Las autoridades de Colombia no han hecho avances reales en hacer que comparezcan ante la justicia los responsables de crímenes sexuales relacionados con el conflicto, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. 

El informe, titulado Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos en el conflicto: Informe de seguimiento, examina las medidas adoptadas por las autoridades en el último año para garantizar que responden ante la justicia los presuntos responsables penales de actos de violencia sexual cometidos en el largo conflicto armado que afecta al país. 

“Al no investigar efectivamente la violencia sexual contra la mujer, las autoridades de Colombia transmiten a los perpetradores el peligroso mensaje de que pueden seguir violando y cometiendo abusos sexuales sin temor a las consecuencias”, declaró Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional. 

 

Farc

 

Para Pollack, “el respeto a los derechos humanos debe ocupar el primer lugar del orden del día de las próximas conversaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Sin un compromiso claro de todas las partes del conflicto para poner fin a la violencia sexual y a otros abusos contra los derechos humanos no puede haber una paz duradera y estable en Colombia”

En el contexto del conflicto armado de Colombia, las mujeres son escogidas como víctimas de violencia sexual para sembrar el terror en las comunidades y obligarlas a huir de sus tierras, vengarse del enemigo, controlar los derechos sexuales y reproductivos de las combatientes o explotar a mujeres y niñas como esclavas sexuales. 

Un número cada vez mayor de defensoras de derechos humanos que trabajan para denunciar los abusos y combatirlos es, a su vez, objeto de amenazas y ataques. 

La violencia sexual, sobre todo en el contexto del conflicto, no se suele denunciar a las autoridades, pues las mujeres suelen sentirse demasiado atemorizadas para hablar, temen la estigmatización que conlleva ser una sobreviviente de la violencia sexual o creen que el delito no será investigado efectivamente. 

Los obstáculos para obtener justicia incluyen la ausencia de seguridad efectiva para las sobrevivientes y para quienes intervienen en las actuaciones judiciales, la discriminación y estigmatización de las sobrevivientes por las autoridades judiciales, y la inexistencia de una estrategia integral para combatir la impunidad en estos casos. Las deficiencias burocráticas, la falta de fondos y la infiltración de grupos armados ilegales en las instituciones estatales locales también obstruyen la capacidad del sistema de justicia civil para hacer justicia. 

“El problema en Colombia no es principalmente la ausencia de leyes, resoluciones, decretos, protocolos y directivas relativamente buenos, que existen y en gran número, sino que no se aplican de forma efectiva y sistemática en todo el país”, añadió Pollack. 

Varias autoridades de alto nivel —como el vicepresidente Angelino Garzón y el Fiscal General de la Nación— han expresado públicamente su compromiso con que se haga justicia para las sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto. 

 

Congreso

 

También se han presentado varias iniciativas legislativas durante el pasado año que, de ser aplicadas efectivamente, podrían tener un impacto positivo en el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 

Este mismo año, los legisladores Iván Cepeda y Ángela María Robledo, del Polo Democrático y el Partido Verde, respectivamente, con el apoyo de Pilar Rueda, defensora delegada para los Derechos de la Mujer, la Niñez y la Juventud del Defensor del Pueblo, presentaron un proyecto de ley ante el Congreso para combatir la impunidad en los casos de crímenes sexuales relacionados con el conflicto (ver recuadro). 

De ser aprobada, esta ley, entre otras cosas, modificaría el Código Penal para reflejar las normas internacionales y tipificar la violencia sexual relacionada con el conflicto como delito específico en la legislación nacional. 

Sin embargo, también hay varios proyectos legislativos que podrían debilitar las medidas que se adopten para hacer que respondan ante la justicia los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional. 

Uno de los proyectos de ley que debate actualmente el Congreso reforzará el papel del sistema de justicia militar en la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de derecho internacional en los que estén implicados miembros de las fuerzas de seguridad. Aunque el proyecto establece que los delitos sexuales relacionados con el conflicto quedan excluidos de la jurisdicción militar, confiere al sistema de justicia militar un mayor control sobre la fase inicial y, por tanto, crucial, de la investigación. 

