Los conflictos sociales se multiplican en Francia a raíz de anuncios de cierres de fábricas y planes de despidos, al punto que el ministro del Interior, Manuel Valls, evocó riesgos de "explosiones sociales".

"La cólera social --con las consecuencias de la crisis económica y financiera, la precariedad (social), el desempleo, los planes de despidos-- está ahí, y brama desde hace años", reconoció Valls.

En los últimos meses se sucedieron en Francia diversos anuncios de despidos, con su cortejo de huelgas y protestas, en la industria automovilística (PSA, Renault), en el gigante de los neumáticos Goodyear, en la farmacéutica Sanofi, en las tiendas Virgin, entre muchas otras empresas.

Los asalariados de la refinería Petroplus de Petit-Couronne (noroeste) esperan angustiados el martes una eventual propuesta de adquisición de su planta para evitar el cierre.

Según una encuesta de una firma de vigilancia económica, el gabinete Trendeo, publicada el martes por le diario económico Les Echos, Francia ha perdido más de mil fábricas desde 2009.

"La degradación del tejido industrial francés se aceleró de nuevo en 2012, con un aumento del ritmo de cierres del 42%"; "el año pasado, cerraron 266 fábricas de más de 10 empleados", según ese estudio.

Asalariados de varias empresas en conflicto, reunidos en la asociación Licenci'elles, llamaron a una manifestación contra los despidos "bursátiles" el 12 de febrero ante la sede de Goodyear, en la periferia de París.

Su asociación de "empresas en lucha" agrupa a empleados de firmas tan diversas como Pilpa, Bigard, Crédit Agricole, Faurecia, FNAC, Ford, Fralib, Samsonite, o Sodimedical, que reclaman una ley contra los despidos bursátiles.

El 29 de enero, se realizó ya una manifestación de empleados de diversas empresas para oponerse a "los despidos en los grupos que tienen beneficios".

"Hoy asistimos menos a movimientos sociales que a implosiones o explosiones sociales", que "hay que tratar de comprender, pero que no podemos admitir", declaró el martes el ministro del Interior.

"Podemos tratar de comprender las razones que llevan a hombres y mujeres a la desesperación", pero no podemos admitir "la destrucción de la herramienta de trabajo", dijo.

Los servicios de inteligencia de la policía francesa recibieron recientemente órdenes de seguir "de cerca" a las empresas en conflicto a fin de prever eventual "radicalización" de los movimientos sociales.

Una nota transmitida a los directores departamentales de seguridad pública el 30 de enero señala los "riesgos de incidentes" y de "amenazas contra la herramienta de producción en caso de radicalización" de un conflicto.

Bernard Thibault, secretario general de la central sindical CGT, manifestó el martes su preocupación por la presencia de fuerzas de la policía en las plantas industriales en las que hay conflictos sociales, e instó a "evitarlas".

Para que "las relaciones sociales no sean tensas sistemáticamente", el sindicalista exhortó a "evitar la presencia policial que podría ser vivida en ciertas situaciones como una provocación".

Esa presencia policial "termina por ser sentida como una protección a priori de los empleadores, como si los asalariados fueran sistemáticamente delincuentes", estimó.

Evocando "ciertos comentarios exteriores que se preocupan por el cariz que pueden tomar ciertos conflictos sociales", Thibault afirmó que "hay que darse cuenta de que no se puede seguir teniendo varios millones de ciudadanos excluidos del trabajo y que eso ocurra con la mayor discreción en medio del mayor silencio".

"El mejor medio de no tener explosiones o tensión sociales es responder de manera adecuada a los problemas de la sociedad francesa" y "no seguir aumentando la precariedad de los asalariados", dijo.