El Congreso argentino aprobó este martes en una sesión maratónica una polémica ley de pensiones, crucial para el gobierno de Mauricio Macri pero signada por violentos incidentes en Buenos Aires y protestas en rechazo a la reforma.

Por 128 votos afirmativos, 116 negativos y dos abstenciones, la alianza oficialista obtuvo la aprobación de la ley que implicará un ahorro fiscal de 100.000 millones de pesos al año (unos 5.600 millones de dólares).

El oficialismo consiguió el apoyo de aliados para la primera de una serie de reformas. Macri busca aprobar además una laboral y otra impositiva en el segundo tramo de su mandato, alentado por el apoyo que consiguió en las legislativas de octubre.

El debate, que comenzó el lunes al mediodía y prosiguió durante toda la noche, se desarrolló en medio de una batalla de campal entre miles de manifestantes y la policía que se extendió durante horas y que dejó decenas de heridos, detenidos y un tendal de destrozos en los alrededores del Congreso.

La multitud buscaba forzar la interrupción del debate como lo había hecho la semana pasada, cuando incidentes similares condujeron a suspender la sesión.

Mientras el Parlamento proseguía con la sesión, múltiples protestas estallaron también en distintos puntos de la capital argentina, bastión electoral del oficialismo.

El batir de cacerolas se escuchó en numerosos barrios con protestas pacíficas contra la reforma, constató la AFP.

Las centrales obreras lanzaron una huelga general por 24 horas que termina al mediodía de este martes, aunque sin la adhesión del sindicato de autobuses urbanos. Trenes, aviones y el metro sí participan.

En el país se volvieron a vivir escenas de choques y represión inéditas desde las movilizaciones desatadas por la crisis económica de 2001.

Macri culpó por los incidentes a "minorías que actuaron de forma premeditada". 

"La gobernabilidad no está en discusión. Esto es la fantasía de una minoría que cree que puede afectar la gobernabilidad, pero no lo va a lograr", dijo en conferencia de prensa.

Macri afirmó que la reforma "garantizará que los jubilados estén defendidos del peor mal que han sufrido que es la inflación, contra la que todavía estamos luchando".

La inflación, superior al 20% en los últimos años, será el principal índice por el que se actualizarán las pensiones en forma trimestral, por un cambio de cálculo para los incrementos, principal punto de la reforma. Ello representa al Estado un ahorro millonario.

Por la tarde el Congreso debatirá una reforma fiscal y tributaria, otra iniciativa del gobierno.

- Debates -

"El rechazo que generó la ley se vio claramente con los cacerolazos durante toda la noche en todo el país", dijo el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque del opositor Frente para la Victoria (FPV, kirchnerismo).

Rossi denunció que la reforma "es perversa de la A a la Z y perjudica al conjunto de la sociedad". También estimo que el gobierno "perdió credibilidad" desde las legislativas del 22 de octubre.

Las protestas "son el punto de partida de una resistencia pacífica", dijo.

El oficialismo defendió la norma que modifica las pensiones para 17 millones de personas, entre ellas 4 millones de beneficiarios de ayuda social.

"Sacar el sistema de jubilaciones de la terapia intensiva requiere serenidad", dijo el diputado Mario Negri, de la alianza Cambiemos, acusando a la oposición de "repartir fósforos donde corre nafta".

El diputado oficialista Eduardo Amadeo acusó a la oposición de montar una "enorme campaña de falsedades".

Con esta ley "las jubilaciones van a crecer un 5% más que la inflación proyectada", aseguró Amadeo en el debate. La oposición le respondió con abucheos.

- Reforma de reformas -

El gobierno firmó un pacto fiscal con 23 de las 24 provincias, en su mayoría gobernadas por opositores peronistas, a cambio de una promesa de repartirles el dinero del ahorro fiscal.

La ley eleva la edad jubilatoria de manera optativa de los 65 a 70 años para los hombres y de los 60 a los 63 para las mujeres.

También cambiará la forma de calcular jubilaciones para bajar el déficit fiscal estimado en 5% del producto interno bruto (PIB). El recálculo le permitirá al fisco ahorrar en 2018 una quinta parte del déficit.