Otra iniciativa legislativa, conocida como Marco Legal para la Paz, fue aprobada por el Congreso en junio de 2012 y promulgada por el presidente Santos poco después. La ley podría permitir que los autores de abusos contra los derechos humanos, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad, se beneficien de amnistías de facto. Además, conferirá al Congreso la facultad de suspender el cumplimiento de las penas de prisión impuestas a miembros de las partes en conflicto, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad. 

“El único modo de acabar con la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en Colombia es garantizando que los presuntos responsables penales comparezcan ante la justicia”, añadió Pollack. 

“Si Colombia sigue sin poder hacer que los responsables de crímenes sexuales relacionados con el conflicto respondan ante la justicia de sus actos, o no está realmente dispuesta a hacerlo, podría ser necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional”, advirtió.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Colombia que elaboren y apliquen un plan de acción efectivo, integral e interdisciplinario para abordar la violencia sexual contra la mujer y que apoyen el proyecto de ley “para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado” que actualmente debate el Congreso.

 

 

“El respeto a los derechos humanos debe ocupar el primer lugar del orden del día de las próximas conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc”: Marcelo Pollack

 

Datos y cifras

 

Abusos

En el curso del largo conflicto armado de Colombia, millones de civiles han sido víctimas de desplazamiento forzoso, homicidios ilegítimos, torturas, desapariciones o secuestros, así como de abusos sexuales a manos de todas las partes del conflicto.

Más de 259.000 personas se han visto obligadas a huir de sus casas, en gran medida como consecuencia de las hostilidades.

Más de 305 civiles han sido secuestrados o tomados como rehenes, sobre todo por grupos de delincuentes comunes, pero también por guerrilleros.

111 indígenas, 45 defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios, y al menos 29 miembros de sindicatos han perdido la vida violentamente.

Según informes, las fuerzas de seguridad realizaron al menos 38 ejecuciones extrajudiciales.

Las minas terrestres, sembradas en su mayor parte por grupos guerrilleros, fueron responsables de la muerte de 20 civiles y de 49 miembros de las fuerzas de seguridad.

Los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario rara vez son investigados efectivamente, y sus responsables casi nunca responden ante la justicia.

 

Mujeres

 

El desplazamiento forzoso, que ha afectado a millones de personas en el curso del conflicto armado, tiene un impacto desproporcionado en las mujeres.

La ausencia generalizada de denuncias, sobre todo en casos relacionados con el conflicto, unida al hecho de que las instituciones del Estado no reúnen unas estadísticas precisas, dificultan evaluar el alcance de estos crímenes. Los datos más fiables disponibles, pese a que subestiman la escala del problema, son los recabados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El Instituto realizó en 2011 un total de 22.597 exámenes en presuntos casos de violencia sexual, aunque en sólo 72 de ellos se identificó como combatientes a los presuntos autores.

 

Blanca Nubia Díaz

 

La activista por los derechos humanos Blanca Nubia Díaz busca justicia para su hija, Irina del Carmen Villero Díaz, desde que la adolescente indígena de 15 años fue violada y asesinada por unos paramilitares que trabajaban con las fuerzas de seguridad, en mayo de 2001, en la zona de Cuestecitas del municipio de Albania, departamento de La Guajira.

Blanca Nubia logró establecer el paradero del cuerpo de su hija, pero tuvo que marcharse de La Guajira tras las amenazas de los paramilitares. En 2010 logró reclamar por fin los restos, y en agosto de ese año se hizo el entierro según el ritual wayúu.

La investigación penal sobre la violación, tortura y asesinato de su hija apenas ha avanzado.

Muchos testigos tienen demasiado miedo para declarar.

Ella misma ha recibido reiteradas amenazas de muerte a causa de su labor.

Blanca denunció la violación y el asesinato de su hija a la oficina local de la Fiscalía General de la Nación de Maicao, departamento de La Guajira, pero no hubo avances en el caso. Sin embargo, la investigación fue trasladada a la Unidad de Derechos Humanos de Bogotá tras figurar entre los 183 casos incluidos por la Corte Constitucional en su Auto 092.

