La sobrepoblación de internos sigue siendo uno de los más graves problemas del sistema carcelario en Colombia, frente al cual el Gobierno Nacional se ha jugado una carta inédita en el país, como es dar la posibilidad de que el sector privado entre a construir y administrar cárceles.

Con ese propósito desde el año anterior radicó un proyecto en el Congreso para reformar el Código Penitenciario y Carcelario, el cual será analizado por las comisiones primeras a partir de marzo venidero.

Sin embargo esta fórmula por el momento no es más que una expectativa, dependiendo de la suerte que pueda correr en el Congreso. La realidad es que en este momento el país requiere de por lo menos 30.000 cupos más.

En junio del año pasado, el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, le envió una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, solicitando la atención de este problema.

El senador Jesús Ignacio García, del Partido Liberal, señaló que “en primer lugar, obviamente, hay que ampliar los espacios físicos, tiene que haber construcción de cárceles. En segundo lugar yo creo que hay que revisar la política criminal en relación con los beneficios a otorgarse a la gente que tiene calidad de reclusa porque últimamente hay una tendencia a negar todos los beneficios, y de acuerdo con  la teoría de la pena en la medida que la gente se vaya resocializando pues hay que darle beneficios administrativos”.

El representante Alfonso Prada, del Partido Verde, coincidió en que hay que construir “más y buenas cárceles”. Aunque dijo que “hacer una política criminal para volver excarcelables los delitos, esa podría ser una fórmula, pero si la sociedad determinó que esos delitos tienen una pena de prisión y que debe haber cárcel para ellos, lo correcto es que el Estado debe estar en capacidad de albergar el suficiente número de presos”.