Los jefes paramilitares que se desmovilizaron en Colombia, acusados de delitos de lesa humanidad, y que cumplan ocho años de cárcel sin haber sido condenados, podrán salir de prisión si repararon a sus víctimas, de acuerdo con una reforma legal aprobada este miércoles.

La norma, adoptada por el Senado en último debate, señala que en caso contrario los desmovilizados integrantes de los grupos de extrema derecha serían condenados a penas de cárcel de hasta 40 años, indicaron los parlamentarios.

"Se trata de dar la última oportunidad para que se pueda garantizar verdad, justicia y reparación", dijo el senador liberal Juan Fernando Cristo, ponente del proyecto de reforma.

"Este es un último esfuerzo del Estado. No soy en exceso optimista, pero es un marco jurídico adecuado. Dudo de la voluntad de estos señores de contar la verdad y reparar a sus víctimas, pero espero estar equivocado", añadió.

La reforma a la denominada ley de Justicia y paz, aprobada en 2005, se presenta como una alternativa a la situación de decenas de miembros de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) sindicados de delitos de lesa humanidad, que a pesar de que se sometieron a la norma y están en prisión, aún no han sido condenados.

La Ley de Justicia y Paz otorgaba beneficios penales a los paramilitares desmovilizados tras una negociación que llevó a cabo entre 2003 y 2006 el gobierno del expresidente Alvaro Uribe (2002-2010) con las AUC.

El texto contempla penas de cárcel de entre cinco y ocho años, como máximo, a aquellos paramilitares acusados de delitos de lesa humanidad, siempre y cuando repararan a las víctimas y confesaran la verdad.

Pero cuando se cumplen ya siete años de vigencia de la norma, sólo se ha dictado una condena y decenas de exparamilitares se encuentran en el limbo judicial.

Los principales jefes de las AUC fueron extraditados a Estados Unidos, bajo acusación de narcotráfico, en 2008, al estimar el gobierno que no habían cumplido con los requerimientos de la ley de Justicia y paz.

La ley cobija los delitos en los que incurrieron los desmovilizados de las AUC hasta 2005, pero la reforma amplía la vigencia para los crímenes cometidos hasta el 31 de diciembre de este año.

Unos 32.000 miembros de las AUC entregaron sus armas a lo largo de un proceso que culminó en 2006.

Los paramilitares, que cometieron cientos de miles de crímenes atroces contra la población civil, surgieron para combatir a las guerrillas izquierdistas, activas en Colombia desde los años 1960. En esa lucha, establecieron vínculos con la élite política y con mandos militares, que actualmente son investigados por la justicia.