Muchas ideas sin ningún consenso sobre el particular.

“NO COMPARTO la propuesta hecha por la Comisión de Acusaciones. No hay que fortalecerla. Hay que eliminar las funciones judiciales del Congreso”.

Así recibió el representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, el anuncio de los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de que la próxima semana radicarán un proyecto para fortalecer esa célula del legislativo.

“En su lugar conviene crear un tribunal especial del mismo nivel de las altas Cortes, que asuma las funciones judiciales que tiene el Congreso. Y elegido por el Congreso pero con los mismos requisitos que hoy se exigen para ser magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo el congresista del Putumayo.

La Comisión definió los alcances de un proyecto de reforma a la justicia que presentará al Congreso y que busca modificar las investigaciones y los juicios a los altos dignatarios del Estado.

Uno de los puntos más controvertidos es el de la posibilidad de proferir medidas de aseguramiento a todos los funcionarios aforados que son investigados por la Comisión.

El representante antioqueño Germán Blanco, del Partido Conservador, que preside la Comisión, admitió que la propuesta será “muy polémica”, pero el propósito es igualar los procedimientos de juzgamiento entre todos los funcionarios aforados del Estado.

Como publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, se hundió en la pasada legislatura un proyecto que buscaba un incremento del personal de la Comisión tras el anuncio del Gobierno de que no descartaba impulsar una reforma a ese organismo.

Efectivamente, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, expresó que “no descartamos la posibilidad de que se revisen también las competencias de la Comisión de Acusación porque para bien o para mal, aquí hay un cúmulo de personas que no tienen juez natural”.
Esa sería una intervención radical al funcionamiento de la Comisión.

El proyecto hundido fue el número 193 de 2011 Cámara, “por el cual se adiciona parcialmente la planta de personal de la comisión de investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en desarrollo del artículo 150 numeral 20 de la Constitución Política”, radicado en la última semana de marzo por los propios miembros de la Comisión, los representantes Jorge Eliécer Gómez, Orlando Velandia y Javier Tato Álvarez, del Partido Liberal; Camilo Andrés Abril y Manuel Antonio Carebilla, de Cambio Radical; Germán Alcides Blanco, Orlando Alfonso Clavijo y Alfredo Bocanegra, del Partido Conservador; Jair Acuña, de la Asociación de Afrocolombianos para la Vivienda, Deporte, Educación y Salud (Afrovides); Lucero Cortés, Augusto Posada, Héctor Javier Vergara y Hernán Penagos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U); Heriberto Escobar, del Partido de Integración Nacional (PIN); y José Rodolfo Pérez, de Apertura Liberal.

El representante Alfonso Prada, del Partido Verde, radicó ponencia negativa a la iniciativa que, en esencia, pretende modificar la planta de personal de la Comisión, creando 45 cargos adicionales, entre los que se encuentran 30 abogados sustanciadotes, a razón de 2 por cada representante investigador, y 15 auxiliares judiciales.

En la exposición de motivos, Prada trajo a colación precisamente la intención expresada por el Gobierno de adelantar una reforma a la Justicia, dentro de la que se contempla un ajuste a “las competencias para el juzgamiento de los aforados constitucionalmente. Entre los propósitos de esa reforma a la justicia se pretende un rediseño de las funciones de juzgamiento que son competencia del Congreso en cabeza de la Comisión de Investigación y Acusación y de la Corte Suprema de Justicia frente a los miembros del Congreso”.

Sin embargo, finalmente el tema no fue incluido en el proyecto de reforma a la justicia que presentó el Gobierno.

Para suplir esa carencia, ya se anunció otro proyecto, esta vez de autoría del senador nariñense Manuel Enríquez, del Partido Social de Unidadd Nacional (La U).
El congresista le contó a este Diario que la nueva Comisión estará integrada por nueve magistrados, la cual tomará las funciones que actualmente tiene la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, es decir, la instrucción en procesos que adelante contra altos dignatarios del país, Presidente de la República, Fiscal General y magistrados de altas Cortes.

Será “un proyecto de acto legislativo donde estamos proponiendo la creación de una comisión asesora que se va a encargar de investigar a todos los altos funcionarios, bajo unos mismos parámetros, la cual estará integrada por nueve funcionarios con calidad de magistrados, que serán elegidos por concurso de méritos, postulados por las Facultades de Derecho de las universidades del país”, manifestó.

Enríquez Rosero señaló que estos magistrados tendrán un período de cuatro años y no podrán ser reelegidos.
“Estos funcionarios tendrán un período de cuatro años que no serán reelegibles, estarán sometidos a la edad de retiro forzoso, y serán expertos en Derecho Penal. Yo creo que eso nos va a garantizar que todos los altos funcionarios del Estado tengan primero, unas mismas condiciones de investigación”, afirmó.

Según el parlamentario, que hace parte de la Comisión Primera del Senado, la Comisión estará adscrita a la Cámara Alta del Congreso.

“Esta Comisión estará adscrita al Senado de la República, y reemplazará de alguna manera las funciones que hoy está cumpliendo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que hoy no ha podido adelantar la primera investigación seria, que se debió haber hecho con tantos procesos que hoy se encuentran pendientes”, explicó.

Sin embargo, el Senador fue enfático en asegurar que el Congreso no tendrá injerencia en la nueva Comisión.
“No habría un solo congresista, el Congreso no tendría injerencia, porque estos nueve funcionarios van a ser elegidos por concurso de méritos, y posteriormente la ley reglamentará quién adelantará el concurso, cómo se harán las convocatorias. Ellos adelantarán la investigación, y cuando encuentren méritos, será la Cámara la que decida cuáles de esas investigaciones tendrán que pasar al Senado de la República para ser acusados”, puntualizó.

Actualmente, la Comisión de Investigación y Acusación está integrada por Representantes a la Cámara, que en la mayoría de los casos no son abogados ni tienen conocimiento del Derecho, quienes investigan y acusan ante la Plenaria de la Cámara. Esta última corporación decide si precluye la investigación o pasa el proceso al Senado para que realice el respectivo juicio.

La semana pasada, el Presidente de dicha Comisión se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para hablar sobre el futuro de esa entidad. Allí le planteó al jefe de Estado incluir en la Reforma Judicial darle nuevas facultades a la Comisión, entre las que resalta proferir órdenes de captura.

Hace un par de meses, el Gobierno señaló que reformaría la Comisión de Investigación, donde asesores de los Representantes que hacen parte de ella, serían magistrados, y se encargarían de la investigación.