Blanca Nubia Díaz y su familia han recibido amenazas en reiteradas ocasiones. El 28 de julio de 2011, dos hombres pararon a su nieto en Bogotá y le dijeron: “Nosotros conocemos a su mamá, y sabemos de su abuelita Blanca Nubia, qué hace y con quiénes anda.”

 

Proyecto de ley

 

Desde hace semanas está agendada para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara la iniciativa que busca tipificar la violencia sexual dentro del conflicto armado como crimen de lesa humanidad en los casos que así lo ameriten, es uno de los puntos clave de un proyecto de ley radicado ayer en el Congreso.

Se trata del proyecto de ley número 037 de 2012 Cámara, “por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”.

Desde el 28 de agosto está radicado el informe positivo con modificaciones elaborado por el grupo de ponentes coordinado por los representantes Victoria Eugenia Vargas, del Partido Liberal, y Alfredo Bocanegra, del Partido Conservador.

Sin embargo, el articulado no avanzó en el tiempo en que la agenda del Gobierno brilló por su ausencia. Ahora que dicha agenda comenzó a llegar al Congreso, la posibilidad de que se debata tiende a cero.

Además de los representantes Robledo y Cepeda, la iniciativa está respaldada por amplio grupo de legisladores de ambas cámaras: Guillermo Rivera y Nancy Denise Castillo, del Partido Liberal; John Sudarsky, Alfonso Prada, Jorge Eduardo Londoño, Félix Valera, Iván Name y Carlos Andrés Amaya, del Partido Verde; Germán Navas, Hernando Hernández, Alba Luz Pinilla, Jorge Enrique Robledo, Wilson Arias, Gloria Inés Ramírez, Mauricio Ospina, Alexander López y Parmenio Cuellar, del Polo Democrático; Luis Carlos Avellaneda, elegido con aval del Polo pero afín al movimiento Progresistas; Gloria Stella Díaz, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA); y Juan Valdés, de la Alianza Social Independiente (ASI).

“La violación y la violencia sexual sistemática contra las mujeres se han constituido en una táctica explícita y sistemática de guerra dentro del conflicto armado colombiano. Una forma de ‘calmar’ a las tropas, de ‘premiarlas’; pero también una práctica para humillar al enemigo y convertir a las mujeres en botín de guerra”, afirmó Robledo.

Cepeda anunció que “la iniciativa propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de casos de violencia sexual, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas en cuanto a su libertad, formación e integridad sexuales”.

 

Aguja en el pajar

 

En enero el extraditado narcotraficante Miguel Ángel Mejía, alias Pablo Arauca o el Mellizo, admitió haber esclavizado y prostituido a menores de edad mientras fungió como jefe paramilitar.

Mejía respondió así a la imputación de Janeth Niño, fiscal 22 de Justicia y Paz ante el Tribunal Superior de Bogotá, siendo la primera ocasión en la que la Fiscalía formula cargos por violencia sexual dentro del conflicto armado. La imputación cobija también a otros 9 desmovilizados del bloque Vencedores de Arauca, cuyo comandante era Mejía.

 

Compromiso sin concretar

 

En noviembre de 2011, con motivo del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “quien agrede a una mujer nos agrede a todos, agrede el sentido de la dignidad humana, agrede la estructura de la familia, daña un miembro fundamental de la sociedad, a su capacidad de crecer, a su capacidad de aportar, de sembrar prosperidad”.

“Este es un compromiso formal, un compromiso radical, porque quien agrede a una mujer asesina el futuro”, agregó.

Pero, precisamente, el clamor de las organizaciones de mujeres es que ese compromiso se concrete.

Por ejemplo, las organizaciones que hacen parte de la campaña “Violaciones y otras violencias: Saquen Mi Cuerpo de la Guerra”, han manifestado la necesidad de que se adopten medidas urgentes y efectivas para prevenir y eliminar la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado.