.

Se conoce que en la audiencia pública las víctimas pedirán, de acuerdo con lo expuesto en un documento que ya fue radicado por la senadora Sofía Gaviria, del Partido Liberal, que las víctimas sean el centro de la JEP y que la Procuraduría no sea excluida.

“Lo que hemos venido diciendo hace tiempos es que los beneficios a la justicia tienen que ser resultado de una proactividad del beneficiario, que ellos efectivamente entreguen las rutas, que entreguen los nombres de los colaboradores, que hagan una descripción detallada de todos sus delitos y efectivamente den la cara frente a las víctimas. Todas esas cosas que no salen en el acto legislativo. Sus beneficios se dan sin que sean proactivos. Es decir, es el juez, la justicia, los que tienen que decirles, preguntarles sobre esos hechos. Ellos pueden ocultar porque no se les preguntó. Es decir, no decir nada si no se les pregunta”, dijo la legisladora.  

Y agregó que “seguimos en la línea de que se sigue la voluntad de las Farc. Ya las Farc no se ponen los objetivos que se han ganado a pulso durante 52 años de secuestradores, de violadores, de sembradores de minas antipersonal, sino que ahora son los grandes legisladores”.

Intervenciones

Para hoy se tiene previsto que el procurador Carrillo insista en la petición hecha en la plenaria de la Cámara.

Para Carrillo, “la exclusión del Ministerio Público es un desafío a la Constitución, la justicia y las víctimas. La JEP no puede invisibilizar a una entidad cuyo mandato constitucional es velar por los derechos humanos y el ordenamiento constitucional. Así lo hemos señalado de manera franca a la Cámara de Representantes, al Ejecutivo y a la opinión pública. Pero, sobre todo, hemos alertado a las víctimas sobre esta situación, que afectaría gravemente sus derechos”.

También estará presente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien reiterará la posición del Gobierno.

“Lo que el Gobierno no puede hacer es aceptar propuestas que supongan modificar lo que se acordó en La Habana. Uno de esos temas es el tratamiento que se les debe dar a los llamados delitos de ejecución permanente. En lo que al acuerdo de paz concierne, son aquellos que se consumaron antes de la entrada en vigencia del acuerdo final, es decir, antes del primero de diciembre, pero cuya ejecución perdura más allá de esa fecha”.